La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio a conocer a la opinión pública su estrategia sobre la priorización dentro del Caso 03, conocido como “Falsos Positivos”. Dentro de su comunicado precisa que son al menos 6.402 víctimas de asesinato presentadas como “muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”.
De esta forma, continúa el papel histórico del Tribunal Especial en uno de los capítulos más crueles de la historia colombiana que tuvo ocurrencia en los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, el 78% del total de la victimización histórica se concentran cuando el país se encontraba bajo la bandera de la Seguridad Democrática de Uribe.
Madres de Víctimas de Falsos Positivos (MAFAPO) señalaron en su cuenta de Twitter, frente esta decisión señaló que este es el momento para que digan la verdad personas como los exministros de Defensa de la era Uribe; Camilo Ospina y Juan Manuel Santos. El excomandante del Ejército Nacional General Mario Montoya y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Hoy resuenan palabras dichas por el entonces presidente de la República, Uribe, el 8 de octubre de 2008: “los jóvenes desaparecidos de Soacha que fueron dados de baja en combate no fueron a recoger café; iban con propósitos delincuenciales”.
Por su parte, León Valencia, director de Pares sobre el tema de los ‘Falsos Positivos’ ha señalado que «Los coletazos pueden seguir si el uribismo y el gobierno siguen cerrando los ojos ante las nuevas realidades del país, y se empeñan en volver atrás la rueda de la historia. Tienen que entender que, lo que ayer les dio resultado, ahora es un enorme lastre que puede sepultar una administración que prometía mirar hacia adelante y construir una nueva agenda para Colombia.«
Con el comunicado de la JEP se devela el insuficiente registro del que hablaba la Fiscalía General de la Nación a través de su informe en el que señalaba que eran 2.248 víctimas. De acuerdo con la JEP, como también, lo han señalado organizaciones de víctimas; el universo de víctimas puede ser mayor.
Frente a esta situación lo expresado en el comunicado 019 de 2021 del 18 de febrero señala:
“Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.”
Además, puntualizó que las fuentes coinciden “en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.”
Acá les presentamos de qué va la primera fase de investigación del Caso 03 bajo el nombre de ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’. De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad la investigación va “de abajo hacia arriba”. Es decir, que “primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional.»
Precedentes
Cabe señalar que el Caso 03 fue abierto por la JEP el pasado 23 de julio de 2018 ha estudiado los hechos victimizantes ocurridos entre 1984 y 2014. En este, según la JEP, se identificado más de 2.000 comparecientes presuntamente responsables de los hechos. Además del informe entregado por la Fiscalía la JEP ha recibido más de 20 informes de organizaciones sociales y de víctimas como los de Madres de Víctimas de Falsos Positivos (MAFAPO), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, la Corporación Jurídica Yira Castro, La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), entre otras.
Asimismo, la JEP dio a conocer que bajo el Caso 03 hay seis (6) subcasos en los departamentos Meta, Casanare, Huila, Norte de Santander, Costa Caribe, Antioquia.
Los batallones implicados
Meta: el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas» (BIVAR) presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en este periodo.
Casanare: la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. Con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 100.000 habitantes, se pudo determinar que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes.
En esta zona la JEP priorizará la investigación por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Brigada XVI.
Huila: la Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso.
De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total de las muertes, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1% del total presentado.
Norte de Santander: Dentro de la información con la que cuenta la JEP, se tiene conocimiento de 420 víctimas reportadas en el período 1985-2016. Norte de Santander ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008.
La mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo. La Segunda División, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentran cerca del 60% de los casos. Con base en este panorama cuantitativo, la JEP decidió concentrarse en el esclarecimiento detallado de los casos que ocurrieron entre 2007 y 2008 en El Catatumbo. Allí la JEP ha identificado por lo menos dos patrones representativos del Caso 03.
Costa Caribe: El 7,3% del universo de víctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país. La Guajira reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un 4%.
La Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa».
Antioquia: registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El año de mayor victimización de la región fue 2004. La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013.
Se priorizarán los hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño. Uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la fuerza pública, de distinto rango. La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados.
