Desde la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal SUE, hacemos pública la preocupación por la escalada de violencia y la crisis humanitaria que se vive en varias regiones del país. A partir del 24 de noviembre de 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz han sido asesinados 303 excombatientes de FARC. Entre enero de 2021 y enero de 2022, fueron asesinados 46 firmantes del Acuerdo de Paz; a esta ola de violencia se suman188 líderes defensores de derechos humanos y, 96 masacres con un registro de 388 muertos.
A lo cual se agregan los crecientes hechos de desaparición forzada, reclutamiento de menores, desplazamiento obligado y confinamiento a comunidades de diferentes regiones del territorio nacional. Por la gravedad de estos hechos, la Corte Constitucional, el pasado 27 de enero aprobó la Sentencia SU-020/22, mediante la cual declaró un estado de cosas inconstitucionales con las personas que firmaron la paz.
Esta Sentencia ordena al Gobierno adoptar “las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas”. También dispone el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, crear en un plazo de tres meses, una sala especial de seguimiento para asegurar que el Gobierno cumpla las órdenes emitidas.
Esta decisión histórica de la Corte coincide con lo expresado por el secretario general de las Naciones Unidas en su informe del pasado 20 de enero donde relata, que el Acuerdo de Paz está en riesgo por el asesinato sistemático de excombatientes de FARC y líderes sociales.
De igual manera, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en un comunicado del 28 de enero “reiteraron su preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra exmiembros de la mencionada organización, quienes dejaron las armas para participar en el proceso de paz; del mismo modo, contra líderes comunitarios y sociales, mujeres y comunidades indígenas y afrocolombianas”.
En este sentido, la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal propone: pedir a los actores armados respetar las comunidades, las organizaciones sociales y sus territorios. Frenar la ola de atentados violatorios del Derecho Internacional Humanitario; en particular, invitamos a los grupos insurgentes que demandan espacios para la negociación política, a mostrar su disposición efectiva a un alto al fuego. Solicitamos al Gobierno un mayor diálogo con las comunidades y profundizar la implementación del Acuerdo de Paz.
Respaldamos el llamado de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz OEA en Colombia; con el fin de promover un diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional -ELN, que permita avanzar hacia una paz completa.
Convocamos, a los partidos y organizaciones políticas para que en las campañas electorales en curso se sumen a estas urgentes solicitudes. Finalmente, ratificamos la importancia del diálogo y la necesidad de fortalecer la paz, como un bien supremo de la sociedad.
