Gadir Gómez, mánager de Ana Del Castillo, dijo a diario El Tiempo, que un particular, cuyo nombre no reveló, fue la persona que contrató los servicios de la cantante vallenata y la esperó en la puerta de La Picota, hasta conducirla al patio de los extraditable, donde a finales del mes pasado se celebró una parranda en la que también participaron los artistas Mono Zabaleta y Churo Díaz.
“Cuando llegamos, encontramos unos formatos, nos registramos y ahí estaba la lista de los cantantes que iban a asistir y no son todos vallenatos”, manifestó el representante.
Aunque es probable que esa información se conozca durante la investigación que adelanta el Ministerio Público, Gómez no dijo cuánto dinero recibió por la presentación de Ana Del Castillo ni cómo les consignaron. Asimismo, aseguró que ni él ni la cantante ingresaron a La Picota con el alcohol o la comida que se vieron en los videos de la celebración. “El alcohol y la comida ya estaban adentro, no ingresó con nosotros. Fuimos a una celebración que es de conocimiento público… Cualquier cantante es libre de asistir en donde le paguen”, puntualizó.
Cuando el mismo medio de comunicación contactó a los representantes de los otros artistas vallenatos que citó la Procuraduría, se negaron a dar declaraciones bajo los argumentos de que “es un tema cerrado” y “no se ha recibido la notificación”.
Cabe recordar que, según la notificación del Ministerio Público, también serán tenidos en cuenta los testimonios de cinco reclusos del mismo pabellón, quienes tendrían mayor información de las irregularidades que ya ocurrían en el lugar antes de la escandalosa fiesta de tres días, celebrada en honor a la Virgen de las Mercedes —considerada la patrona de los reclusos y a quien se conmemora con eventos especiales en los centros penitenciarios—.
La Procuraduría también abrió una investigación preliminar contra los funcionarios y guardianes del Inpec a cargo de ese pabellón. “Con ocasión a los hechos acaecidos en la cárcel La Picota de Bogotá la Procuraduría General de la Nación realizó la apertura de una indagación disciplinaria con el fin de establecer la responsabilidad de los funcionarios públicos que tenían a su cargo la custodia y vigilancia del establecimiento para la fecha y hora de los hechos”, precisó el procurador Javier Augusto Sarmiento.
