Otra vez, en la audiencia en la que se esperaba que alias ‘Otoniel’ declarara en el marco del macrocaso 04, sobre la situación de violencia en el Urabá, se presentó una interrupción por parte de miembros uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), de la Policía. Dichos integrantes de la fuerza pública solicitaron estar presentes y además se negaron a dejar cerrada la puerta del recinto, requisito necesario para proteger la reserva del testimonio que ‘Otoniel’ entregaría. “Incluso, según lo conocido por La W, aunque en al menos dos ocasiones los asistentes a la audiencia cerraron la puerta, los policías la reabrieron indicando que era una orden mantenerla abierta, entre ellos un mayor quien ingresó al recinto a indicarle a la magistrada (visiblemente molesta por esas interrupciones) que debía mantenerse en ese estado”, se conoció a través de La W.
Tras esto, desde el alto tribunal y a través de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP se decidió suspender el trámite, argumentando que no contaban con garantías judiciales. Así, se está a la espera de una nueva fecha y de que se establezcan las condiciones de la diligencia que permitan que las declaraciones se den en normalidad y garantías.
Según informó Blu Radio, la JEP abriría un incidente de desacato contra el director de la Dijin, el mayor general Fernando Murillo, y contra los policías que irrumpieron en esta diligencia. “El incumplimiento de esta orden puede llevar al arresto de los uniformados por algunos días y si su jefe lo considera, en este caso el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, podrá apartarlos del cargo”, se lee en el medio de comunicación.
Siguiendo esto, vale la pena recordar que el pasado 09 de marzo la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP canceló una audiencia en la que se esperaba que el implicado hablara sobre los falsos positivos en Casanare y los Llanos Orientales y diera información sobre la participación en estos hechos de los entonces comandantes de la Brigada XVI del Ejército en Casanare, los generales Leonardo Barrera y Henry Torres Escalante. Sin embargo, cuatro policías no salieron de la sala, argumentando que por temas de seguridad no lo podían hacer, incluso cuando se les advirtió que su presencia vulneraba la confidencialidad de la diligencia.
A mediados de febrero otra audiencia de Otoniel fue cancelada, pero en esa ocasión era ante la Comisión de la Verdad, organismo ante el que también está dando sus versiones como actor del conflicto armado. En ese momento, la Policía Nacional fue la que tomó la decisión alegando que había una sospecha de un supuesto intento de fuga. «Fuentes humanas e información de inteligencia recolectada (…) han advertido con solidez acerca de los planes del Clan del Golfo, el grupo que lideraba ‘Otoniel’, «para propiciar su liberación, por lo que tomó esa decisión”, se aseveraba. Adicionalmente, el 19 de febrero la Comisión de la Verdad denunció que personas sin identificar habían ingresado a la vivienda de Eduardo Andrés Celis Rodríguez, investigador de la Comisión, robando dos grabadoras y un computador. El hecho sucedió tras una entrevista con alias ‘Otoniel’.
Hay que recordar que Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, era el jefe del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —denominado por la fuerza pública como Clan del Golfo— y fue capturado el pasado 23 de octubre de 2021, en el marco de la operación ‘Osiris’, una acción que se sumó a los operativos realizados en el marco de la operación “Agamenón II». Además, ‘Otoniel’ era el hombre más buscado del país, de hecho, el Gobierno colombiano ofrecía hasta 3 mil millones de pesos por información que llevara a su captura, mientras que el Gobierno de los Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares.
Como se informaba desde la Fundación Paz & Reconciliación: «El dosier de ‘Otoniel’ estaba lleno de desplazamientos forzados, asesinatos, masacres, violencia sexual y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Tenía circular roja de la Interpol, más de un centenar de órdenes de captura en Colombia, y se encontraba en la lista de las personas más buscadas por la DEA. En octubre de 2018, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, incluyó a las AGC – Clan del Golfo en la lista de las principales organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para aquel país. En la lista también se encontraban los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, así como el grupo terrorista Hezbolá del Líbano».
Además, y «luego de 2 años de investigación y una extensa triangulación de información por medio de diversas fuentes en territorio, de inteligencia e instituciones, Pares logró establecer que el centro de operaciones de ‘Otoniel’ se encontraba en el departamento de Córdoba, específicamente en la subregión del sur de este departamento. Allí confluyen 5 municipios: Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia y San José de Uré. Estas entidades territoriales se ubican en la frontera con el Bajo Cauca antioqueño. Ambas subregiones se encuentran separadas por el Parque Nacional Natural Paramillo».
Por otra parte, ante la JEP, ‘Otoniel’ insistió en varias oportunidades en que su supuesta captura no fue una operación de inteligencia, como comunicó el Gobierno, sino que él se entregó de manera voluntaria . “Yo fui hasta donde la tropa del Ejército, yo llegué solo porque quería arreglar mis problemas. (…) Me acerqué a un cabo y le dije: «Yo soy el que están buscando». Me amarraron las manos con una pañoleta, pero no me maltrataron ni nada. Incluso me dieron agua. Yo me quité la camisa porque quería mostrar que no tenía nada, que no estaba armado”, aseguró ‘Otoniel’.
Por otra parte, hay que recordar que febrero de este año El Tiempo conoció una carta, enviada a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en la que la defensa del Otoniel solicitó su acogimiento a la JEP «en calidad de tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y promotor y financiador de grupos paramilitares», mencionando que él conoce información sobre miembros de las Fuerzas Militares y el desaparecido DAS implicados en hechos de violencia en el marco del conflicto. Este proceso ha estado en cuestión, pues hay que recordar que según la Ley 1957 de 2019, la competencia de la jurisdicción comprende las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, fecha después de la cual ‘Otoniel’ siguió delinquiendo. Mientras tanto la justicia ordinaria corre para lograr extraditarlo, lo que estancaría todo lo que él podría aportar al esclarecimiento de los hechos del conflicto armado, sobre todo a lo que se refiere a los terceros que financiaron grupos paramilitares y ordenaron acciones.
Ahora bien, las acciones recientes también retrasan la comparecencia de Otoniel, más aún cuando su tiempo en Colombia está en veremos, por lo que se espera que se aclaren las garantías que tendrán los magistrados en su trabajo, y, asimismo, que el alto tribunal establezca la próxima fecha de la audiencia.
