En medio de una creciente preocupación por la seguridad de los pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, el defensor del Pueblo de Magdalena, Ricardo Salinas, hizo un llamado urgente a las autoridades para garantizar la protección de estas comunidades, las cuales han denunciado amenazas contra sus líderes.
A través de un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo exhortó a las entidades competentes a implementar medidas de prevención y protección para salvaguardar los derechos individuales y colectivos de estos grupos étnicos. «Los riesgos advertidos en la reunión fueron, puntualmente, amenazas de muerte a miembros de estos pueblos por parte de organizaciones al margen de la ley», señala el documento.
En el marco de una mesa de seguridad convocada por los cabildos arhuacos del Magdalena y La Guajira, la Defensoría del Pueblo participó en el análisis de riesgo y reiteró la necesidad de adoptar medidas urgentes en materia de protección. Durante el encuentro, en el que estuvieron presentes representantes de la institucionalidad local y departamental, se expusieron las amenazas que afectan la integridad de los pueblos indígenas y su derecho a la vida.
«Es fundamental fortalecer los canales institucionales, la articulación interinstitucional y el monitoreo del territorio para brindar una respuesta efectiva ante los riesgos que enfrentan las comunidades indígenas de la Sierra Nevada», enfatizó la Defensoría del Pueblo. Las autoridades indígenas han denunciado que la presencia de grupos armados ilegales ha generado un ambiente de zozobra en la región, poniendo en peligro sus formas de vida y gobierno ancestral. Ante este panorama, la Defensoría insiste en la necesidad de brindar garantías y medidas de protección inmediatas para evitar hechos lamentables.
La Sierra Nevada de Santa Marta, considerada un territorio sagrado por los pueblos indígenas que la habitan, ha sido históricamente un escenario de disputas entre actores armados ilegales, lo que ha derivado en una constante vulneración de los derechos humanos de sus habitantes. Las comunidades indígenas del Magdalena y La Guajira han solicitado mayor presencia del Estado y acciones concretas que permitan frenar las amenazas en su contra. La Defensoría del Pueblo reiteró su disposición para seguir acompañando estos procesos y garantizar la seguridad y el bienestar de estas comunidades ancestrales.
