El Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos en Antioquia denuncia la forma en que el Defensor Regional del Pueblo Jhon Jaime Zapata viene ocultando la realidad y descalificando las alertas que realizamos sobre la situación de líderes y defensores en el departamento.
Ayer jueves 1 de noviembre, en una reunión realizada en las instalaciones de la Alcaldía de Medellín, desde nuestra organización rechazamos el homicidio del líder comunitario Eladio de Jesús Posso Espinosas y le reclamamos al Defensor Regional del Pueblo por la falta de pronunciamiento y de acciones de la Defensoría del Pueblo por la grave situación de líderes/as y Defensores/as en el departamento, pero en especial por la situación de esta población en la subregión del Bajo Cauca.
A este reclamo el Defensor Regional responde que nosotros estábamos realizando falsas denuncias y que el motivo de nuestro reclamo era que él no estaba de acuerdo con la veracidad de dichas alertas, aseveraciones bastante preocupantes sobre una problemática que este año en nuestro departamento cuenta con las lamentables cifras de 29 homicidios, más de 120 amenazas y más de 233 agresiones contra esta población.
Esta respuesta de parte del Defensor Regional del Pueblo en nuestro departamento la asumimos como un ataque a la labor que el Proceso Social de Garantías viene realizando en el departamento, buscando acciones eficaces de parte de la institucionalidad para que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos no siga siendo objeto de agresiones.
Cada año presentamos como mínimo 2 informes sobre sobre la situación de defensores/as e innumerables comunicados, denuncias y alertas sobre las diferentes agresiones, a esto se le suma la interlocución permanente que sostenemos con todas las instituciones del Estado, cada información consignada en estos documentos y mecanismos está debidamente sustentada y verificada y no vamos a permitir que un funcionario que pretende ocultar la situación de lo que pasa en nuestro territorio nos descalifique.
A esto se le suma las decisiones administrativas tomadas por el señor Jhon Jaime Zapata para trasladar a los defensores comunitarios y ocultar la realidad de los territorios, como ocurrió con la Defensora Comunitaria Carmen Cristina Anaya en la subregión del Bajo Cauca, que desde que fue trasladada de este territorio la Defensoría del Pueblo dejó de jugar el importante papel de acompañar, denunciar y solicitar acción por parte de las diferentes instituciones del Estado, claramente sacaron de este territorio a la única funcionaria que cumplía con su deber y le era incómoda al resto de las instituciones porque cumplía objetivamente con sus funciones, además desde que trasladaron a la Defensora Comunitaria del Norte Aura Milena Upegui, no se ha nombrado el remplazo para este territorio.
Llama la atención estas dos decisiones administrativas en las dos subregiones que hoy tienen la situación más crítica en nuestro departamento, una grave crisis humanitaria que este año concentra varios desplazamientos masivos, aumento por encima de 100% en el índice de homicidios, las cifras más elevadas de afectaciones a líderes/as y defensores de DDHH, la presencia de grupos paramilitares, ELN y disidencias de las FARC, varios procesos disciplinarios e investigaciones penales en contra de Alcaldes y otros funcionarios público y la crisis social generada por el Megaproyecto Hidro-Ituango, estos dos movimientos “meramente administrativos” causaron el efecto evidente de ocultar la realidad de lo sucedido en estos territorios.
Solicitamos:
1) Al Defensor Regional del Pueblo Jhon Jaime Zapata cuantas y cuales denuncias y pronunciamientos del Proceso Social de Garantías ha recibido, que trámite se ha realizado con estas, cual es el estado, y cuáles de éstas son falsas.
2) Al Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera aclarar si las aseveraciones realizadas por el señor Jhon Jaime Zapata tachando de falsas las denuncias realizadas por el Proceso Social de Garantías, hacen parte de una postura oficial de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, de lo contrario exigimos se tomen los correctivos.
3) Valoramos la labor que cumple el Sistema de Alertas Tempranas, pero exigimos de parte de la Defensoría del Pueblo como Institución que cumpla con las demás funciones en nuestro departamento, en particular las acciones en pro de la protección de los líderes/as y defensores/as de ddhh.
