Redacción: Maye Rodríguez
Para seis municipios de los departamentos de Magdalena y el Cesar, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 012 de 2021, a través de la cual se advierte riesgo por la presencia y accionar de actores armados ilegales como el Clan del Golfo y Los Urabeños en los municipios de El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista en Magdalena.
De la misma forma, en Tamalameque, Chimichagua y Astrea (Cesar), se advierte riesgo por la presencia esporádica del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos de delincuencia común y Los Rastrojos, principalmente.
La ubicación de estos seis municipios tiene una importancia estratégica por tres razones: Es el comienzo del Bajo Magdalena, el punto de confluencia entre el Magdalena Medio y el litoral Caribe, y por tanto un punto clave para las economías ilegales de narcotráfico y tráfico ilegal de oro. El complejo sistema de ríos, caños y ciénagas ribereñas de esta región es ideal para el transporte clandestino de mercancías ilegales.
Estos sistemas hídricos funcionan como costa interior de la región Caribe, zona de retaguardia y repliegue para las estructuras armadas. Además, por su cercanía a la frontera venezolana también hay presencia de economías ilegales asociadas al contrabando de gasolina, armas y tráfico y trata de personas.
En estos sectores se encuentra una arquitectura altamente sofisticada dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, y dispositivos de coerción responsables de garantizar entornos para el narcotráfico. Allí se halla una amplia y dispersa red de bandas criminales que terminan instrumentalizadas en función de los intereses de quienes controlan las economías ilegales asociadas al narcotráfico.
Se ha observado, sobre todo en los 3 municipios cesarenses, acciones de Los Rastrojos encaminadas a reclutar hombres con experiencia militar para trasladarlos a la zona de frontera de Norte de Santander con Venezuela.
La Alerta Temprana advierte riesgo de ocurrencia de homicidios, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta a la población civil, constreñimiento, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, violencia sexual y basada en género, tráfico de personas con fines de explotación sexual, atentados y reclutamiento forzado de personas con experiencia militar.
La Defensoría advierte que entre la población en riesgo se encuentran, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, población víctima del conflicto, comunidades étnicas (afrodescendientes e indígenas del pueblo Ette Ennaka), campesinos, migrantes venezolanos y población socialmente estigmatizada (consumidores de droga, personas que realizan actividades sexuales en contextos de prostitución).
