Redacción: laregional.net-
La situación de zozobra e incertidumbre que durante los últimos días se ha estado viviendo en la zona rural del municipio de Pueblo, Cesar, ante la presunta incursión de grupos armados ilegales, ha sido calificada de alto riesgo por la Defensoría del Pueblo, entidad que ha solicitado a la Gobernación del Cesar activar acciones urgentes de protección para la sociedad civil.
A través de una misiva, firmada por Ricardo Arias Macias, delegado para la Prevención, Riesgos y Violaciones de la Defensoría del Pueblo, dejan claro que esta situación ha generado un número importante de afectaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, tales como amenazas, reclutamiento forzado, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, imposición de normas de conducta y pautas de comportamiento.
Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo, recomienda la activación urgente del principio de complementariedad y corresponsabilidad de la Gobernación del Cesar y de las autoridades nacionales en el marco de la legislación pertinente, en especial lo dispuesto en la Ley 387 de 1997, 1448 de 2011 y Decreto 1084 de 2015, con el fin de que se logre la concurrencia de los entes territoriales del nivel municipal y departamental, en el marco de sus deberes institucionales para las correspondientes acciones de prevención y protección de la población civil
Adicionalmente, se requiere activar e implementar todas las actuaciones de ley en materia de prevención y protección municipal y departamental; implementar todas las actuaciones de ley correspondientes a coordinación, concurrencia y subsidiariedad con la administración municipal de Valledupar, El Copey y Pueblo Bello, para la activación de las medidas previstas en el marco de sus competencias para garantizar la prevención y protección encaminadas a mitigar la posible crisis humanitaria que actualmente se advierte en estas comunidades.
Ante esta solicitud, la Gobernación del Cesar, tiene un lapso de cinco días, para dar respuesta a la entidad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 24 de 1992
La Defensoría del Pueblo expone esta problemática, ante los riesgos sobre la población civil dada la gravedad de los hechos que se han venido presentando en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de corregimientos de Pueblo Bello, Valledupar y El Copey, debido a la presencia y accionar, cada vez más reiterada, de una estructura de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
De igual manera, la entidad ha tenido conocimiento del inminente riesgo que se ha configurado y que podría materializarse en el inmediato futuro sobre la población campesina, indígena y afrodescendiente que habita en las jurisdicciones territoriales de los corregimientos de La Mesa-Azúcarbuena, Aguasblancas, Maríangola y Villa Germania (Valledupar), Las Minas de Hiracal, La Honda, Nuevo Colón y Palmarito (Pueblo Bello) y Chimila, San Francisco, Sector 5 y Sector 6 (El Copey), así como de los resguardos Businchama y Arhuaco de la Sierra y las comunidades Ette Ennaka de Itti Takke y Diwana que se ubican en dicha región, debido a la presencia y accionar, cada vez más reiterada, de una estructura de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)/“Clan del Golfo”.
