El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, solicitó que sean determinadas responsabilidades en torno al lamentable suceso, que habría sido producto de un envenenamiento por la ingesta de un fruto silvestre en el resguardo Iroka, en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi (Cesar).
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de cinco niños indígenas del resguardo Iroka, en zona rural de Agustín Codazzi, municipio del departamento del Cesar, cuya causa de su deceso habría sido por el consumo una fruta silvestre envenenada. No obstante, requerimos el concurso de las autoridades competentes para que determinen con precisión lo ocurrido”, llama el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Para el Defensor, es determinante la actuación de la Fiscalía General de la Nación, “por lo que requerimos su pronta actuación, máxime que se trataría de integrantes de una misma familia; establecer con celeridad las circunstancias de lo sucedido es clave para garantizar los derechos a la justicia, la vida, la integridad cultural, la permanencia y pervivencia cultural del pueblo indígena, en este caso, del pueblo Yukpa”.
Los hechos reportados en el resguardo tienen un impacto individual con efectos colectivos, teniendo en cuenta que, para los yukpas, las niñas, los niños y adolescentes cumplen un rol importante en la reproducción de la cultura; por lo tanto, circunstancias como las que ahora mismo afrontan, afectan su equilibrio y armonía.
«Cabe resaltar que el pueblo indígena Yukpa, ubicado en la Serranía del Perijá, es uno de los últimos pueblos nómadas, seminómadas y agricultores itinerantes, como también, ha sido declarado en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional mediante el Auto 004 de 2009 y ratificado en el Auto 266 de 2015. Por lo cual es imperativo velar por su protección y la garantía de sus derechos», asegura Calos Camargo Assis.
Es primordial tener en cuenta la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la protección de la niñez y adolescencia del país, siempre deben estar vigilantes de posibles situaciones de riesgo en las que puedan estar, es un deber fundamental consagrado en la Constitución Política.
La Defensoría del Pueblo reiteró la solidaridad con el pueblo Yukpa y los demás pueblos indígenas con asiento en Colombia, y, en atención al cumplimiento del mandato misional, funcionarios de la entidad harán presencia en el resguardo Iroka en aras de verificar la situación de derechos humanos y promover, divulgar y, de manera especial, contribuir a la protección de sus derechos fundamentales.
