Un nuevo capítulo se conoce sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre presuntos vínculos de la empresa Drummond con el bloque norte de las AUC. Resulta que ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía dejó en firme la legalidad del informe pericial rendido por el perito del CTI Víctor Manuel Martínez Giraldo, que determinó sobrecostos en el contrato de alimentos entre Jaime Blanco Maya y la compañía minera.
La decisión se produjo luego de rechazar un recurso interpuesto por Luis Carlos Victoria Rodríguez y Ricardo Linero González, procesados por el escándalo de presunta financiación de las Autodefensas, quienes alegaban falta de imparcialidad del perito por haber conocido el testimonio de Blanco Maya y supuestos yerros en el método, los cuales no fueron desarrollados ni explicados en el alegato.
“Los soportes del dictamen emanan de la información obtenida de la propia empresa Drummond, que suministró tanto los documentos contables como los soportes y el apelante no indica en forma concreta en qué falló el profesional contador”, sentenció la Fiscalía delegada.
Además, concluyeron que el perito Martínez no tenía por qué no conocer de lo dicho por el testigo, si durante el proceso le han sido encomendadas labores investigativas, y no sólo conoció las declaraciones de Blanco, sino las de Augusto Jiménez, expresidente de Drummond y José Miguel Linares presidente actual y llamado a juicio por el proceso penal.
“En la actividad contable donde prima la matemática basada en soportes documentales, no es indicado hablar de preconceptos, lo que aquí se observa es un análisis completo de los hechos que tuvo el contador para rendir su dictamen”, indicó la Fiscalía.
Finalmente, indicaron que todas las opiniones del perito se produjeron tras analizar fríamente los números y encontrar los sobrecostos que menciona la Fiscalía, pero absteniéndose de emitir valoraciones jurídicas, asunto que le corresponde al fiscal, por lo cual no transgredió la ley ni desvalorizó la prueba y tiene el conocimiento al ser contador.
La Fiscalía 34 además dejó en firme la decisión que reconoció como parte civil en el proceso a los familiares de los sindicalistas asesinados con supuesta anuencia de ex ejecutivos de la minera, y vinculó como posible tercero responsable a Drummond dentro del expediente.
