El director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por presuntamente facturar servicios médicos sin contar con infraestructura física para prestarlos. La denuncia surge tras auditorías que evidenciaron irregularidades en la prestación de servicios de salud en diversas regiones del país.
En septiembre de 2024, ADRES ordenó suspender los pagos a 52 IPS que radicaron cuentas por más de 70 mil millones de pesos. De acuerdo con la entidad, las visitas en terreno realizadas desde 2023 demostraron que estas IPS no contaban con la infraestructura necesaria para operar. Como resultado, se les exigió a las entidades justificativos sobre su capacidad para prestar servicios de salud.
De las 52 IPS notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición, por lo que la suspensión de pagos quedó en firme, mientras que a 10 se les resolvió el recurso en contra. Otras tres se encuentran en proceso de notificación. Solo a nueve IPS se les resolvió favorablemente la suspensión de pagos, mientras que cuatro continúan en estudio por parte de la ADRES.
Las entidades investigadas se ubican principalmente en la región Caribe, con presencia en 28 municipios del Atlántico, cinco en Córdoba y uno en Magdalena. En conjunto, estas 36 IPS pretendían apropiarse ilegalmente de 79.511 millones de pesos. Gracias a nuevos controles implementados por la ADRES, incluyendo auditorías en terreno y el uso de herramientas tecnológicas para detectar anomalías, se logró frenar este desfalco al sistema de salud.
Las alarmas se encendieron en ADRES debido al incremento inusual de reclamaciones por servicios médicos supuestamente prestados a víctimas de accidentes de tránsito con vehículos sin SOAT o inexistentes. Según el informe presentado por Félix León Martínez ante la Fiscalía, esta irregularidad fue detectada mediante auditorías realizadas por tres firmas contratadas en 2024 y un equipo interno de auditoría concurrente. Además, el Grupo de Innovación y Analítica de la ADRES realizó un cruce de datos para validar la información y confirmar las inconsistencias.
La denuncia presentada por ADRES representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción en el sector salud. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y garantizar que los recursos sean utilizados para la atención real de los pacientes y no desviados a redes fraudulentas que afectan el acceso a servicios médicos en el país.
