El senador Iván Cepeda le solicitó a la Procuraduría General investigar al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por presuntas irregularidades en el nombramiento de quince funcionarios que ocupan cargos directivos en la entidad.
La queja disciplinaria fue presentada este lunes y detalla que, los nuevos defensores nombrados por Camargo no contarían con la experiencia acreditada ni los conocimientos suficientes para el ejercicio de sus funciones de defensores Regionales y Delegados
Al contrario, las personas que llegaron a la entidad han estado vinculados a escándalos de paramilitarismo y corrupción. Además, han sido denunciados por maltrato físico, psicológico y por acoso laboral, y otros pese a estar impedidos por el cargo que ocupan, continúan haciendo activismo político por el Centro Democrático.
“El defensor del Pueblo ha nombrado en el cargo a defensores Regionales y Delegados que no contarían con la experiencia acreditada ni los conocimientos suficientes para el ejercicio de sus funciones, pero que, por el contrario, sí tienen claras afiliaciones políticas con los partidos que lo ayudaron en su elección” señaló Iván Cepeda.
Para el senador del Polo Democrático, sin duda alguna Camargo ha politizado la Defensoría, por eso le pidió a la Procuraduría que investigue si para el Defensor, primó la filiación política por encima de los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos de la propia entidad en materia de nombramientos.
Por otra parte, Cepeda presentó además una denuncia en la Contraloría, en la que cuestiona la suscripción de once contratos directos de prestación de servicios sin el debido cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. El valor total de estos contratos supera los 243 millones de pesos.
“Solicité a la Contraloría ejercer vigilancia a la gestión fiscal de la Defensoría del Pueblo a través de un proceso auditor, que determine si existieron irregularidades que pudieron implicar un daño a la gestión fiscal y al patrimonio del Estado” agregó.
Pero las graves denuncias del senador del Polo no terminan ahí, pues varios funcionarios de la entidad señalan con preocupación que, al interior de la Defensoría del Pueblo, se instaló una oficina de enlace de las Fuerzas Militares con presencia permanente de miembros del Ejército.
«Esta situación podría ser una amenaza a su autonomía e independencia, y un mecanismo de coacción para quienes documentan situaciones de vulneración de derechos humanos en los que podrían participar miembros de las fuerzas militares», indica el comunicado de prensa del senador Cepeda en que se anuncian las acciones judiciales. F:C/Hora.
