Un presunto caso de corrupción ha sido denunciado en el departamento del Magdalena, donde se investiga la existencia de un supuesto cartel que habría expedido más de 400 certificaciones de pensión anticipada de manera fraudulenta. Estas certificaciones habrían sido otorgadas a personas que nunca residieron en el municipio de Remolino y que pretendían acceder a una pensión a edad temprana.
El alcalde de Remolino, José David Escorcia, fue quien dio a conocer la situación en diálogo con Caracol Radio. Según sus declaraciones, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría serán las entidades encargadas de investigar los delitos presuntamente cometidos, entre los que se encuentran concierto para delinquir, falsedad material en documento público, usurpación de funciones públicas, estafa, acceso abusivo a un sistema informático y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación.
Escorcia explicó que las certificaciones de tiempo laboral son expedidas por cada ente territorial para aquellas personas que han trabajado en la administración en algún momento, siendo este un documento fundamental para el acceso a una pensión de vejez.
El mandatario detalló que se habrían expedido más de 400 de estos certificados de forma irregular. Según información allegada a la Alcaldía y puesta en manos de las autoridades, el costo de estos documentos fraudulentos ascendía a aproximadamente veinte millones de pesos ($20.000.000). Se habría falsificado información como salarios devengados, cargos ocupados y fechas de trabajo para permitir que personas ajenas al municipio pudieran pensionarse ilegalmente.
Según las declaraciones de Escorcia, los implicados en este presunto cartel habrían operado durante años y continuaron su actividad ilícita incluso en 2024, cuando ya no ocupaban cargos en la administración municipal. Aunque es difícil calcular el monto total del dinero involucrado, se estima que se trata de una suma considerable que habría alimentado intereses políticos, incluyendo un intento de revocatoria promovido por concejales en ejercicio.
El alcalde ha solicitado la pronta intervención de la Fiscalía para esclarecer los hechos en el ámbito penal, mientras que espera la actuación de la Procuraduría en el ámbito disciplinario. Asimismo, Escorcia manifestó su preocupación por su seguridad y la de sus allegados, en medio de un contexto de posibles represalias tras revelar esta presunta red de corrupción. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance del fraude y las responsabilidades de los implicados en este escándalo de corrupción que afecta a la administración pública y al sistema de pensiones en Colombia.
