En una rueda de prensa celebrada en el Centro Verde Margen Izquierda de Montería, con el objetivo de aclarar dudas sobre la implementación de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), la periodista Alexandra Flórez Cantero fue víctima de intimidación y discriminación por parte del anillo de seguridad del alcalde Hugo Kerguelen García.
La periodista intentó ingresar al recinto donde se desarrollaría la conferencia, pero los escoltas encargados de la seguridad del mandatario le impidieron el acceso, alegando que su entrada representaba un riesgo para la seguridad del alcalde. Esta coacción a la libertad de prensa se produjo ante la mirada de otros colegas, algunos de los cuales expresaron su solidaridad con Flórez, señalando su respeto y reconocimiento como periodista en Montería y Córdoba.
A pesar de los intentos de la periodista por ingresar nuevamente y ofrecerse a ser revisada completamente, los escoltas insistieron en que no podía acceder. Esta situación de humillación se repitió, y la periodista fue informada que representaba un «peligro» para la seguridad del alcalde. Flórez, quien ha trabajado en la ciudad durante años, argumentó que la comunidad tenía derecho a recibir la información sobre la ZER.
La actitud de los escoltas del alcalde no solo constituye una violación de la libertad de prensa, sino que también infringe el derecho de los ciudadanos de Montería a recibir información veraz sobre la implementación de las ZER. Esta medida, que afecta principalmente a los “trapitos rojos” (cuidadores informales de vehículos), los comerciantes del centro y la comunidad en general, ha generado un amplio rechazo, pues implica que incluso los residentes deberán pagar por estacionar frente a sus viviendas. Además, la ZER incluye zonas residenciales, parques y lugares de culto, lo que ha sido interpretado como una restricción a la libertad religiosa y de culto.
En este contexto, la periodista Flórez ha sido objeto de una campaña de acoso y desinformación en redes sociales, donde se le ha vinculado erróneamente con personas de dudosa reputación, intentando dañar su imagen y reputación profesional. Esta situación refleja un intento por amedrentar a la periodista y silenciar su labor, recurriendo a calumnias e injurias. Se le ha calificado de «alias la trapito rojo» y se le ha acusado de extorsión, tras su denuncia pública sobre el abuso sufrido durante la rueda de prensa.
Hasta el momento, el alcalde Hugo Kerguelen no se ha pronunciado sobre el incidente. Flórez, por su parte, ha solicitado que se rastreen las cuentas de redes sociales que están detrás de estos ataques, y ha advertido que la difusión de estas publicaciones representa un grave peligro para su integridad y la de su familia.
Es importante recordar que en Colombia la Constitución protege el ejercicio del periodismo, garantizando su libertad e independencia profesional. En este caso, el accionar de la seguridad del alcalde no solo viola este derecho, sino que también pone en riesgo la seguridad y bienestar de la periodista.
Además, Flórez ha estado realizando un trabajo social con los «trapitos rojos», muchos de los cuales son adultos mayores y personas con discapacidad que llevan más de 20 años trabajando en las calles de Montería para sustentar a sus familias. La implementación de la ZER ha dejado a más de 160 familias sin empleo, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad. La falta de soluciones concretas por parte de la Alcaldía de Montería para estos trabajadores informales ha intensificado el malestar, ya que la medida fue impuesta sin una adecuada socialización y sin alternativas laborales para los afectados.
Los «trapitos rojos» afirman que la ZER no fue consultada con ellos ni con los ciudadanos de Montería. Piden al alcalde Hugo Kerguelen que se detenga la implementación de la ZER hasta que se presenten soluciones viables para su situación laboral y económica. De los 160 trabajadores afectados, solo 20 han sido contratados de manera temporal, con un contrato de dos meses.
La situación refleja un grave desafío a la libertad de prensa y a los derechos laborales en Montería, mientras que la comunidad sigue luchando por soluciones justas ante las políticas públicas implementadas por la administración local.
