Cuando apenas estábamos recomponiendo el ánimo, y la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN superaba las dificultades que llevaron, a afínales de 2023, a la suspensión temporal de los diálogos y de todos los mecanismos establecidos en los acuerdos, y nos disponíamos a retomar los encuentros para la construcción del Mecanismos de Participación de la sociedad en el proceso de paz, encargado al Comité Nacional de Participación, y se percibía en el ambiente un mejor ánimo luego de que esta organización anunciara el fin del secuestro extorsivo, ligado a la temporalidad del cese al fuego bilateral, y algunas personas estén recobrando su libertad, nuevamente nos sorprende un momento de crisis, esta vez decretada por el Comando Central del ELN, quien, congela su participación en la mesa de diálogo y llama a consulta a su delegación.
La delegación de diálogo del Gobierno de Colombia respondió manifestando su plena disposición en avanzar en el desarrollo de los compromisos pactados, determinando que la responsabilidad de lo que estaba sucediendo a raíz de la decisión unilateral elena, solo le correspondía a esa guerrilla, señalándola de generar una crisis innecesaria, llamando a valorar lo avanzado en el proceso, los compromisos cumplidos por el gobierno, sus propios esfuerzos en función de la paz, sin reconocer un mínimo de corresponsabilidad en el asunto que motivó la posición unilateral de la guerrilla.
También algunos líderes de opinión y analistas de paz, entregaron sus valoraciones, algunas más argumentadas que otras, tratando de que sus discernimientos ayudaran de alguna forma a superar la crisis, que todos esperamos sea temporal, corta y productiva, propia de los procesos de diálogos que buscan superar conflictos de tantos años de antigüedad; por supuesto, también se alzaron la voces estridentes y retadoras, de quienes, bajo argumentos que colindan con ideologías guerreristas, se oponen a la solución política, pacífica y negociada del conflicto armado, montando bajo el amplificador de algunos periodistas, una serie de relatos que buscan justificar sus llamados a revivir fracasadas propuestas violentas.
Las crisis se dan, algunas son inevitables, otras se pueden prevenir y otras, una vez se hacen evidentes, hay que remediarlas a profundidad, no negarlas, esconderlas o condenarlas, hay que tratarlas buscando con el apoyo de agentes externos, si es necesario, la mejor forma de superarlas, convirtiendo las dificultades en soluciones concretas en beneficio, no de una u otra de las partes, sino de quienes sienten con más dolor y crudeza, los efectos de la confrontación, en este caso, la población colombiana, en todas sus expresiones sociales, políticas y económicas.
El ELN, seguramente está analizando la situación, haciendo uso de una tradición que dicen tener, y que privilegia la consulta, la participación con poder de decisión, y la coordinación, para la construcción de consensos y la toma de decisiones, esa misma tradición que reivindican, debe ser eje fundamental del proceso de paz, al menos el que con ellos se adelanta, y que hoy le pasa factura desde las regiones. El pueblo de Nariño, así como en otras regiones del país, exige diálogos participativos con poder de decisión, para superar las causas que generan los conflictos violentos que les afectan, y en esta justa reivindicación presionan, a pesar de los asesinatos, las masacres, los confinamientos y desplazamientos, la estigmatización y la extorsión de que son víctimas, a todos los actores armados y políticos de su región.
La gente está en medio del fuego cruzado entre los diferentes grupos armados, incluido el ELN, la gente está viendo como sus líderes y lideresas están siendo asesinados, o desplazados, por todos los actores armados que irrumpen en su territorio, desconociendo la autoridad y la autonomía de los pueblos étnicos. Los gremios siguen siendo objeto de la extorsión y del secuestro, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo reclutados. Los gobernantes locales, que deberán abocarse en estos primeros meses de gobierno a generar una amplia participación ciudadana para construir los Planes de Desarrollo Locales, no pueden esperar, para convocar y construir participativamente soluciones, a los tiempos que la mesa de diálogo impone. El pueblo habla, el pueblo manda, hay que descongelar para avanzar.
En ese sentido, el ELN debería estar dispuesto a reconocer el poder de decisión del pueblo, y aceptar, luego de un proceso amplio y deliberativo, los mandatos que ese pueblo al que pertenecen, les entregue, no solamente producto de un mecanismo construido en las instancias y mecanismo definidos en la mesa de diálogo a la cual concurren, sino también en otros procesos participativos de iniciativa popular y territorial. Debe reconocer esta insurgencia armada, que si bien en los acuerdos hasta ahora pactados, se señala el compromiso del Gobierno Nacional de no establecer diálogos por separado con frentes de esta guerrilla, lo que según ellos motivó la crisis, y que todo se tramite en la mesa nacional de diálogo, este acuerdo también obliga, a que de su parte, se mantenga y garantice la unidad de mando, y la representación de toda la fuerza del ELN en el proceso de diálogo, tanto las de carácter armado, como las militancias que se manifiestan, como ellos mismos lo han dicho, a través de expresiones sociales y políticas.
Hay que reconocer, con todas las dificultades y señalamientos que se puedan tener, que esta guerrilla, sus estructuras de dirección, sus frentes, combatientes y militantes, están demostrado un buen nivel de unidad orgánica, no el óptimo, pero si el real, lo que no niega que existan diferencias internas, como ocurre en toda estructura política y social. A mi modo de ver, esta organización, por primera vez, está asumiendo el reto de plantearse el abandono definitivo de la lucha armada, como forma de expresar su intención de realizar transformaciones sociales, políticas y económicas, que en su concepto, generan o justifican el uso de la violencia militar y es posible que este nuevo reto, les convenza, pensando en el bien común de la paz, la justicia social, la democracia y la equidad, de avanzar con propuestas audaces que hagan posible que, la población recupere el optimismo en el proceso.
El gobierno por su parte, debería mejorar su nivel de respuesta interinstitucional, coordinada y decidida, tarea que no le corresponde a la delegación en la mesa de conversaciones, ni al Alto Comisionado para la Paz. Esta es una tarea implícita en el Plan Nacional de Desarrollo, que se respalda con la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) y que no debe obedecer a los vaivenes de las mesas de diálogo, sino al compromiso y convencimiento de todas las entidades públicas tanto nacionales como departamentales y municipales. Lamentablemente, lo seguimos expresando, instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y algunos gobiernos locales, no están involucrados en el propósito nacional de la paz, y por el contrario se empeñan con algunas de sus acciones en sabotear lo construido. Falta un mayor compromiso de las instancias responsables en proteger y garantizar la vida de líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, y de garantizar su permanencia en el territorio y el accionar de las organizaciones sociales, comunales, étnicas, políticas.
Ojalá el ELN, descongele pronto los diálogos, el Gobierno afine sus mecanismos de coordinación y la sociedad aumente sus acciones de participación y movilización, que deben ser respetados por todos los actores armados. La construcción de la Paz no debe sacrificar el anhelo de la participación y el diálogo social que, se debe desatar en todas las regiones del país y que harán posible la construcción de un gran acuerdo nacional.
