Un grupo de 10 familias que vienen desde hace aproximadamente 30 años ocupando un predio en el barrio el Tambo, de Montería, en calidad de poseedores, vienen recibiendo amenazas de muerte por parte de Benito Molina Velaverde, exfuncionario de Fedegán en Córdoba, apodado alias ‘El Mexicano’, quien se encuentra privado de la libertad por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, desplazamiento forzado y destrucción de bienes protegidos.
En mi reciente visita a la capital cordobesa me reuní con miembros de las familias poseedoras del terreno en litigio ubicado en el barrio El Tambo de Montería, y me manifestaron que en días pasados se presentó Rafael Rivas Buelvas, acompañado de varios hombres armados de machetes, guadañas, y de forma amenazante manifestó: “Ustedes no saben con quién se metieron, vengo autorizado por Benito Molina Velaverde”. Minutos después de las amenazas procedieron a picar el alambre, los estacones, árboles frutales y cultivos caseros, según pude constatar.
Ante el tono amenazante del pequeño Sultán, alimentado con migajas y sobras producto de concierto para delinquir y desplazamiento forzado de su delincuente jefe, el apoderado de las familias, abogado Gustavo Gómez, procedió, dado que los citados señores a nombre de los titulares, no solo dañaron unos bienes de propiedad de los poseedores, sino que perturbaron la posesión, presentó una denuncia penal por amenazas, daño en bien ajeno y constreñimiento ilegal; al tiempo que instauró una querella de policía por perturbación y solicitó la vigilancia administrativa por parte de la Procuraduría.
Hechos sobre la posesión del Terreno
Durante los treinta años, las familias que inicialmente le compraron al Instituto de Crédito Territorial, quien por demás no les legalizó la compra, dado que el lote contiguo a sus propiedades adquiridas a dicho instituto le estaban prestando un perjuicio con humedades, malos olores, y bichos, entre otros, abrieron en la parte de atrás unas puertas y empezaron a quitar el problema de encima quitando la maleza y removiendo la tierra y escombros que se encontraba recostados al muro y que por ende los perjudicaba, hasta el punto que como nadie, treinta años atrás no les dijeron nada, ellos incorporaron dicho predio a sus heredades a manera de solar.
Fue así como a partir de ahí han realizado actos de señores y dueños durante todo el tiempo de posesión hasta el día de hoy que han consistido en labor de limpieza, rocería, explanación con maquinaria pesada, remoción de maleza y raíces para resiembra, cuidando que no les invadan el lote, evitando que los dueños de lo ajeno lo utilicen para fechorías, igualmente han estaconado y removido el alambre deteriorado con el paso del tiempo, cerramiento de lote, siembra de productos pan coger como mango, plátano, yuca, ñame, ciruela, realización de camino de servidumbre, mantenimiento, entre otras.
A la fecha, y desde el año pasado, los poseedores decidieron legalizar la posesión ante las autoridades competentes, presentando para el efecto ocho (8) demandas de pertenencia en la jurisdicción ordinaria, de las cuales ya van cinco demandas admitidas – con medida cautelar de inscripción de demanda – en los juzgados civiles municipales de Montería.
Conjuntamente con la demanda, se determinó por parte de todos los poseedores hacer un cerramiento nuevo del lote, el mismo que se hizo cambiando el alambre viejo y deteriorado y los postes de madera dañados con el paso del tiempo, esto se hizo entre el mes de enero y febrero de 2019. Los materiales adquiridos y el pago de los trabajadores tuvieron una inversión de siete millones de pesos $7.000.000 que los poseedores consiguieron entre todos con mucha dificultad.
Según pude constatar, el presunto titular del predio, de conformidad con la escritura pública y el certificado de libertad, es una sociedad llamada Inmobiliaria y Constructora Buelvas y Molina Ltda, representada legalmente por Benito Molina Velaverde, exfuncionario de Fedegan de Córdoba, quien se encuentra privado de la libertad por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, desplazamiento forzado y destrucción de bienes protegidos. Sociedad que se encuentra sin vigencia desde el año de 2003.
La complicidad de las autoridades con Benito Molina Velaverde
Los curioso y deplorable es la complicidad de las autoridades con Molina Velaverde, que la querella que presento el abogado de las víctimas, a pesar de ser instaurada conforme a derecho, fue rechazada, por el inspector de policía por no presentar la copia de la cámara de comercio que daba cuenta de la dirección, obrante en la querella para efectos de notificación del titular del predio rechazó la misma.
La misma suerte corrió la denuncia hecha por el abogado Gustavo Gómez ante la Fiscalía, 30 local de Montería, donde a pesar que citaron a los señores Rafael Rivas Buelvas y a la señora María Cristina Buelvas, estos no comparecieron.
De igual forma se han presentado varias tutelas, donde se pone en evidencia la violación a los derechos fundamentales de los poseedores, a la fecha las se encuentran pendientes de la respuesta de segunda instancia.
Pero Rafael Rivas Buelvas, y sus amigos, siguen manifestando que cumplen órdenes de Benito Molina, y que ese lote lo tenían que recuperar al precio que fuera, continuaron atropellando a las familias, al colocarles frente a las puertas por las que han ingresado por espacio de treinta años, una cerca de alambres y palos, que les impide salir o entrar por la servidumbre de paso que tiene precisamente dicho lote desde ese lapso de tiempo.
A partir del cierre del lote y de la servidumbre de paso, amenazaron al señor Armando Negrette, quien es la persona encargada de llevar los documentos tanto a la Fiscalía, a la Inspección como a la Procuraduría y demás entidades gubernamentales, al tiempo que mandaron la razón incluso al abogado Gustavo Gómez que era mejor que se salieran de eso, porque no respondían y quien estaba detrás de eso era muy poderoso.
Amenazas y constreñimiento, que también se hicieron respecto a dos (2) familias en particular, quienes decidieron por temor a sus vidas, desistir de la demanda ante la eminente perturbación a la posesión por parte de Rivas Buelvas, a quienes les manifestaron que no se fueran a hacer matar por un pedazo de tierra.
Las cercas fueron tumbadas por los poseedores a principios del mes de junio pasado, pero inmediatamente fueron colocadas otras, esta vez con más técnica cuyo propósito es encerrar y evitar a toda costa el que los poseedores tengan contacto con el lote en posesión.
Sujeto amenazante
Los poseedores y el abogado Gustavo Gómez se reunieron con Rafael Rivas Buelvas, y miembros de la Policía Nacional, con el fin de dialogar, para que no se siguiera atropellando, a los poseedores y respondió, que él solo recibía órdenes de Benito Molina, y estas se tenían que cumplir.
Dado que se han colocado y quitado varias veces el cerco, ya se escucha entre los vecinos del sector, que se dice que con ellos va a pasar lo mismo que pasó con la líder María del Pilar Hurtado, en Tierralta Córdoba, y con ello se sembró el terror y arreció el atropello a las familias, el mensajero y hasta el abogado tienen físico miedo, a pesar que reclaman judicialmente lo que consideran que en estricto derecho les pertenece.
De esta situación tienen conocimiento directo la Fiscalía 30 Local, la Inspección Tercera de Policía, la Alcaldía Municipal, la Procuraduría, la Personería, los Juzgados Civiles Municipales, y no obstante ello, continúa el atropello y las vías de hecho por parte de Rafael y la señora María Cristina Buelvas, quienes manifiestan cumplir órdenes desde “muy arriba”.
Lo más preocupante, y que debe recibir el rechazo de la sociedad Monteriana, es la complicidad entre funcionarios estatales y el delincuente Benito Molina; en esta semana que estuve investigando los motivos el por qué el proceso no avanza, un funcionario se me acerco para manifestarme que era mejor que los poseedores y el abogado Gustavo Gómez dejaran las cosas así, antes de que ocurriera lo que siempre pasa en este país con quienes pretenden legalizar bienes en posesión.
Esta situación deja claro que los delincuentes de cuello blanco de Montería y el departamento de Córdoba pese a estar recluidos en una cárcel siguen amenazando y desplazando a muchas familias y líderes sociales, en muchas ocasiones con la complicidad directa de funcionarios del Estado y bajo la mirada impotente de las autoridades.
Hoy quiero hacer un llamado a la Fiscalía de Montería, Procuraduría y autoridades del departamento de Córdoba, para que tomen medidas y no permitan las amenazas proferida por Molina Velaverde contra estas humilde familias, les recuerdo que son ustedes constitucionalmente los encargado de garantizar el derecho a la vida y serian ustedes los responsables directamente si algo le llegare a suceder a un miembro de estas 10 familias del barrio El Tambo de Montería.
