La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en conjunto con unidades policiales de la Sipol, Ejército Nacional, peritos del Invima y bajo la coordinación de la Fiscalía 14 Seccional de Valledupar, llevaron a cabo una operación policial de gran impacto contra el sacrificio ilegal de porcinos.
La investigación desarrollada a lo largo de varios meses, reveló que un grupo de personas estaban sacrificando animales sin cumplir las condiciones sanitarias requeridas, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública de los consumidores en Valledupar.
El sacrificio ilegal de los porcinos, que se realizaba en el barrio Villa Castro en la parcela Choncholandia, se llevaba a cabo de forma clandestina, sin ningún tipo de control sanitario y en condiciones de insalubridad extremas. Esta actividad, que llevaba más de cinco años en funcionamiento, afectaba la calidad del producto cárnico que se comercializaba en las plazas de mercado de Valledupar y otros municipios del departamento del Cesar, poniendo en peligro la seguridad alimentaria de miles de personas.
Tras obtener información clave, se ejecutó una orden de allanamiento y registro en el mencionado lugar, lo que resultó en la captura de tres individuos involucrados en este delito.
Los detenidos fueron identificados como: Carlos Quintero, de 22 años; Francisco Quintero, de 38 años; y Neil Rodríguez, de 37 años. A estos se les notificaron sus derechos y el delito de corrupción de alimentos, siendo posteriormente trasladados a las instalaciones de la URI para su disposición ante la autoridad competente.
Durante la operación se logró incautar más de 3,4 toneladas de carne procesada de forma ilegal, la cual no era apta para el consumo humano debido a las pésimas condiciones en las que fue procesada. Además, se constató la ausencia de equipos de insensibilización adecuados, lo que violaba la normativa de bienestar animal y sacrificio humanitario.
Se calcula que este grupo sacrificaba aproximadamente 150 porcinos semanales, generando ingresos ilícitos cercanos a los 150 millones de pesos mensuales. Esta actividad no sólo violaba la legislación sanitaria, sino que también generaba un grave daño ambiental debido a las prácticas irresponsables en el manejo de los desechos.
Las conductas delictivas relacionadas con estos hechos incluyen la corrupción de alimentos (Artículo 372 del Código Penal), maltrato animal (Artículo 339A) y contaminación ambiental (Artículo 334A), delitos que comprometen la salud pública y el bienestar de la comunidad. Este operativo es una muestra contundente del compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. Las autoridades continúan con las investigaciones y no se descartan más capturas en el marco de esta importante operación.
