En Barú, no pasa una semana sin que se produzca algún brote de violencia relacionado con el despojo secular en esta isla, jurisdicción de Cartagena. Es una violencia asociada a la tenencia de la tierra que viene creciendo en forma incontrolada, denuncian abogados representantes de víctimas del despojo secular. Además de hacerle un llamado a las autoridades nacionales, solicitan una intervención masiva de todas las instituciones del Estado relacionadas con la tierra y el desarrollo económico y social. Ahora más que nunca cuando el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso reconoció ante la JEP el papel financiador de la empresa Bavaria que fue de los Santo Domingo. Son varios focos de esa conflictividad que está creciendo como una caldera, ya que el microtráfico y el narcotráfico vienen acrecentando los hechos violentos.
Sin embargo, no hay control de las inspecciones de policía ni tampoco de las autoridades competentes a nivel distrital y nacional. La ley del más fuerte prima para dirimir esos conflictos. Cada día se vuelven más compleja esta situación con las adquisiciones de propiedades por parte de reconocidos narcotraficantes.
Los orígenes del despojo secular
El modelo de desarrollo que llegó a la zona insular ―específicamente en Barú― fue por la vía del despojo. Un sistema ya conocido en la historia colombiana. Pero, de acuerdo con las evidencias que se muestran en esta serie, obedece a un modelo económico que denominamos en la primera entrega como neocolonialismo. Es una forma de economía de enclave que avanza en medio de la pobreza material y mental de los nativos. Por tanto, es un modelo de desarrollo alienante y despojador del territorio como forma cultural y espacio de vida de los pobladores tradicionales.
En los años 60, algunas familias poderosas del Caribe y del interior del país se confabularon con las autoridades para realizar procesos de prescripción adquisitiva de dominio sin el lleno de requisitos. Como se sabe, para adquirir el dominio o propiedad de un bien o cosa por medio de la prescripción adquisitiva, se requiere de dos requisitos esenciales: (1) Posesión y (2) tiempo de duración de dicha posesión. Además, la posesión debe favorecer a quien posea el bien.
Un hecho que confirma lo expuesto es la primera prescripción adquisitiva adelantada en los años 60 por el padre de Pablo Obregón Santo Domingo, presidente de la Fundación Santo Domingo, Pablo Obregón González. contra los 94 propietarios comunes de la Hacienda Santa Ana. De acuerdo con una mirada al expediente, ningún nativo se hizo parte en el proceso que se adelantó en forma irregular respecto a la escritura 192 de 1887. El proceso lo legalizaron con la participación de jueces, notarios y registradores corruptos.
Cerca de 10 mil familias
Se debe recordar que 10 mil familias están afectadas por este despojo, según estimaciones de los representantes de víctimas. Aunque no hay un censo oficial. Pero sus líderes reclamantes están llenos de temor, debido a las incursiones de grupos armados en la isla de Barú. Estas incursiones han dejado varios homicidios que todavía no se han esclarecido.
Este preocupante hecho, recuerda los momentos de zozobra vividos por los reclamantes cuando su apoderada, Mauricia Lafong de la Espriella, fue asesinada en 2005, junto a su hijo Carlos Enrique Gómez Lafont, de 17 años. El abogado Héctor Pérez Fernández, apoderado de varios nativos, no deja de expresar el temor reinante por esta situación que amerita una atención inmediata e integral del gobierno distrital y nacional.
Sitio veraniego de los Santo Domingo
De hecho, Pablo Obregón González, quien trabajó en esa la época para la familia Santo Domingo, desde los años 60 se fue apropiando irregularmente predios en Barú, especialmente de la hacienda Santa Ana. Utilizaba prescripciones agrarias, ordinarias, extraordinarias sin demostrar posesión real de los predios. Esas posesiones irregularmente adquiridas, se las fue entregando a los Santo Domingo, los Obregón, los Echavarría, entre otros. Además del padre de Pablo Obregón Santo Domingo, presidente de la fundación Santo Domingo, es tío de Alejandro Santo Domingo Ávila y Gabriel Echavarría Obregón. Este último, presuntamente tiene en Barú propiedades adquiridas irregularmente.
Citemos el caso de un terreno de 130 hectáreas al sur de Playa Blanca, Barú. El barranquillero Julio Mario Santo Domingo le pidió al arquitecto Rafael Obregón González, primo del artista cartagenero de origen español, Alejandro Obregón, que le diseñara su casa veraniega. Se convirtió en un complejo de construcciones compuesto por una casa principal, varias casas de huéspedes, instalaciones para escoltas, cancha de tenis, un muelle cubierto y un malecón. El jardín de plantas nativas fue diseñado por la cartagenera Gloria Escobar.
Recordemos que a esa casa de Julio Mario Santo Domingo llegaban personajes del Jet Set Internacional y nacional. Se rememora cuando allí llegó el canciller más influyente que haya tenido los Estados Unidos en el siglo XX, Henry Kissinger.
Mancuso y los Santo Domingo
En el segundo día de la audiencia única del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo que el grupo Santo Domingo apoyó a los escuadrones de la muerte por la vía de “impuestos” sobre la venta de cervezas y otros productos de Bavaria. El dinero los pagaba los distribuidores a los jefes paramilitares.
Hoy, muchos de esos predios adquiridos irregularmente están en manos de la Fundación Santo Domingo. Predios que podrían hacer parte del despojo armado que ejercieron los paramilitares a favor de empresarios inescrupulosos.
Pero lo que preocupa ahora a los nativos y, en especial, a los reclamantes de la hacienda Santa Elena en Barú es que la isla sea escenario de una guerra de grupos armados que controlan o dan seguridad a los narcotraficantes locales, nacionales e internacionales que se han instalado en el lugar.
La pista abandonada ¿legal o clandestina?
En el predio Punta Seca, que pertenece a los hermanos Sixto y Lucas Evangelista Girado, los nativos tienen un recuerdo en su memoria colectiva. En los años 60 se construyó una pista en el predio llamado Cabecera de la Pista, cuyos propietarios son Hernán, Elkin y Norman Echavarría Olózaga. Hernán Echavarría Olózaga, fallecido, padre de Gabriel Echavarría Obregón, quien ejerce el dominio de esos predios. Los Girado para llegar a su propiedad, necesariamente debían cruzar la pista. En algunas ocasiones tuvieron problemas debido a la vigilancia armada que existía en ese lote. Allí aterrizaban aeronaves. Se indicó que algunas pertenecían a la familia Santo Domingo, específicamente de la empresa Bavaria. Los nativos recuerdan que en una avioneta de ellas siempre llegaba Pablo Obregón González.
Los Girado, una de las familias colindantes de los Santo Domingo en Punta Seca, señalan que esa pista aérea fue abandonada y hoy ejerce posesión, al parecer, Gabriel Echavarría Obregón.
Sobre la existencia de esa pista aérea, los que aparecen como propietarios le deben una explicación a las autoridades sobre su legalidad. Se tiene que establecer si tenían los permisos de rigor. Esto lo debe establecer la Aeronáutica Civil.
Los focos de corrupción el despojo secular
El abogado y veedor, Erick Urueta Benavides, por su parte, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra la procuradora general Margarita Cabello. Según el veedor, la funcionaria prejuzgó cuando calificó a los nativos reclamantes de invasores. La denuncia presenta una relación de hechos y acciones jurídicas interpuestas contra funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, IGAC, y GO Catastral. Presuntamente aperturaron ilícitamente folios de matrícula y referencias catastrales en la tierras que pertenecen a la Hacienda Santa Ana en la Isla de Barú. Los nativos se consideran propietarios común y pro indiviso. En tanto que los herederos de los 94 colonos que adquirieron mediante escritura pública número 129 del 12 de mayo1887, se consideran los legítimos dueños.
Aunque las autoridades tienen varios expedientes de esta conflictividad que gira en torno a la tenencia de la tierra, no han avanzado mucho en la parte resolutiva. El problema fundamental es la presunta corrupción de las inspecciones de policía. Una de las acciones que se debe realizar es la clarificación de predios y la necesidad de que los inspectores de policía actúen en derecho y no para favorecer a lo poderosos inversionistas locales, nacionales y extranjeros. La Procuraduría, por ejemplo, tiene un expediente que investiga a inspectores de policía de la zona insular. Existe una percepción de corrupción y de soborno de esos poderosos que ha permitido este despojo secular. En el último tiempo los principales focos de esta conflictividad están situados en “Buenavista”, “La Coqueta”, “Lucas Girado” y “Cabecera de la Pista”.
El despojo secular
Casi todas las semanas las autoridades policivas de Cartagena deben atender llamados por la presencia de personas armadas o violación de predios ajenos en la isla de Barú, indica la policía. Además, aumenta el índice de inseguridad ciudadana por causas asociadas al microtráfico y la adicción de estupefacientes,
En el análisis de este despojo secular en Barú, en próximas entregas se dará cuenta de un entramado de narrativas que fluctúan entre el pasado y el presente. Allí se forjó este modelo de ciudad heredado del siglo pasado, en donde las élites locales y nacionales ―junto con inversionistas transnacionales― realizaron y consolidaron ambiciosos proyectos de desarrollo de infraestructura turística, industrial, portuaria, residencial y vial.
Al mismo tiempo que el proceso de despojo secular se daba, se consolidaron políticas de privatización de bienes comunes, de renovación urbana y patrimonializarían que fueron proyectadas desde el centro histórico de Cartagena hacia su zona insular. En síntesis, se produjeron procesos de gentrificación urbana que jalonaron la gentrificación rural. Esto es, el desplazamiento de los nativos por el desarrollo de obras urbanas o de infraestructuras suburbanas o rurales. Todo por este modelo de desarrollo despojador.
