Un total de 30 hallazgos fiscales por $132.025 millones de pesos estableció la Contraloría General de la República en proyectos de regalías desarrollados en el Departamento de La Guajira y que auditó en 2022, y de esa suma el 95 por ciento ($125.739 millones) fueron declarados de impacto nacional por el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Del total de hallazgos con presunta incidencia fiscal, $37.000 millones corresponden a resultados de la Actuación Especial sobre el OCAD Paz y los demás a denuncias gestionadas por el organismo de control.
El mayor detrimento patrimonial detectado y declarado de impacto nacional es por $15.616 millones y tiene que ver con la implementación de un sistema de producción agrícola y pecuario para fomentar la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en el municipio de Dibulla.
Otros hallazgos fiscales relevantes que determinó la Contraloría y fueron declarados de impacto nacional son los siguientes: En el municipio de Jagua del Pilar, el proyecto de construcción y adecuación de escenarios recreativos y deportivos en la zona rural y urbana del distrito de Riohacha, registró un hallazgo fiscal por más de 14 mil millones ($14.481.453.699). Esta es una obra que fue entregada, pero no está disponible para el uso de la comunidad ya que las instalaciones se encuentran en mal estado y en condición de abandono.
Por $11.384 millones de pesos, se consolidó un hallazgo correspondiente al proyecto de construcción del colector de redes de acueducto y obras complementarias del corregimiento El Pájaro, del Municipio de Manaure.
Esta obra lleva un avance de más del 90%, pero un conflicto de deudas con la empresa AIRE impide que haya energía para el funcionamiento de la obra (para su funcionamiento se necesita solucionar este conflicto).
El proyecto está suspendido de forma indefinida desde junio de 2022. La denuncia al respecto fue realizada por la periodista Salud Hernández, que ha realizado varias más sobre otros proyectos de regalías en La Guajira, las cuales han sido tramitadas por la Contraloría General y donde se han determinado hallazgos fiscales por más de $29.000 millones.
$10.103 millones es el monto del hallazgo fiscal que se registró en el proyecto correspondiente a la construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de Riohacha y Manaure. Este detrimento correspondió a la ejecución de una obra que no prestó los servicios para los que fueron aprobados los recursos.
De igual manera, esta obra sufre de una suspensión y tiene cerca de 700 viviendas construidas que no prestan servicio.
Hallazgo fiscal por $8.420 millones en relación al proyecto “Implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático ante la escasez hídrica en las comunidades indígenas de La Guajira”, por el no cumplimiento del objetivo principal del mismo, ya que en realidad solo se hicieron pozos para extracción de agua, una práctica ambientalmente NO sostenible. La entidad afectada es el Municipio de Manaure.
Se trata de una obra inconclusa y abandonada por parte del contratista, con falta de vigilancia y control por parte de la interventoría y el supervisor de obra. Por el abandono del proyecto, el sistema de acueductos se deteriora cada día más, lo cual hace que los recursos invertidos en las actividades ejecutadas se pierdan.
La implementación de sistemas acuapónicos generadores de seguridad alimentaria e ingreso familiar en diferentes comunidades del municipio de Albania generó un detrimento de $8.050 millones.
Esta es una obra que se ha encontrado abandonada, con estanques en mal estado y cultivos desatendidos. El proyecto, en el que además se presentó la muerte de más de 1000 alevinos en estados de precría, no cumplió con el objetivo principal y fue objeto de hurtos en diferentes puntos.
Por $5.688 millones se determinó hallazgo fiscal correspondiente a la optimización de colectores principales sanitarios del sistema de alcantarillado en los barrios Cooperativo y Olivos, en Riohacha. El proyecto fue impulsado por una emergencia sanitaria, que permitió una contratación directa con un alcance limitado y ha tenido como resultado múltiples suspensiones y prórrogas.
Los tramos de la obra que fueron “optimizados” siguen presentando inundaciones, dando continuidad a la emergencia sanitaria. Hallazgo fiscal de $3.799 millones, por la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en el corregimiento de Buenos Aires (Municipio de Uribia), dado que no se cuenta con recurso hídrico apto para la explotación y tratamiento de agua con destino a la comunidad objeto del contrato.
No se agotaron las instancias previas a la ejecución del proceso contractual que evidenciara la presencia de agua en la zona. Los hechos declarados de impacto nacional tienen como entidades afectadas a la Gobernación de La Guajira, los municipios de Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar, Villanueva, La Jagua del Pilar y Manaure, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica del Municipio de Uribia E.S.P. y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior -EDURED-ALDESARROLLO.
