La Contraloría General de la República evidenció hallazgos con incidencia fiscal que superan los $24.367 millones, en Auditoría de Cumplimiento y Actuación Especial de Fiscalización adelantadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) en el departamento de Bolívar.
Hallazgo fiscal por $23.219 millones
La Contraloría Delegada para el Sector Justicia adelantó una Actuación Especial para hacer seguimiento a las órdenes de la Corte Constitucional para que los centros de reclusión estén libres de hacinamiento y cada persona privada de libertad pueda disponer de una superficie mínima y un espacio lo suficientemente amplio para pasar la noche, así como de una cama individual con su ropa de cama correspondiente en condiciones de limpieza e higiene.
Sin embargo, en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena (EPMSC), existen pabellones, ampliaciones y estructuras, que no han entrado en operación, lo que no garantiza las condiciones establecidas y aumenta la problemática en los pabellones que actualmente se encuentran ocupados.
En Cartagena, el día 15 de junio del 2023 se visitó el EPMSC – Bolívar, para verificar la implementación del proyecto de infraestructura modular. Las intervenciones que hicieron parte del Contrato de obra N°319 de 2019, el cual tenía por objeto “Ejecutar las obras equipamiento, montaje, suministro y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden Nacional: EPMSC Cartagena”.
El contrato finalizó el 12 de noviembre de 2022 y a partir de esta fecha surgieron observaciones respecto al sistema de monitoreo y control electrónico, y se encontraban en trámite ante las empresas prestadoras de servicios las conexiones definitivas con la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica AFINIA y con Aguas de Cartagena la conexión definitiva de las redes de acueducto y alcantarillado, las cuales no permitían el recibo a satisfacción de las intervenciones.
Se realizó un recorrido por los tres pabellones que se encuentran sin ocupación actualmente. Se inspeccionó la operación de red hidrosanitaria, la red eléctrica, reflectores, luminarias, unidades sanitarias y demás componentes entregados sin presentar ninguna novedad. Se verificó la disponibilidad de agua potable y correcta descarga de las unidades sanitarias y se realizó un recorrido por los baños y lavaderos comunales para verificar disponibilidad de agua y funcionalidad.
Por parte de la dirección del centro de reclusión se manifestó que la entrada en operación y ocupación de cada uno de los pabellones, está sujeta a la asignación de personal para el cuerpo de Custodia y Vigilancia para los 3 pabellones nuevos y la dotación de colchonetas y sabanas.
El establecimiento tiene una capacidad para 1.464 Personas privadas de libertad en el sector antiguo y 516 cupos en la infraestructura modular. Actualmente, se presenta una ocupación del sector antiguo de 1.835 personas, lo que representa un hacinamiento del 25%.
Por lo anterior, y ante la falta de puesta en operación de la estructura intervenida, a pesar de haber sido pagadas desde el 2020, se evidencia un menoscabo a los recursos públicos por valor de $ 23.219 millones.
Hallazgo fiscal por $1.148 millones
La Contraloría, adicionalmente realizó una Auditoría de Cumplimiento al Convenio 216144 de 2016, celebrado entre USPEC y ENTerritorio y que contemplaba la construcción de una estructura para la cocción y suministro de alimentos a la población privada de libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC), de Cartagena.
La CGR realizó una visita al Establecimiento Penitenciario los días 25 y 26 de agosto del presente año, para evaluar el avance físico de las obras ejecutadas y encontró que, aunque el contrato se encuentra liquidado y el espacio fue entregado a la dirección del establecimiento sin novedad. Sin embargo, actualmente, la puesta en funcionamiento no ha sido posible, pues la USPEC no ha realizado la correspondiente instalación y montaje de los elementos de dotación.
A pesar de haber sido pagada la construcción del rancho, actualmente no se está utilizado el espacio entregado por parte del contratista. Lo anterior evidencia un menoscabo a los recursos públicos por valor de $1.148 millones por la construcción del rancho, por las adecuaciones en la estructura conexa y por el valor cancelado a la interventoría en el marco del contrato 2180727.
