A punto de caer la noche en uno de los caseríos al sur del departamento de Sucre, una madre angustiada llama por celular a su hijo en múltiples ocasiones debido a que está a punto de empezar un toque de queda instaurado por alguna de las bandas que tienen azotadas a los pobladores de la región; aquellos que por años vivieron la inclemencia de los violentos y están tratando de reponerse de una de las épocas más trágicas en la historia reciente de nuestro país.
“Acá no se puede salir de noche” menciona doña “Chave” haciendo referencia a la inseguridad que aumenta en cifras alarmantes y de la que han hablado en múltiples ocasiones a las autoridades y estos se hacen los de la vista gorda mientras los delincuentes siguen sembrado terror en las calles, cobrando extorsiones y amedrentando a la población civil.
En unas de mis columnas anteriores mencione las denuncias realizadas por los campesinos sobre los “raponazos”, abigeato y extorsión a pequeños agricultores de la región.
La cuestión es extremadamente delicada y a pesar de que las autoridades han aumentado el pie de fuerza aún no se logra contener esta oleada de actos delincuenciales.
Según comunicado de la mesa sucreña para la paz este 2021 “confirma el espiral alcista de la violencia y la ocupación territorial de fuerzas y grupos armados al margen de la ley, en algunos casos corroborando lo anunciado en varias ocasiones por la Defensoría de Pueblo en varias alertas tempranas e informes de riesgo”. Entonces la pregunta es ¿Qué están haciendo los líderes políticos del departamento para contrarrestar este aumento de casos? O ¿será que Sucre volverá a ser el fortín de corruptos y grupos al margen de la ley?
La semana pasada en inmediaciones del municipio de Majagual fue capturado uno de los encargados del cobro de “vacunas” a ganaderos y arroceros de la Mojana sucreña luego de que había hecho una fuga de película en un corregimiento de Córdoba donde integrantes del “Clan del Golfo” lograron su liberación.
Hechos con el secuestro y posterior asesinato del médico Fabio Hernández, los asesinatos de policías, el crimen del campesino en las Palmitas de Majagual, las agresiones contra la comunidad LGBTI en Sincelejo o el asesinato de jóvenes en Sincé y Galeras han prendido las alarmas, pero no se ven los actos gubernamentales que exige dicha situación.
Nuestro querido gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver una reunión a puerta cerrada con los líderes policiales manifestó que hay grandes avances en materia de seguridad y que revisando la política de seguridad se evidencia un trabajo importante. Algo general, escueto y sin estadísticas que no muestra realidad del departamento o es que nuestro líder si estará enterado de lo que pasa en el sur del departamento; esa zona que solo visitan en época de elecciones recolectando votos y prometiendo utopías de cambio.
Detrás del auge del vandalismo está un asunto de fondo que compromete todas las esferas de la sociedad, iniciando por la falta de oportunidades en una región que muere de hambre y donde los jóvenes no tienen la opción de una educación superior, un empleo remunerado o alternativas que permitan arrancarlos de las bandas delincuenciales.
Es así como mientras los miembros de la fuerza pública, el gobernador y alcaldes se reúnen en consejos de seguridad buscando acabar con la percepción de inseguridad, siguen los malos manejos del erario, la falta de liderazgo, aumenta la corrupción y el desempleo eleva los indicadores a niveles nunca antes vistos en la región que también ha sido golpeada de manera garrafal por la pandemia del Covid – 19.
