A un año de la firma de los acuerdos de paz y con la Farc ya convertida en un partido político, comenzar a implementar lo que se pactó en Cuba fue uno de los grandes retos de este año y lo será de la siguiente década.
Es un desafío que depende en parte del Gobierno pero también de muchas personas que desde lo que saben y hacen todos los días están contribuyendo para que lo que se firmó en la Habana se cumpla en el terreno.
Imelda Daza
va a ser la fórmula vicepresidencial de Rodrigo Londoño en las elecciones del 2018, en las que la Farc quiere tener una candidatura propia, y por esta razón será una de las figuras más visibles de la entrada de la exguerrilla al ruedo político.
Es una economista, docente, activista política y líder histórica de la Unión Patriótica en la región Caribe oriunda de Valledupar, Cesar. Después de ser amenazada de muerte durante el exterminio a la UP en la década del 80, se fue exiliada a Suecia.
En 2015 regresó a Colombia para aspirar a la Gobernación de su departamento y desde el año pasado integró el Movimiento Voces de Paz, que hace veeduría a la implementación del Acuerdo de Paz en el Congreso por parte de las Farc.
Es la única integrante costeña de Voces de Paz, movimiento que tiene tres miembros en la Cámara y tres en el Senado, y juega un papel importante en las discusiones de los temas gruesos de la agenda de implementación.
Aunque Voces de Paz no puede votar en el Congreso, puede intervenir al inicio de cada debate con un tiempo igual que el de los ponentes de los proyectos, además de presentar objeciones y mociones de orden, al igual que los demás congresistas.
Arturo Zea
Director de la Agencia Nacional de Tierras en Bolívar, Sucre y Córdoba
Dirige la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bolívar, Sucre y Córdoba, y por eso tiene la responsabilidad de implementar las políticas formuladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que en el marco del posconflicto ejecutará lo poco que se legisló este año en cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz.
La ANT deberá articularse con la Agencia para la Renovación del Territorio, que tiene a su cargo la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo Territoriales (PDET), elementos claves para implementar el acuerdo en lo rural.
Oriundo de Magangué, este abogado, fue director de la Unidad de Víctimas de Bolívar, Defensor del Pueblo de su departamento y miembro de la Comisión Nacional de Reparación Y Reconciliación, en donde estuvo hasta 2011, antes de llegar a la ANT.