Desde el 16 de abril del 2021, Drummond Ltd., por intermedio de sus abogados, ha radicado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, al menos, ocho memoriales, con más de mil folios de evidencias que acreditan, sobre todo, las inconsistencias en que Jaime Blanco Maya, ahora invitado por dicho Tribunal a declarar, ha incurrido en diferentes declaraciones rendidas ante la justicia ordinaria y la JEP.
En este sentido, la multinacional ha indicado lo que es más importante, ha quedado claro que lo que Blanco Maya ha referido en relación con la supuesta financiación de Drummond Ltd. a las Autodefensas Unidas de Colombia, por intermedio suyo y de su empresa Industrial de Servicios y Alimentación LTD. (ISA), obedece al relato que fabricó para abogados estadounidenses, liderados por el señor Terry Collingsworth, que promovieron demandas en contra de Drummond en Estados Unidos, quienes efectuaron cuantiosos pagos a su favor.
Entre las evidencias de los pagos que hoy son de acceso público, obran correos electrónicos entre el equipo de abogados demandantes, que dan cuenta de la relación de causalidad existente entre el relato en que Blanco Maya incriminaría a Drummond Ltd. y los pagos realizados como consecuencia de ello.
Entre otras circunstancias, ilustran que el testigo utilizó como intermediario al abogado Iván Otero para solicitar un pago de $150.000 dólares como condición para colaborar con su declaración (RICO Doc. 125-2), así como que los abogados estadounidenses cumplieron con tal condición tramitando pagos por al menos $120.000 dólares destinados a Blanco Maya a través del abogado Otero (Doc. 477-4; Doc. 342-20; 644-18).
Resta resaltar que la circunstancia de los pagos realizados al testigo fue valorada por autoridades judiciales estadounidenses, a propósito de lo cual concluyeron que: “Los pagos se hicieron en relación con cuatro acciones en las que Collingsworth y la Firma demandaron previamente a Drummond. Es indiscutible que Collingsworth y la Firma pagaron clandestinamente a estos testigos cientos de miles de dólares”. (Traducción libre)
Asimismo indicaron que valorando que: “La evidencia es indiscutible de que Blanco, El Tigre, Samario y Charris son testigos de «hecho», todos los cuales recibieron pagos del equipo de litigios de los demandados en una línea de tiempo que parece «cada vez más curiosa» al examinarla de cerca. Y todos estos testigos prestaron declaración jurada contra Drummond”. (traducción libre)
Más aún, las mismas autoridades judiciales en Estados Unidos pusieron en evidencia la irregularidad de los pagos realizados, considerando que: “Collingsworth fue agarrado en una mentira. Hizo pagos a testigos y luego mintió sobre el número de pagos, la naturaleza de los pagos y los receptores de los pagos. Las pruebas sugieren que, a pesar de las claras advertencias de los abogados sobre la conveniencia de tales pagos, Collingsworth utilizó intermediarios en Colombia para realizar o facilitar los pagos a los testigos”. (Doc. 676) (Traducción libre)
Insistieron en que la situación descrita se expuso ampliamente a la JEP, a efectos de que tuviera conocimiento del incumplimiento de Blanco Maya frente a los compromisos de verdad adquiridos con dicha autoridad para, en su lugar, demostrar que la “verdad” que Blanco Maya empezó a presentar ante las autoridades colombianas y estadounidenses —justo después de haber sido contactado por los abogados estadounidenses que luego realizarían pagos a su favor— no corresponde con la realidad, precisamente porque se trata de un relato mentiroso y acomodado que se ha hecho a cambio de pagos y de beneficios judiciales como los que está recibiendo en la JEP (autoridad que le otorgó la libertad).
Adicionalmente, Drummond hace un llamado a la JEP para que, en su misión de esclarecer la verdad, el cual es un pilar fundamental de esta jurisdicción, estudie las decisiones de la justicia de los Estados Unidos y acepte el requerimiento de Drummond de aceptar las pruebas aportadas durante los últimos tres años.
