Una dura confesión se ha revelado contra César Gaviria, en un informe que a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz y el pueblo indígena Arhuaco, entregaron los exoficiales del ejército Capitan Pedro Antonio Fernández Ocampo y el Teniente Coronel Luis Fernando Duque Izquierdo quienes eran comandantes del batallón La Popa de Valledupar.
En esta versión libre, los oficiales señalaron a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz que, la orden era evadir el accionar de la justicia y eliminar todas las evidencias para supuestamente no perjudicar la postulación del expresidente César Gaviria a un organismo internacional.
En su testimonio, los ex militares dieron su verdad sobre la tortura; desaparición y homicidio de tres mamos del Pueblo Arhuaco y la detención ilegal y tortura de dos indígenas de la misma comunidad en 1990.
La audiencia, que se desarrolló en un resguardo sagrado del Pueblo Arhuaco, se extendió por varias horas allí; se revelaron hechos inéditos sobre este crimen declarado como delito de esa humanidad ocurrido hace 34 años. Los exoficiales no pidieron solamente perdón a las víctimas por estos hechos, sino que fueron más allá entregando detalles de su accionar al interior de la institución.
Es así como, el Capitán retirado Pedro Antonio Fernández Ocampo, ex jefe de inteligencia del batallón, reconoció que esa unidad operativa fue “frecuentemente utilizada para torturar a personas y que fue testigo de cómo fueron secuestrados y torturados en su propia oficina los hermanos indígenas José Vicente y Amado Villafañe Chaparro, a quienes interrogaron por varias horas amenazándolos con un arma que siempre apuntó a sus cabezas”.
En la misma audiencia, también se revelaron detalles del secuestro tortura y asesinato de los máximos líderes Arhuacos Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Chaparro, detenidos por hombres armados en Curumaní, César. En medio de esas declaraciones, el ex Capitan Ocampo aseguró que “recibió la orden de su superiores de ocultar los detalles de los crímenes y desviar las investigaciones de la justicia, supuestamente, con el fin de no afectar la postulación del expresidente César Gaviria a un organismo internacional”.
¿Pero por qué las investigaciones no avanzaron?
En su momento, la justicia penal ordinaria abrió investigación por estos hechos, pero no pudo avanzar debido a que el proceso fue asignado a la justicia penal militar, la que a su turno, en el año 1993, declaró que los dos militares no eran responsables.
Dada la impunidad del caso y por solicitud de los familiares de las víctimas, en 1997 el Comité de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que el Estado colombiano había violado el pacto internacional de derechos civiles y políticos y ordenó adelantar una investigación seria.
En este sentido, la ONU ordenó reabrir los procesos contra los militares, más tarde la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía reactivar el proceso, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia revisó la absolución de la justicia penal militar. Fue así como, en el año 2019 la Fiscalía reabrió la investigación y declaró los hechos como crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la Comisión de La Verdad incluyó estos hechos en su informe final, el cual junto con los informes presentados por organizaciones de víctimas; el expediente de la fiscalía, entre otros documentos, serán contrastadas con la versión que entregaron los ex militares con el propósito de avanzar en la decisión del caso.
