En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia potencia mundial de la vida, define la educación como un derecho fundamental progresivo que debe ser garantizado por el Estado; es decir, que el principio de progresividad implica un proceso gradual y sostenido que permite su pleno cumplimiento; lo anterior, significa tomar decisiones en materia de política social en corto, mediano y largo plazo con el fin de garantizar su realización.
En materia de educación superior pública, como derecho fundamental, este no ha sido garantizado; situación evidenciada en los indicadores que señalan una cobertura del 54% en educación superior. Lo que significa, que el 46% de los jóvenes no acceden a este derecho.
Lo que, sin duda, ahonda las inequidades sociales e impide la movilidad de los sectores más vulnerables; condenados al círculo perverso de la pobreza, que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – Ocde, tienen que esperar hasta 13 generaciones para superarla. Lo paradójico de este indicador que afecta las regiones geográficas, en donde la presencia del Estado, en cuanto a bienestar se refiere, ha sido ausente; que, a su vez, son territorios con una amplia biodiversidad, recursos naturales y posición estratégica privilegiada; o sea, territorios con riquezas naturales, pero pobres en términos de desarrollo humano. Por ello, debe garantizarse el derecho a la educación con enfoque territorial, implementando políticas de regionalización que tenga como soporte el fortalecimiento y descentralización de las 34 universidades públicas, que constituyen el SUE. Además, que el sistema de universidades oficiales cuente con recursos financieros suficientes para funcionamiento, transferencia per-cápita por estudiante, docentes formados, infraestructura física y tecnológica, a través de sedes universitarias que lleguen a las regiones más apartadas; que representan la Colombia profunda y periférica. Es por esto por lo que, desde el SUE insistimos en la necesidad de regionalizar las universidades públicas existentes en el país. Además, se requiere vincular en esta apuesta transformadora y progresiva, a las universidades privadas que ofrecen educación superior de calidad y pertinente en regiones geográficas con altos indicadores de pobreza multidimensional.
En este sentido, para avanzar en esta apuesta del gobierno nacional contenida en el PND; coordinada y dirigida por el Ministerio de Educación Nacional; demanda liderazgo y conocimiento del sector de la educación superior; en particular, trazar una hoja de ruta estratégica que construya un modelo de fortalecimiento de la educación superior, haciendo énfasis en la universidad pública; que trascienda los grandes centros urbanos y el histórico centralismo nacional, que llegue a la ruralidad profunda, fronteriza y periférica; soportado en una política de Estado sostenible y progresiva; asimismo, que impacte y genere el cierre de brechas sociales y territoriales.
Es necesario, en el logro de este propósito de país, juntar y generar sinergia desde el Estado central y local representado por la institucionalidad territorial pública y los actores organizados del sector de la educación superior; sumatoria de capacidades y voluntades expresadas de manera solidaria y justa, en función de garantizar el derecho a la educación. Necesitamos las reformas históricamente postergadas y su implementación; solo así, podemos vivir y sentir el cambio.
