¿El Betto acabará con el ICBF? El nuevo sistema de selección de contratación directa implementado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— denominado Betto, podría estar diseñado para beneficiar el monopolio y la corrupción de la contratación directa de $16 billones. Lo peor, el sistema perjudica la atención infantil de la población más pobre del país. Así se pudo establecer con los resultados del 28 de enero del 2021 que dio a conocer la lista de operadores.
El Betto adjudicó en forma directa los $16 millones mediante 1.153 contratos para la atención de Primera Infancia de 1.103 municipios. Se violó el Estatuto General de la Contratación regido por la ley 80 y el régimen especial de contratación del ICBF. Es decir, no cumple con los criterios de transparencia, selección objetiva, igualdad, oportunidad y transparencia.
La Directora General del ICBF, Lina María Arbeláez, por supuesto, piensa distinto. Ella dijo:
«Con la selección que hizo Betto buscamos garantizar la protección, el bienestar y garantía de los derechos de la niñez. Este proceso permitió escoger a los mejores operadores en la contratación de los servicios, con diversidad de oferentes y sin concentración de contratos».
El sistema fue implementado por Karen Abudinen Abuchaibe cuando fue directora de Primera Infancia del ICBF y después directora en propiedad de esa entidad. Abudinen llegó allí impulsada por Cambio Radical como resultado de la alianza Char-Vargas-Daes. Alianza que se consolidó durante el gobierno de Uribe y se potenció en los 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy, esta alianza recibe los frutos del gobierno de Iván Duque favoreciendo a las organizaciones monopólicas.
Ahora Karen Abudinen es la encargada de dirigir las multimillonarias inversiones del Ministerio de las Comunicaciones y las Tecnologías (MinTic) para garantizar la conectividad a 20 millones de colombianos.
El Betto acaba al Estado benefactor
Antes del régimen neobonapartista de Álvaro Uribe Vélez, existía una tradición de más de 40 años del sistema de bienestar infantil sustentado en el sistema de «Madres Comunitarias». Este sistema permitía atender a la niñez con el fin de que las madres pudiesen trabajar y dejar a cuidados de los «Hogares Comunitarios» a sus hijos.
De la misma manera se creó, por parte del gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo, el sistema «Hogares Infantiles». Funcionaban como jardines infantiles para atender la primera educación. Era un modelo único en América Latina.
Para los empresarios y, mucho menos para los políticos, era un negocio controlar ese sistema de bienestar, porque el gobierno de Carlos Lleras Restrepo fue tan meticuloso que creó un teflón para que la politiquería no se le pegara. Así funcionó hasta 2008.
Pero en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se debía poner en marcha el programa de la Primera Infancia. Era una obligación. Colombia había firmado el Pacto de la Primera Infancia en La Haya con la Unicef. Significaba que el Estado debía garantizarle el 40% del presupuesto nacional a las regiones, departamentos y municipios. Especialmente a los municipios, ya que tenían la mayor parte de las responsabilidad con la primera infancia.
Es así que Uribe promovió y presentó ante el congreso un Acto Legislativo que rompió con esa estructura de distribución presupuestal. Los territorios quedaron sometidos al gobierno centralista. Los municipios vieron reducida su participación presupuestal en detrimento de las políticas sociales. En este caso de la niñez.
El Betto favorece al monopolio
El modelo depredador creado por el gobierno de Uribe se puso en marcha. En el ICBF se rompió con el sistema de «Madres Comunitarias» y «Hogares Comunitarios». Paulatinamente se viene reemplazando por lo que han llamado Entidad Administradora del Servicio (EAS). Son asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. Muchas de ellas fueron tomadas por políticos y empresarios inescrupulosos que se benefician ilegalmente de la contratación que entrega el ICBF en forma directa.
Un Hogar Infantil lo máximo que podía atender serían 300 niños. Las tales EAS pueden llegar a tener 10 mil niños como sucede en Atlántico y en otros departamentos del país. Por ejemplo, el Hogar Infantil de España (Cartagena), por donde pasaron mis nietas y sobrinitos, no podría contratar más allá de 300 niños.
Pero la EAS Fundación Educativa Roberto Villegas se ganó la lotería con el Betto. Le adjudicaron 282 contratos que podría atender a más de 10 mil niños. Y por cada niño están pagando $5 millones. O sea, que la Fundación Educativa se estaría embolsillando una contratación de más de $50 mil millones.
El año pasado recibió varios contratos. Uno de los cuales es el No 3351 de 2020 por la suma de $1.013 millones para atender la Primera Infancia modalidad «Hogares Comunitarios» en el municipio de San Benito Abad, Sucre.
El Betto y la corrupción en Primera Infancia
Claudia Gélvez Ramírez, directora de Primera Infancia, puso en marcha el Betto.
Así como favorece al monopolio, el Betto privilegia la corrupción. Por ejemplo, en Bolívar seleccionaron a Corgestacol con varios contratos. Desplazaron a la Corporación Razón Social- CORASON. Ésta entidad tiene mejores calificaciones (63.2 puntos) y sin embargo, el Betto la vetó.
Veamos este caso concreto. Los criterios de selección y el puntaje de cada uno de los operadores es el siguiente:
Experiencia en el territorio: 20 puntos
Experiencia territorial adicional: 25 puntos
Trayectoria y sanciones: 35 puntos
Contrapartida: 20 puntos”.
Es decir, los que tengan un mayor porcentaje estarían en mejores condiciones para ser seleccionados por el Betto. De la misma manera se establecen rangos o niveles de la contratación, de acuerdo al puntaje. En la invitación No 2021-13-20000023.0, seleccionaron al oferente con menor calificación. Esto viola la resolución 6694 de 2020 en el Capítulo IV, numeral 1, literal e).
¿Por qué? La EAS seleccionada está en el rango de contratación 4 de acuerdo a la resolución No 11974 de 2019. En este caso debe entrar a competir con las entidades que se encuentren en rangos 4 y 5 o las entidades que no cumplen con el criterio de selección. Esto está señalado por el artículo segundo, numeral 2 de la resolución No 6694 de 2020 en la que no se cumple el criterio de selección por puntaje.
¿Qué pasó? CORASON impugnó esa selección porque se violan los términos de la convocatoria. Y en la comunicación dirigida a la directora de Primera Infancia, Claudia Gélvez Ramírez, le manifiesta:
«Queremos recurrir a la Sede Nacional a través de la Dirección General y la Dirección de Primera Infancia, con el fin de que nuestros puntajes sean revisados, en razón a que pese a las altas calificaciones con que cuenta nuestra Entidad Administradora del Servicio en los diferentes criterios y adicionalmente fuimos calificados en el IDEAS con el 98.2% como el mejor operador del Centro Zonal, no le fue asignado proceso contractual alguno».
Pero así como sucedió con CORASON, también es el caso de Fundación La Luz. Fue bien calificada como operadora, pero de nada sirvió, porque no fue seleccionada.
La comunidad protesta
Comunidad pedirá al gobierno central que revise el Betto.Aquí el alcalde de Calamar con la vicepresidente Martha Lucía Ramírez.
El alcalde de Calamar Alejandro Arrázola Sagbini, recibió muchas quejas de los padres de familia cuando se dio a conocer el resultado de Betto. El nuevo operador es Hijos de Bolívar, una entidad que dejó malas huellas cuando prestó ese servicio en Calamar. Y temen que se repita la historia. (VoxPopuli.Digital investigará a las entidades selecxionadas).
Se preguntan ¿cómo el Betto perjudica a los que prestan bien un servicio y favorece a los que lo hacen mal? ¿Acaso el Betto es manipulado o es una especie de Baloto? ¿Betto o Baloto? ¿El azar define la suerte de Primera Infancia?
Por su parte la Asociación de Hogares Infantiles consideró que el Betto es ilegal e inconstitucional:
«Es importante que la opinión pública conozca que ese sistema inconstitucional e ilegal se lo inventaron para asignar los contratos a grandes grupos de 20 mil y 30 mil cupos y así poder obviar a las comunidades y Asociaciones que atendemos 150, 200 y hasta 300 cupos; y generar una especie de monstruos y monopolios que atiendan la primera infancia en Colombia, creando una Industria macabra sobre la dignidad infantil».
Por esa razón, los hogares infantiles solicitaron que se les respete la garantía de los derechos de las niñas y los niños y que no se sometan a rifas y azahares los contratos de aportes que generan la canasta de atención.
¿ICBF rectificará el Betto?
Ante las quejas y observaciones que han hecho de la selección que hizo el Betto, Claudia Alejandra Gélvez Ramírez, señaló:
«El ICBF adelanta una nueva revisión de las ofertas recibidas para la prestación de servicios en las modalidades Institucional, Familiar, Hogares Infantiles y Propia e Intercultural con el fin de verificar que los oferentes garanticen los requisitos exigidos para atender con la mayor calidad posible a la primera infancia».
¿El Betto es la mejor herramienta de selección de los operadores privados para Primera Infancia? Hay muchas dudas. Lo que se puede inferir de esta selección es que se favoreció al monopolio de la contratación y a la corrupción. Lo perverso es que parece un sistema transparente y objetivo de selección. Pero en realidad, es todo lo contrario, una fachada para centralizar más el poder económico, ahorcar a las pequeñas organizaciones y favorecer al monopolio de la contratación. El Betto es un veto a la Primera Infancia y un Baloto para los ricos empresarios y políticos que están detrás de esa apetitosa contratación.
