A partir de la denuncia formulada en los últimos días por José Villamil, veedor nacional de salud, en contra del Superintendente de Salud Fabio Aristizábal y de su funcionario estrella y Superintendente delegado para la supervisión institucional, José Oswaldo Bonilla Rincón, se ha develado nuevamente la presunta red de corrupción que se estableció desde años y que parece no acabar. Después de un año en el que todas las autoridades hicieron caso omiso de la liquidación exprés de las EPS SaludVida, Comfacor, Emdisalud, entre otras, el legado de Eva Carrascal, ex superintendente presa por corrupción, continúa con el traslado a dedo de usuarios.
Todo parece indicar que el “cartel de traslados de usuarios” sigue vigente a través de actores distintos, pero relacionados con el primer cartel que habría sido heredado por el actual Supesalud a través de Bonilla Rincón, quien trabajó de la mano de Eva Carrascal durante la época de los actos de corrupción ya aceptados por la ex funcionaria.
Llama poderosamente la atención, por decir lo menos, que el nombre de Bonilla Rincón salga a relucir en todos los casos de liquidaciones exprés de EPS, IPS y traslados de usuarios autorizados por Eva Carrascal y en los adelantados bajo el mando de Aristizábal.
El modus operandi parte de la retención de giros directos de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud a las entidades afectadas, a la limitación de la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y para aceptar traslados desde otras EPS, entre otras situaciones que van dirigidas a llevarlas a crisis financieras inducidas desde la propia Superintendencia. Con ello, se precipitan liquidaciones y cancelación de habilitaciones que derivan en el tan apetecido traslado de usuarios a partir de las resoluciones que ha emitido el Superintendente Aristizábal. Estas han sido documentadas por Bonilla Rincón.
Las entidades afectadas han presentado múltiples denuncias y quejas disciplinarias con pruebas contundentes que al parecer están siendo ignoradas por las autoridades. A Fabio Aristizabal lo han graduado de “intocable” a pesar de sus intereses en negocios de osteosíntesis; de sus vínculos con las sociedades RIGS S.A.S. e INBIOS S.A.S., Guillermo Grosso, Fernando Granados, Gustavo Zambrano Triviño y COOSALUD, entre otras relaciones denunciadas desde hace más de un año.
Revisando el traslado de usuarios ordenados por el Superintendente Aristizábal el año pasado en comparación con este año, salta a la vista un negocio redondo no sólo para las entidades receptoras, sino también para quienes motivan y permiten esos traslados. Veamos por qué:
Cuando se hacen los traslados de los usuarios, la entidad receptora inicia una tamización para caracterizar a cada usuario. Ese es el único momento en el que le ponen alfombra roja a los usuarios mientras son reclasificados nuevamente con base en sus patologías. Ese proceso de caracterización masiva tarda entre dos y tres meses y el costo no supera el 30% de lo que la EPS recibe por las cotizaciones de esos meses de la UPC (Unidad pago por capitación), por tratarse de atención de atención baja complejidad. Así las cosas, si se hace un ejemplo con un millón de usuarios que cotizan alrededor de 72 mil millones de pesos y se dice que durante el período de caracterización la entidad receptora se gasta solo el 30% de la UPC, el otro 70% se vuelve utilidad durante esos 2 o 3 meses. Esto representa una caja que permite disfrutar de un negocio completamente redondo que alcanza, por supuesto, para cubrir con creces cualquier pacto realizado bajo la mesa con quienes autorizan los traslados.
No deja de ser curioso que durante la administración de Fabio Aristizábal los traslados de usuario se realicen en un altísimo porcentaje a Nueva EPS y a Coosalud, a pesar de las públicas deficiencias de la primera y de las precarias condiciones de habilitación de la segunda, a la que le han sido trasladados usuarios de regiones en donde ni siquiera contaban con red.
Y es que si se revisa técnicamente dichos traslados a esas dos EPS, estas quedan inmersas en una causal de habilitación financiera que se desprende de una sencilla ecuación: muchos usuarios, poca capacidad. No obstante, el Superintendente Aristizábal viene lanzando salvavidas a EPS amigas con el decreto 1683 de 2019, de ajustes financieros a largo plazo, pero que no lo hizo valedero para las que liquidó en una misma semana en el 2019 y que ahora ha decidido cancelarles la habilitación en diversas regiones.
Es un daño irreparable el que está sufriendo el sistema de salud por el traslado a dedo de usuarios que están siendo prácticamente traficados por este tipo de carruseles y que ven afectada la continuidad en la prestación de los servicios. Esto ha tenido consecuencias incluso mortales, como las ocurridas hace un año con el fallecimiento de los bebés Ángela Andrea Granados, Isaac José Guevara y Julianys Guerrero, durante el improvisado traslado de los usuarios de SaludVida a otras EPS, casos que siguen sin resultado alguno en las investigaciones.
Hago un llamado al Presidente Iván Duque y a las autoridades competentes, para que atiendan e investiguen las múltiples denuncias en contra de esta presunta red de corrupción que se ha tejido alrededor de Fabio Aristizábal. Presidente, aunque Aristizabal haya sido candidato al Senado por su partido, no se compadece que el encargado que usted puso para que vigilara y controlara el sistema de salud, se vea involucrado en malversación de recursos que son para la atención de la salud de los colombianos. Lo menos que debería hacer Aristizabal es separase de forma inmediata de su cargo mientras aclara su situación ante esas denuncias o… mientras retoma su temprana campaña al Senado de la República.
