“Sabemos todos que está crisis colombiana no viene de fuera sino del interior mismo de la evolución de nuestra historia. Las dolencias de un organismo -biológico o social-irradian del profundo seno de sus propias contradicciones”.
Nacido en Aracataca, Magdalena, Carlos Caicedo parece llevar el ‘realismo mágico’ en las venas. Los ataques sostenidos en su contra desde diversos sectores políticos y criminales, pero en especial desde el mismo Estado, rompen todo parangón en la historia de la persecución política colombiana.
Informes presentados por organismos internacionales -no por los entidades de seguridad, vigilancia e inteligencia del Estado- le informaron al país el pasado 7 de julio que existía un plan para asesinar al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.
“Según la información suministrada y divulgada a través de medios de comunicación, bandas criminales de la región estarían detrás de un plan contra el mandatario del Magdalena. […] Colombia Human Rights Network, con sedes en Washington, Nueva York y New Jersey, y otras organizaciones nacionales e internacionales advirtieron al Gobierno de su preocupación por un presunto atentado que se estaría planeando contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo”,
La carta pide se garantice la vida y seguridad del gobernador, su familia y equipo de trabajo. “Si algo le llegara a suceder, se confirmaría la falta de voluntad política del Gobierno para garantizar la vida y seguridad de los sectores de oposición y para liderar un Estado social de derecho”, advierte. A este llamado se sumó también el Parlamento Europeo, a través de una carta dirigida al presidente Iván Duque, al fiscal general, Francisco Barbosa y a los ministerios del Interior y de Defensa, en la que además se reconoce que Caicedo “ha trabajado en favor de la comunidad y por la paz”, y “fue líder estudiantil y que impulsó la Constituyente del 91”.
La Defensoría del Pueblo remitió a la Comisión Interseccional para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) las denuncias de un posible atentado contra Caicedo, advirtiendo claramente sobre la “existencia creíble de un plan para atentar” contra el gobernador. Como hecho inusual, la carta ahorra trabajo a las unidades de investigación de la Fiscalía, al indicarle quiénes serían los posibles agresores: “Orlando Vergara, alias “El Mono” de la Oficina de Envigado, Jairo Catillo Cantillo alias “Pinocho”, Zulma Musso Torres alias “La Patrona”, Norberto Quiroga Poveda alias “5.5” o “Beto” y Elkin Javier López Torres alias “La Silla” o “Doble Rueda”, sobre quienes aún no se conoce medida alguna.
No es descartable que este plan criminal tenga relación con una noticia dada a conocer en febrero del presente año por el gobernador Caicedo, quien informó al país sobre una alianza conjunta con la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y el Gobierno de Cuba para fortalecer el deporte, la educación y la salud en Santa Marta; temas en los que la isla ha sido fuerte históricamente. Sin embargo, el anuncio generó enorme polémica entre sectores de la extrema derecha, los cuales se pronunciaron afirmando que se estaría “convirtiendo nuestro territorio en punta de lanza de un gobierno socialista. Nos ha costado mucho defender la democracia y lo seguiremos haciendo porque es el bien más preciado que tenemos”. El expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe, afirmó: “ojalá lo prohibieran, Cuba, con su protección al terrorismo y a Maduro, utiliza estos convenios para la llegada de su modelo fracasado”.
Tampoco se pueden olvidar los grandes negocios que han encontrado un obstáculo en la actual administración, como el proyecto para la construcción del puerto multipropósito Las Américas en Taganga, y de explotación del ecoturismo en el Parque Tayrona, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el cual estarían interesadas las familias Dávila y Zúñiga, oriundas de la región, y el mismo Álvaro Uribe, quien ha insistido en “que hay que dar facilidades a los empresarios para que puedan instalar proyectos de inversión de infraestructura turística”[3].
El plan criminal de atentar contra la vida de Caicedo es un hecho más en una cadena de acontecimientos destinados a barrer de la escena pública y política al mandatario del Magdalena. El 26 de junio pasado la Fiscalía ordenó una operación de extinción de dominio de 11 bienes pertenecientes tanto al gobernador como al exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, ambos integrantes del movimiento Fuerza Ciudadana, de centro izquierda. Según el ente acusador los funcionarios habrían suscrito contratos “que fueron cuestionados y representaron una renta ilícita de 4.129 millones de pesos. Los acusados habrían efectuado los contratos cuando Carlos Eduardo Caicedo Omar era alcalde de Santa Marta entre 2012-2015 y durante la administración de su sucesor entre 2016 y 2019. Estos inmuebles, avaluados en más de 766 millones de pesos, habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales solo uno fue terminado”[4].
No solo eso. Un día antes, la Fiscalía radicó una solicitud de audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra el gobernador Caicedo Omar por “delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, relacionado con la Red de Parques de esa ciudad”. “Según cita el organismo, en 2015 el alcalde habría quebrantado el principio de planeación al adicionar dos contratos por valores de $25.443.324.330 y $13.476.017.575, respectivamente. Vale aclarar que todavía no se ha fijado la fecha de la audiencia para esta diligencia.
Con la extinción de dominios anunciada, la situación se complicará para el actual gobernador, quien por tiempos de covid-19, por ahora no perderá sus bienes de forma inmediata. La Fiscalía ha dicho que el proceso se hará una vez termine el aislamiento preventivo decretado por la pandemia. Según se sabe que dos de los predios a los que se les aplicó la medida cautelar -y que están a nombre de los exalcaldes y terceros- están ubicados en Barranquilla. Además, hay un local comercial en Soledad (Atlántico); dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta (Magdalena)”[5].
Caicedo se defendió demostrando que no había firmado ningún contrato, hecho que fue respaldado por varios sectores democráticos que pronto denunciaron que se trataba de una persecución política, impulsada por el órgano de control.
Las nuevas medidas adoptadas por la Fiscalía se suman a otras adelantadas por la procuraduría dos años atrás, sin haber obtenido mayores resultados. Las valientes denuncias hechas por Caicedo, desde cuando era alcalde el Santa Marta, y se propuso revelar, destapar y poner punto final a un sólido entramado de corrupción en su departamento, en el cual estarían involucrados personajes de enorme prestancia económica y social, lo pusieron en la mira de sectores criminales, incluso de la propia institucionalidad.
En mayo de 2019, la Procuraduría, en un fallo de primera instancia, lo inhabilitó por 12 años para el desempeño de cargos públicos, por presuntas irregularidades en la contratación de pozos de agua durante la emergencia por desabastecimiento en la ciudad de Santa Marta durante el año 2014. El objetivo del fallo era frenar su carrera democrática por la Gobernación del Magdalena.
En medio de la confusión de la noticia, y cuando parecía eliminado de la contienda electoral, el ex viceprocurador General de la Nación, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, también abogado de Caicedo, confirmó que sobre el dirigente costeño no pesaba ningún tipo de inhabilidad que impidiera su candidatura a la administración departamental.
“El fallo sancionatorio fue apelado, pidiendo en primer lugar que la Procuraduría se declare incompetente, dado que no puede sancionar a los funcionarios de elección popular conforme a la Convención Colombiana de Derechos Humanos y solicitando una anualidad. Por otro lado, una vez se resuelva todo, estamos pidiendo que se absuelva de todo cargo. […]No tiene ninguna inhabilidad, con toda tranquilidad las personas pueden votar por el doctor Caicedo. La inhabilidad que se ha querido transportar aquí, es la que existe en el Brasil por medio de la cual al expresidente Lula se le inhabilitó para ser presidente; pero este fue condenado por un tema penal, pero aquí el tema del doctor Caicedo es disciplinario y no se encuentra en firme, todavía está pendiente el recurso de apelación”[6].
Finalmente, sin poder frenar su aspiración y su éxito electoral, pues fue electo gobernador con un aproximado de 290.126 votos, algo más del 62% del escrutinio, en marzo de 2020, “once meses después de haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos, la Procuraduría General de la Nación declaró nula dicha sanción contra el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, …interpuesta el 3 de abril de 2019 por las presuntas irregularidades en la contratación de pozos de agua para Santa Marta durante su periodo de alcalde de esa ciudad; fue anulada en segunda instancia por el órgano de control”
La persecución tampoco ha sido novedad en la trayectoria política de Caicedo, quien desde hace muchos años se dedica de forma paralela a la defensa judicial y política ante los ataques que sufre por parte del propio Estado, incluso cuando se propuso como rector de la Universidad del Magdalena rescatarla del paramilitarismo y la politiquería, sin contar con la protección y el apoyo que merecería. Pero no está solo del todo, y varios sectores lo han respaldado. En noviembre de 2018, ante el progresivo acoso por parte de la Fiscalía, la bancada alternativa del Congreso de la República emitió un comunicado de respaldo, solicitando al Ministerio Público y a los órganos de control garantizar la protección del dirigente del movimiento Fuerza Ciudadana.
“En total fueron 18 los parlamentarios de diferentes partidos, organizaciones políticas y representativas de personas, quienes firmaron una carta dirigida a la Fiscalía y Procuraduría General; Defensoría del Pueblo; entre otras autoridades, con el propósito de dar cuenta de una posible persecución política de la cual sería víctima el también exalcalde de Santa Marta. “Hemos tenido noticia de la situación jurídica y las citaciones enviadas por la Fiscalía – Seccional Magdalena a Carlos Caicedo, dirigente del movimiento Fuerza Ciudadana, con el que nos solidarizamos y queremos expresar nuestra más profunda preocupación por una persecución orquestada en cuanto a denuncias y testimonios por sus opositores, con el único propósito de darle muerte política al mismo y a sus dirigentes”, reza en la misiva”[8].
Desde su periodo como alcalde de Santa Marta, Caicedo, además de impulsar una agenda social sólida y enfrentarse a mafias locales, ha denunciado graves hechos de corrupción, algunos de los cuales involucran “a los exmagistrados de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y Rodrigo Escobar, señalados por la Fiscalía de recibir sobornos por parte de la antigua empresa de Recaudos y Tributos (R&T), filial de la multinacional española Inassa, propietaria de Metroagua, cuyas concesiones y exfuncionarios también fueron acusados por el excandidato a la jefatura de Estado.
“Esa denuncia me valió una investigación en mi contra por parte de la Procuraduría con el fin de frenar el proceso que habíamos adelantado. Inclusive, el excontralor distrital, le pidió al presidente que me retirara del cargo como alcalde porque le preocupaba que fuéramos a fondo contra Inassa. Los políticos del Magdalena también impulsaron dicha investigación en la Fiscalía para que yo fuera detenido porque aquí hay un sistema de corrupción que afecta a las instituciones privadas y públicas”, dijo Caicedo.
Conforme a ello, los senadores y representantes también resaltaron en el oficio las 48 investigaciones penales vigentes contra Caicedo, justo después que éste se postulara como precandidato presidencial. “Se identificó un aumento significativo de las investigaciones adelantadas en contra del mismo en el último año. El número de procesos penales aumentó en un 37%, lo que corresponde a 13 investigaciones nuevas”[9].
¿Qué hay detrás de esta evidente persecución contra el gobernador del Magdalena? ¿Quién tiene interés en acabar con la trayectoria y la carrera política de quien se ha convertido en un destacado líder de izquierda en los últimos años?
Caicedo se ha convertido en un dolor de cabeza para el uribismo y sus aliados. “No solo derrotó a los Cotes, derrotó al Uribismo y a todos los partidos tradicionales que se jugaron todas sus cartas en el Magdalena con el sobrino de la exgobernadora, con quién seguramente habían adelantado pactos para repartirse carteras, hospitales, corporaciones y territorios, como el tan anhelado Parque Tayrona, al cual Uribe viene asechando hace varios años.
Que un líder provinciano sea destacado a nivel nacional sobre aquellos políticos tradicionales acostumbrados a no tener competencia, ni a estar por debajo de nadie, seguramente debe doler en lo profundo al centralismo, que ven a departamentos como el Magdalena, como una caja menor a la que saquean año tras año y que solo visitan en elecciones para ver cuántos votos compran. Lo que hizo Carlos Caicedo en el Magdalena no tiene precedentes, cambió la forma de hacer política, puso a la gente a opinar, a reclamar derechos, a no dejarse meter el dedo en la boca y por si fuera poco, puso a los gamonales y clanes políticos a recorrer los pueblos para ganarse el cariño de la gente, porque se dieron cuenta que ya no los podían comprar con dádivas, sino con ideas”[10].
Por eso y más, Caicedo es incómodo para los poderes políticos tradicionales, que no se resignan no solo a haber perdido el control político en el departamento del Magdalena, sino que les talla la presencia de un mandatario con agenda social, que además los cuestiona, los confronta y que no cabe en sus “nominas” paralelas. Caicedo propone un cambio sustancial en la cultura política nacional, pero ese llamado genera enorme resistencia, en especial entre quienes aspiran a mantener el mismo modelo, que ha sido tan lucrativo para clanes políticos afianzados a través de la corrupción, alianzas paramilitares y dineros de la mafia. Pero el ‘Caso Caicedo’ es más que un hombre que desafía la hegemonía del poder. Se trata de la muestra de una profunda contradicción en nuestra democracia porque en democracia no puede existir persecución política.
Hace tres meses en una entrevista para la revista Semana Caicedo afirmó que la decisión de la Fiscalía era parte de un complot político y no un caso jurídico de fondo. “Este embargo lo había adelantado la Fiscalía desde el año pasado, pero entonces parece un ‘fake news’ o un refrito”. Según el gobernador, los cargos y delitos señalados por el ente acusador no son los correctos. “Aquí no hay enriquecimiento ilícito, esa no es la figura, ni tampoco peculado por apropiación sino a favor de terceros. No firmé ningún contrato por eso nunca estuve privado de la libertad”, recalcó. Asimismo, explicó que cuando fue alcalde de Santa Marta solo hizo una recomendación para la remodelación de los centros de salud para atender a la población vulnerable, pero no firmó contratos. Además, insistió en que, de los cinco centros de atención, cuatro se terminaron y están en uso para la población, pero uno quedó pendiente por la intervención de la Secretaría de Salud”
No es la primera vez que un funcionario o político ajeno al establecimiento y a los partidos tradicionales se convierte en blanco de los ataques de los organismos del Estado, y tal vez no sea la última vez. La institucionalidad utilizada para la persecución política la vimos cuando el procurador Alejandro Ordoñez enfilo su artillería contra el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien pese a todo logró terminar su mandato en medio de enorme dificultades; también contra la exsenadora liberal Piedad Córdoba en 2010 (fallo que en 2017 tumbó el Consejo de Estado, ordenándole a la Procuraduría pagarle una indemnización de $1.800 millones por haberle quitado sus derechos políticos),[12] y contra el exalcalde de Medellín, el escritor Alonso Salazar, quien luego de ser destituido e inhabilitado por 12 años le ganó la batalla al sórdido procurador cuando el Consejo de Estado le dio la razón. Hace un par de semanas el país vio con estupor como el sargento Juan Carlos Díaz, quien había denunciado la violación de una niña perteneciente a la comunidad indígena Embera Chamí, cometida por 7 soldados, terminó expulsado de las fuerzas militares.
En Colombia está haciendo carrera, y desde hace años, una recurrente práctica, peligrosa y antidemocrática, con graves consecuencias en el orden social, político, cultural y judicial, que consiste en utilizar los cargos de máxima responsabilidad del Estado, como los órganos de control y vigilancia, para la persecución política. Es muy grave el mensaje que recibe la ciudadanía: es mejor callar y no denunciar, no cuestionar al gobierno, no exigir transparencia y no afectar los intereses, negocios y nombres de quienes detentan el poder o son cercanos a él, porque podrían convertirse en objetivo de algún tipo de retaliación; que bien podría ir desde la destrucción de su familia, la carrera profesional, la honra y el buen nombre hasta la persecución, la judicialización y la muerte.
Carlos Caicedo ha demostrado ser un fuerte contrincante, que con acierto jurídico ha logrado evadir los golpes que le lanza el mismo sistema, donde se hace evidente que no se trata de un legítimo ejercicio de control y veeduría en aras de garantizar la transparencia en la administración pública y velar por los intereses públicos y los recursos de la nación, sino de una clara persecución política. El ‘Caso Caicedo’ expone sin ambages el rostro débil y porfiado de nuestra propia democracia.
Ya no se trata solo de una democracia formal que subsiste en medio de una obscena y extrema desigualdad social, permeada por la mafia. Ahora se trata de los instrumentos y recursos de la democracia enfilados contra ella misma, para volverla una caricatura, un sistema aprisionado en sus propias contradicciones, sometido mansamente a los intereses de partidos y políticos egocéntricos, cuyo afán es el poder por el poder y la obscena riqueza, y aún creen que es viable sostener un sistema dominado por una deleznable anarquía moral, una fuerte decadencia social, y el perpetuo maridaje entre narcotráfico y política, hoy más evidente que nunca bajo el actual gobierno.
Esta miopía, histórica, nos ha impedido concretar importantes avances sociales, construir un país con reales opciones de paz y progreso, y profundizar nuestra democracia. Los ataques contra Caicedo desde los organismos de control del Estado y el uso de las instituciones para poner freno a su carrera política revelan la peligrosa fragilidad de nuestra democracia, y son un ataque directo a su corazón.
Hay quienes afirman que Colombia es un Estado fallido y un país inviable. El inviable no es el país, es esa parasitaria clase política de lumpen-burguesía que hizo de nuestra tierra y nuestra democracia un negocio lucrativo de minorías. Y es en ese terreno donde debemos luchar para rescatar nuestro país de los confines de un narcoestado. – Gerardo Molina, Luis Carlos Pérez, Mauro Torres-
