Por el papel relevante y polémico que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la historia de Colombia, desde la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, queremos presentar la primera parte de una investigación y recopilación de información que configuran una trama de cuestionamientos y sospechas que se han urdido, en los últimos cuarenta años, alrededor del ahora senador por el Partido Centro Democrático, y de su clan más próximo: el uribismo.
Primeros cuestionamientos
Aunque Álvaro Uribe Vélez ya había incursionado en cargos oficiales como Jefe de Bienes de Empresas Públicas de Medellín (1976) y Secretario General del Ministerio de Trabajo (1977), fue como Director de la Aeronáutica Civil que tuvo sus primeros cuestionamientos. En 1980 el Presidente Julio Cesar Turbay Ayala lo nombró como director de la Aeronáutica Civil. Pocos creyeron en el tiempo que duraría a cargo de esta entidad, pues el anterior director, Fernando Uribe Sénior, fue asesinado al no hincarse ante las pretensiones del entonces todopoderoso Cartel de Medellín.
Uribe Vélez terminó su periodo como director (1980/1982) y el balance que dejó en la Aeronáutica Civil fue el siguiente: se concedieron licencias a helicópteros y aviones pertenecientes a Carlos Ledher, Pablo Escobar, y Fabio Ochoa (narcotraficantes pertenecientes al Cartel de Medellín); aunque no fueron registrados en la aeronáutica con sus nombres, las operaciones fueron denunciadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes (dirigido en su momento por el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla).
Según Ignacio Gómez (Premio Internacional de Libertad de Prensa 2002) “Antes de la dirección de Uribe en la Aeronáutica, el Estado concedió, desde 1954 hasta 1981, 2.339 licencias”. Durante el paso de Uribe en esta entidad, se concedieron 2.242 licencias entre las que, estima Gómez, 200 quedaron en manos del Cartel de Medellín. Así mismo, asegura el Senador Iván Cepeda en su debate de control político al paramilitarismo (realizado en el 2014), durante su paso por la Aeronáutica se le otorgó una licencia al avión del narcotraficante Luis Carlos Molina Yepes quien fue condenado por la muerte de Guillermo Cano en 1995 por el Juzgado 73 Penal del Circuito de Bogotá.
En 1982 Álvaro Uribe fue nombrado, por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Villegas, como alcalde de Medellín. Su cargo no duró mucho. Renunciaron Uribe y Villegas, pues como asegura este último en su libro “Secretos de un Líder” el Presidente Belisario Betancourt “le pidió la cabeza” de Uribe por sus presuntos nexos con el narcotráfico y por los rumores de la cercanía entre su padre, Alberto Uribe, y los hermanos Ochoa (narcotraficantes del Cartel de Medellín) .
Ambos renunciaron a sus cargos semanas después de la petición de Betancourt. Respecto a “los rumores” (que, al parecer, no parecían infundados) se puede mencionar lo siguiente: en 1984 la Policía encontró en los márgenes del Río Yarí (entre Caquetá y Putumayo) el complejo coquero más grande de América Latina, bautizado por el cartel de Medellín como “Tranquilandia”.
En la finca decomisaron nueve (9) laboratorios con químicos para el procesamiento de la droga, ocho (8) pistas de aterrizaje clandestinas, avanzados equipos de comunicación, plantas eléctricas, 15 toneladas de pasta de coca, tres (3) toneladas de droga procesada, cuatro (4) avionetas y un helicóptero. Según declaraciones de Cecilia Lara Bonilla ante la justicia en julio de 1984, «el helicóptero pertenecía a Alberto Uribe Sierra», quien parafraseo lo expresado por su hermano, el ministro Lara Bonilla.
Y aunque el 22 de mayo del mismo año se publicó un aviso en la revista Cromos donde mencionaban “Carlos Amórtegui Romero en calidad de representante legal de Aerofoto Amórtegui & Cía Ltda, de la cual era socio don Alberto Uribe Sierra, ya fallecido, se permite informar a la opinión pública lo siguiente: que el día 6 de febrero fue vendido y entregado por la compañía el helicóptero HK-2704X. Qué la Aeronáutica Civil posee toda la información sobre la mencionada transacción”.
Aunque nunca se comprobó este hecho, ni quién pagó por el aviso, lo que sí se conoce es que nunca se presentó ningún documento oficial en la Oficina de Registro Aeronáutico y allí, en los folios de matrícula, “el helicóptero perteneció a Aerofoto Amórtegui desde su importación (1981) hasta la cancelación de su matrícula (1993)”.
El 16 de julio de 1984 las aeronaves fueron entregadas a la policía mediante formalismo técnico, es decir “en el papel”. Después de 19 años, el jefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Gabriel Merchán, aseguró que no podía responder por las aeronaves debido a que la entidad nunca tuvo posesión física de las aeronaves. En 1995 un “fiscal sin rostro” ordenó devolverlas a sus propietarios y hasta la fecha se desconoce el paradero de los aerotransportes.
Ascenso político
Luego de su paso por la Alcaldía de Medellín, la carrera política de Álvaro Uribe continuó. Primero desde el Concejo de Medellín (1984), y luego por el Senado: allí estuvo desde 1986 a 1994 donde se le recuerda porque fue uno de los ponentes de la Ley 100 de 1993 (reforma a la seguridad social), que «condujo a la hecatombe de la salud» según el académico Floro Hermes Gómez.
Entrando en la última década del siglo XX, la Defense Intelligence Agency, DIA, (Agencia de Inteligencia de las fuerzas militares de Estados Unidos) elaboró un documento con 104 personas que estaban, según la DIA, relacionadas con el narcotráfico. El documento era confidencial pero en el 2004 National Security Archives publicó el documento una vez desclasificado.
En el archivo aparecían figuras como Fidel Castaño (paramilitar fundador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), Pablo Escobar (narcotraficante cofundador del Cartel de Medellín), también mencionaban el nombre de Álvaro Uribe Vélez del cual aseguran lo siguiente:
“Un político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín a niveles de alto gobierno. Uribe fue vinculado a un negocio sostenido en actividades de narcóticos en los Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria”.
Vale la pena resaltar que la mayoría de los nombres mencionados en esa lista, para el momento de su publicación, estaban presos o muertos. Sin embargo, el documento sí deja claridad de las andanzas de Uribe en el congreso al mencionar “(…) político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín”.
Luego de su paso en el Congreso, Uribe fue elegido Gobernador de Antioquia (1994), desde su mandato promovió la implementación local de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, Convivir, que operaban con ayuda de la fuerza pública. Esta medida se salió de control y su crecimiento se tradujo en la creación de grupos paramilitares.
Tras su paso por la Gobernación, Uribe fue elegido Presidente de Colombia en el periodo 2002/2006 con la Asociación Primero Colombia y con el apoyo de los paramilitares, según mencionó Salvatore Mancuso (excomandante paramilitar condenado en EE.UU por delitos relacionados con narcotráfico) y Nohra de Jesús Ospina ex asesora del ex representante a la Cámara del Magdalena, Fernando Pisciotti, asesinado en 2003 por grupos paramilitares.
En el 2004, mediante el Acto Legislativo 02 (del mismo año) se creó la figura jurídica de reelección presidencial inmediata.
Esta figura se aprobó bajo la influencia y mediación que ejercían los exministros Diego Palacio, Sabas Pretelt y su exsecretario Alberto Velasquez, al ofrecer dádivas a los congresistas para que aprobaran el proyecto, y a esto se sumó el escándalo de la reelección que se conoció en el año 2008 debido a las denuncias de la ex congresista Yidis Medina, quien aceptó haber recibido ofrecimientos del Gobierno Nacional a cambio de votar positivamente en el proyecto de la reelección. Fue así como logró ejercer un segundo periodo como Presidente, entre 2006 y 2010.
Su presidencia estuvo marcada por varios hechos de corrupción y criminalidad que hoy salen a flote:
Los ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales: práctica sistemática empleada por las Fuerzas Militares que consistía en matar civiles y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate.
Las chuzadas del DAS: interceptaciones ilegales a la Corte Suprema de Justicia y a periodistas y senadores que ejercían oposición al gobierno de Uribe.
El desfalco de Agro Ingreso Seguro: programa creado por el Ministerio de Agricultura para fortalecer e incentivar el crecimiento de los campesinos pobres colombianos (aunque en la práctica resultó al revés).
El continuismo
Uribe no frenó su carrera política pese a los escándalos de sus familiares y colaboradores. Por eso intentó reelegirse una vez más mediante un proyecto de ley que impulsaban sus aliados políticos. Y aunque la iniciativa fue tumbada por la Corte Constitucional, el país conoció su intención de perpetuarse en la Casa de Nariño.
En el 2010, Uribe respaldó la candidatura de Andrés Felipe Arias en la consulta del Partido Conservador. Al perder la consulta Arias, Uribe direccionó todo su apoyo hacia Juan Manuel Santos, resultando éste último como Presidente electo en el 2010. Sin embargo, su respaldo no duró mucho. Uribe se sintió traicionado por las decisiones que tomaba Santos, entre estas: reestablecer diálogos diplomáticos con Venezuela, reconocer la existencia de un conflicto interno armado, y realizar un Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC para su posterior desarme.
En el 2014, Uribe lideró la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, y también, se esforzó en ser un opositor férreo del proceso de paz. Desde esta oposición se conocieron episodios como los del hacker Sepúlveda, quien fue un experto en seguridad informática que compraba información interceptada desde “Andrómeda”, una Central de inteligencia militar, que proporcionaba, entre otras, información sobre los negociadores de las FARC que se encontraban en la Habana.
Su objetivo era filtrar datos que les permitiera realizar ‘campañas sucias’ contra el proceso de paz. Sepúlveda fue condenado a 10 años de cárcel por concierto para delinquir, acceso abusivo informático, violación de datos personales agravados, espionaje, y uso de software maliciosos.
A Zuluaga le archivaron la indagación iniciada por la Fiscalía, pese a que Sepúlveda asegurara que trabajaba para él y que también Uribe tenía pleno conocimiento de lo sucedido; “no tenía idea quién era Sepúlveda” aseguró Zuluaga. Por otro lado, Uribe entabló una denuncia por injuria y calumnia contra Sepúlveda.
Óscar Iván Zuluaga, el otro candidato de Uribe, perdió las elecciones del 2014. No obstante, los ataques de Uribe contra los Acuerdos de Paz fueron siempre certeros. En el 2016 Uribe seguía comandando la oposición, en este caso, aprovechó el plebiscito que refrendaría los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC para sabotearlo.
Su director de campaña por el “No”, Juan Carlos Vélez, reveló las tácticas utilizadas para persuadir a los votantes: en emisoras de estrato bajo hablaban de subsidios, y en emisoras de estratos medios u altos hablaban de la impunidad y de la participación de la guerrilla en la política. Tal como lo aseguró Vélez, “la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación”.
Tras el revuelo que causaron sus declaraciones Uribe expresó en su cuenta de Twitter: “Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”. Con base en esto, los abogados Jorge Eliécer Molano y Élmer Montaña, denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia a los promotores de la campaña del ‘No’. Entre estos, se encuentra Uribe, señalado de supuestas manipulaciones en su estrategia para combatir el ‘Sí’ del plebiscito. En abril de 2018 La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra Uribe por este hecho.
