El 29 de agosto de 2018, a las 7:30 de la noche, la exalcaldesa (e) Yolanda Wongpresidía una reunión con la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura-IPCC, Ruby Mutis; la secretaria privada, Viviana Malo, y otros funcionarios debidamente identificados. De pronto hizo presencia el exsenador Juancho García Romero, padre del senador Andrés García Zucardi y socio político de la alcaldesa. La burgomaestra mandó a salir a “Raimundo y todo el mundo”. A las 8:30 p.m. Juancho García se despidió. ¿Qué pudieron conversar? Una fuente de entero crédito allegada al palacio de la Aduana, me informó que el tema de esa larga reunión era de cómo diseñar la tramoya de Edurbe, la cual estaba en el ojo del huracán debido al control de advertencia de la Procuraduría respondiendo a las denuncias de Funcicar.
¿Qué podía hacer Juancho García para detener el embate de la Procuraduría? ¿Qué pitos toca el jefe de la Casa García en ese asunto? La verdad sea dicha, García también tiene intereses en la contratación de Edurbe. Las 21 calles por valor de $21.761 millones fueron adjudicadas a contratistas que cuentan con su apoyo espiritual. De acuerdo con fuentes bien enteradas, los contratistas son cercanos al círculo de la Casa García, la cual se ha consolidado en sus casi 30 años de poder público de Cartagena y Bolívar.
Muchos documentos del proceso precontractual, especialmente de la evaluación de las propuestas, y contractual, están en el limbo jurídico, puesto que no han sido debidamente procesados y podrían encontrarse incurso en una celebración de contratos sin el lleno de los requisitos, pese a que se desarrollen en el marco del derecho privado. De igual manera, el gerente actual de Edurbe, Bernardo Pardo, le suspendió las funcionarios a funcionarios clave como la subdirectora Técnica, Nelly Calderón y a la Secretaria General, Rocío Castillo.
¿Quiénes son los pesos pesados detrás de la tramoya de Edurbe?
Hay que aclarar que los García Romero no están solos. En el Edurbe —que es una empresa del Estado constituida en un 84% por el Distrito de Cartagena, un 12% por la gobernación de Bolívar, y el resto por 35 municipios— había un triunvirato de intereses ligados a dos exsenadores condenados por la Corte Suprema de Justicia y de un cuestionado contratista y financista electoral, Antonio Díaz. Sergio Londoño—el predecesor de Wong— no tuvo el valor ni la fuerza para acabar con ese triunvirato y le dio mucho juego. Pero el triunvirato se camaleonizó en un cuarteto de cuerdas con la llegada de la Wong quien ha sabido tocar con maestría las notas de esa tramoya. Además de García y de la actual secretaria del Interior del Distrito, en el Edurbe están los intereses del conocido de auto, exsenador Javier Cáceres Leal y de Antonio Díaz con todo su cargamento de Valledupar.
Con base en testimonios y pruebas documentales, se puede sustentar lo que anuncio. Si son cuatro y no uno, ¿por qué la Procuraduría solo ha atacado los intereses de Antonio Díaz quien irrumpió en el poder local como contratista durante el efímero reinado de José Julián García Vásquez y Manolo Duque? ¿Por qué se paralizó el contrato del Caño Juan Angola de $15 mil millones y no el de $21 mil millones para arreglar y construir calles donde hay una evidente irregularidad en la etapa precontractual? ¿Justicia selectiva?
El cuarteto de cuerdas anidado hoy en Edurbe cuenta con fieles servidores que son manejados como marionetas. El propio director es muy allegado al exsenador Javier Cáceres, quien en su camioneta blanca suele recoger a la abogada Karla María Castro Morillo, asignada a la Oficina Jurídica, su amiga intima, y la lleva a su apartamento (al de ella) de Crespo donde vive desde hace dos meses. Nelly Calderón, como su hermana Clarita Calderón, son amigas de los García Romero. Si bien es cierto que a Nelly le quitaron sus funciones, podría ser una estratagema para no despertar sospechas, ya que su hermana Clara Calderón es la secretaria de Infraestructura del Distrito y se vería muy mal que Nelly asumiera ese papel técnico en la contratación del Edurbe. Por eso Pardo le delegó esas funciones al ingeniero Roberto Parra.
Bernardo Pardo llegó a Edurbe con Manolo Duque. Era el segundo después del gerente Alfredo Bula Dumar, quien debió renunciar por la salpicada del escándalo de Fonade a raíz de las declaraciones del exmagistrado auxiliar, José Reyes Rodríguez, quien le dijo a la Fiscalía que Bula hacía parte del entramado de corrupción descubierto en esa entidad. Sergio Londoño le pidió la renuncia, pero fue reemplazado por Bernardo Pardo como cuota política de Javier Cáceres con el apoyo de Antonio Díaz y de García Romero. Estos tres son amigos de Yolanda Wong Baldiris, por tanto, cuando fue nombrada alcaldesa encargada, se encontraron como el «hambre con la comida», como decía mi abuelita Ana Luisa Martínez Sanes.
El genoma de la tramoya
Como el proceso de licitación se puede tomar hasta tres meses o un poco más, los estrategas de la Wong especialistas en contratación pública entendieron que no se podían seguir con base en el derecho público y debían llevar los más de $100 mil millones de contratación, que pretenden, a un proceso regido por el derecho privado, por lo cual debieron idearse una tramoya para burlar la ley 80/94. ¿Cómo hacerlo con Edurbe si el propio Antonio Quinto Guerra había anunciado que no iba a contratar con esa entidad debido a los cuestionamientos que se le había hecho y a la crisis financiera en la que se encontraba con pasivos de más de $33 mil millones?
El 6 de julio de 2018 Yolanda Wong le quitó fácticamente la facultad a la Secretaria de Infraestructura, Clara Calderón Muñoz, con el fin de trasladarle la contratación a Edurbe a través del convenio interaministrativo No 1 de 2018. Venían de un fracaso de licitar —en atención a la ley 80/94— las obras de infraestructura vial. Igualmente le quitaron de hecho las funciones a la Subdirectora Técnica, Nelly Calderón Muñoz, (hermana de Clara), y a la Secretaria General y Jefe Jurídica de Edurbe, Rocío Castillo García, quien llegó a ese cargo por Quinto Guerra. Las funciones de Nelly Calderón las asumió el propio director del Idurbe, Bernardo Pardo, y las de Castillo García, se las designó a un contratista, Jesús David Ochoa Peñaranda. Como lo dije, Rocío Castillo es ficha de Quinto Guerra, el alcalde suspendido que había dicho que no iban a contratar con Edurbe, razón por la cual la apartaron de los procesos precontractuales y contractuales.
El convenio interadministrativo tiene como objeto:
“Realizar la gerencia integral para construcción y rehabilitación de vías en el distrito turístico y cultural de Cartagena de indias y la interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras en mención”.
En la convocatoria abierta por Edurbe se presentó únicamente la propuesta del Consorcio Vías por Cartagena, porque la del Consorcio Cartagena Vial 2018 no anexó la garantía de la propuesta. Por tanto, fue evaluada solamente la primera. El Consorcio Vías por Cartagena está representado por Efraím José González Jaramillo. Es una unión temporal entre Paz Construcciones SAS, de Luis Armando Martínez Callejas, quien reside en Valledupar; y Constructora Metro 2 SAS, de González Jaramillo, radicado en Cartagena. La interventoría de este contrato se la ganó el Consorcio INT Vial Distrital, por $1.051.123.300, cuyo representante legal es Antony Wong Lorduy. Es una unión temporal entre CGB SAS, gerenciada por David Cedeño Cárdenas, y el Consorcio INT Vial Distrital.
La evaluación (dele clic allí) fue realizada por el mismo gerente del Edurbe, Bernardo Pardo, quien fungió de director técnico; Ramiro Romaña Ibargüen, director administrativo y financiero, y por el asesor jurídico Jesús David Ochoa Peñaranda, quien tiene una orden de prestación de servicios por valor de $5.600.000. Estos evaluadores consideraron que el proponerte cumplió con el rigor de las exigencias de los términos de la contratación. Pero existen dos detalles que no tuvieron en cuenta:
Detalle No 1. El manual de Contratación señala que el equipo evaluador debe estar compuesto por tres funcionarios: La subdirección Técnica a cargo de la ingeniera Nelly Calderón Muñoz; el subdirector administrativo y financiero, Ramiro Romaña Hibargüen, y la secretaría y jefe jurídica, Rocío Castillo García. De los tres funcionarios, solamente participó Romaña Hibargüen. Extrañamente (otra extrañeza) Bernardo Pardo le quitó olímpicamente las funciones a Nelly Calderón y a Rocío Castillo. En el lugar de estas dos funcionarias actúo él y el contratista que funge de jefe jurídico, Jesús David Ochoa, quien mediante orden de servicio recibe la suma de $5.6 millones mensuales. Roberto Parra firma por Nelly Calderón.
Detalle No 2. Para disimular la participación plural, se presentó el Consorcio Cartagena Vial 2018 sin la póliza de seriedad de la propuesta, por lo que fue descalificada de primer plano.
Pero la tramoya no solo es evidente con ese botón de muestra de las 21 calles contratadas. Todos los contratos que resultaron de los convenios tienen el mismo genoma de Edurbe, ya que fue un plan fríamente calculado y hasta hicieron un parampam —el 13 de agosto de 2018— en la sede de la Cámara de Comercio de Cartagena donde realizaron una Feria Pública con los posibles contratistas de los más de $100 mil millones que se tenía previsto y que lo debían pagar este mismo año con una vanguardista iniciativa. ¿Cuál fue esta genialidad? Wong dijo en el evento que no habrá anticipo y que los contratistas debían tener el músculo financiero y un cupocrédito en la mano. Y las obras se pagaban según el porcentaje de avance. Cuando los ingenieros contratistas escucharon esto, sus esperanzas de contratar se desinflaron. Ningún ingeniero «mondao» podría acceder siquiera a un contrato menor si no tenía el músculo financiero demostrado en sus cuentas bancarias o un cupocrédito.
El triunvirato se transformó en un cuarteto de cuerdas detrás de la tramoya. La tramoya está funcionando en esta comedia, por ahora. ¿Lo podrá disolver el alcalde de Cartagena Pedrito Pereira o se convertirá un quinteto?
Pero el cuarteto tiene los pantalones abajo: muchos documentos del proceso precontractual y contractual, no han sido firmados hasta estos momentos. Si la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Personería actuaran e hicieran una inspección ocular ipso facto, se encontraría al cuarteto de la tramoya de Edurbe con «los pantalones abajo». A los tramoyistas se lo pueden coger «asando mazorca», el olor no llega aún al procurador Fernando Carrillo Flórez, al fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, ni tampoco al nuevo contralor Carlos Felipe Córdoba. ¿Por qué no actúan ahora antes que deboren los 65 mil millones?
