La Alcaldía del municipio de Villanueva, en el departamento de la Guajira, firmó a finales de agosto de 2023 un contrato por más de 1.000 millones de pesos, cuyo objeto ha generado dudas por lo enredado del mismo.
“Aunar esfuerzos y recursos orientados para la implementación de estrategias para fortalecer la convivencia, seguridad ciudadana y seguridad vial en el desarrollo de la convivencia inclusiva en el municipio de Villanueva La Guajira” (sic), señala el contrato.
La información subida en la plataforma de contratación Secop 1, sin embargo, no está completa y no es posible determinar si el contrato se ejecutó o se cumplió y si además de pagó en su totalidad, reveló La W.
El contrato se suscribió el 24 de agosto de 2023 por valor de $1.047.200.000 y con un tiempo de ejecución de tres meses entre el municipio de Villanueva y la Corporación Educativa Nueva Colombia, cuyo representante legal es Óscar Ariel Campo Silva. Para supervisar el contrato se designó al secretario de Gobierno, Miguel Ángel Contreras.
Otro aspecto que llama la atención tiene que ver con el proceso contractual, el cual se llevó a cabo el 18 de agosto de 2023, es decir ese día fue cierre de la presentación de propuestas que se hizo públicamente a las 11:00 de la mañana. Según la información documental, solo se presentó a las 10:37 de la mañana un único proponente, la Corporación Educativa Nueva Colombia. Los documentos del Secop 1 solo se subieron a la plataforma el pasado mes de diciembre, sin embargo, faltan los correspondientes a la liquidación del contrato, entre otros para determinar si hubo cumplimento, toda vez que lo más reciente que se adjuntó fue el acta de inicio del contrato.
La abogada Marcela Pabón, veedora y experta en contratación, dijo que al revisar el caso puntual no tiene ningún documento de ejecución y que en tal sentido sería una violación al derecho de acceso a la información, es decir, que “solo publicaron hasta el acta de inicio y no se sabe qué ha pasado en la ejecución de ese contrato, y según la Ley 80 se deben publicar todos los documentos del proceso”.
Añadió que para hacer control social, se tendría que recurrir a un derecho de petición para obtener información y los documentos de ejecución, las actas parciales de pago, entre otros.
Al no existir un acta de terminación o de liquidación en la información de la plataforma Secop no se puede saber en qué términos se dio finalización al contrato que estaba con un tiempo de ejecución de tres meses, a menos que el convenio no se haya liquidado. Sin embargo, al ser consultado, el exalcalde de Villanueva manifestó que el contrato se cumplió en su totalidad.
