Se realizó la primera de las cuatro jornadas de la histórica audiencia ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el genocidio político de la Unión Patriótica (UP). El caso ‘Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia’ se desarrollará hasta el viernes 12 de febrero. Conforme a la participación de Aída Avella, senadora por la UP, con dichas jornadas se busca que la Corte IDH condene al Estado colombiano por dicho genocidio.
Uno de los hechos que resalta Corte IDH en un documento sobre el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia’ es que: la Unión Patriótica señala que las investigaciones adelantadas por el Estado habrían sido “incipientes e insuficientes”. Hecho que generó que el Estado colombiano no le haya podido proveer un “verdadero esclarecimiento de la verdad” sobre las responsabilidades del exterminio de integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Es decir, que el Estado colombiano habría violado las garantías judiciales y protección judicial a los y las sobrevivientes, familiares de asesinados, ni a la sociedad colombiana en su conjunto.
¿De qué manera se desarrollarán las audiencias?
De acuerdo con la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, en la audiencia pública continuará de la siguiente forma:
La Corte IDH escuchará diferentes argumentos, alegatos y observaciones orales de todas las partes. También escuchará a las víctimas, a personas expertas (peritos y peritas) y otros declarantes presentados por el Estado, los y las representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿Qué vendría tras las audiencias?
Antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un periodo durante los 31 días de marzo para que que las partes —como último recurso— presenten alegatos y observaciones a lugar de manera escrita. Si bien no hay fecha específica sobre la decisión de la Corte IDH, la Corporación Reiniciar aspira que se dé a finales de 2021. De esta forma, esperan comenzar la estapa “implementación de la sentencia” en el marco de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
Primera Audiencia y el hito por la memoria de las víctimas
Un espacio de incalculable importancia por lo procesos de memoria en Colombia. Por ejemplo, María Eugenia Guzmán después de 32 años del asesinato de su esposo José Antequera, dirigente político de la UP, declaró ante la Corte IDH. Asimismo, hizo presencia la senadora Aida Avella que por medio de un sentido discurso narró paso a paso la forma en que fue ejecutado el genocidio en contra de los y las integrantes de la UP. Se refirió a los candidatos presidenciales asesinados y también de la sistematicidad de la violencia que desplegó el Estado Colombiano a lo largo y ancho del país.
De acuerdo con la UP, son 6.532 víctimas entre las que se encuentran más de 4.000 asesinatos. La bandera de memoria de la UP es que el caso sea revisado como genocidio por razones políticas. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), durante el periodo comprendido entre mayo de 1984 y diciembre de 2002, se pudieron documentar 4.153 víctimas de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas, 3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia.
Tal como lo anunció la Unión Patriótica este momento, entre otras cosas, tiene que ver con “Tres décadas de trabajo por el derecho de las víctimas a Justicia, Verdad y no repetición de la persecución política contra la Unión Patriótica.” Cabe recordar que, además del genocidio político sufrido por la UP, esta colectividad política perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra los miembros de la UP.
Información del Caso
Conforme a la información entregada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso ‘Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia’ los antecedentes remite al 13 de junio de 2018 cuando el Estado de Colombia “sometió este caso ante el Tribunal, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el 29 de junio de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también sometió este caso ante el Tribunal.”
Según la Corte IDH, el caso consagra hechos cometidos en contra de integrantes de la UP como “desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio en contra de integrantes y militantes de la UP, perpetrados presuntamente tanto por agentes estatales como por actores no estatales con la alegada tolerancia y aquiescencia de aquellos.”
En la información brindada a la opinión pública por parte de la Corte IDH, también se consagran los allegados de “se alega que ciertas presuntas víctimas del caso habrían sido sometidas a criminalización infundada o uso arbitrario del derecho penal y torturas en el marco de varios casos, por lo que concluyó que el Estado habría violado los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial.”
Adicionalmente, en el caso la Corte IDH determinará, entre otras cosas, el accionar de Estado frente a las denuncias sobre violación de derechos políticos, la libertad de pensamiento y libertad de expresión, libertad de asosiación y el principio de igualdad y no discriminación. Pero no de manera aislada sino determinará si el móvil “de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las presuntas víctimas habría sido su pertenencia a un partido político y la expresión de sus ideas a través del mismo”, precisa la Corte IDH en el documento.
De igual forma, hay un alegato por parte de las víctimas del caso quienes señalan que han sido objeto de peligrosas estigmatizaciones por parte del Estado colombiano. Es decir, se habría violado su derecho a la honra y dignidad por cuenta de declaraciones de funcionarios públicos y actores no estatales, incluyendo calificativos como terroristas, o brazo político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estigmatización que habría tenido un efecto en la grave violencia desatada en su contra.
28 años del Caso de la Unión Patriótica ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Para llegar a esta la audiciencia pública ante la Corte IDH; la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar señala que han luchado por la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición durante 28 años.
Para 1993 fue presentada la petición sobre el caso de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1997 la CIDH emitió un informe de admisibilidad del caso. Para 1998, se llevó a cabo la intalación de una “mesa de solución amistosa” entre el Gobierno de la época —Andrés Pastrana— y la UP en busca de la reparación de las víctimas. Para 2000 se lleva a cabo un acuerdo de búsqueda de una “solución amistosa”.
Sin embargo, para 2006 —durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez— se da la ruptura de la etapa de “Búsqueda de Solución Amistosa”. En 2007, se da apertura de la “etapa de fondo” a través de audiencias, testimonios, alegatos escritos y orales. Ya en 2014 el gobierno de Juan Manuel Santos propone retomar la “Búsqueda de una Solución Amistosa; la cuál es rechazada por las víctimas.
En 2017, por su parte, la CIDH aprueba el informe de Fondo del caso de la Unión Patriótica. De esta forma, para 2018, se da inicio del trámite ante la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH). En 2019, la Corporación Reiniciar presenta el Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas llamado “Demanda contra el Estado”.
Así las cosas, con el camino andado, los sobrevivientes y familiares de víctimas aguardarán la decisión de la Corte IDH.
