Con el cinismo característico de los miembros de este Gobierno (y situó ahí el registrador porque junto al procurador, el defensor del pueblo, el contralor y el fiscal parecen extensiones del Gobierno actual), hace un par de semanas, Alexander Vega señaló: «¿Cómo explican que en el DANE somos 50 millones de colombianos y en la Registraduría y en el registro civil somos 55? ¿Dónde están los otros 5 millones de colombianos?».
Pero no contento con ello, en el clímax del reto al sistema democrático, posteriormente, la semana pasada, afirmó: «el que sienta que no hay garantías o crea que le harán fraude, no debería presentarse». Si así es el desayuno, imagínese cómo será el almuerzo, reza un adagio popular que cae como anillo al dedo a la situación generada por el gris registrador.
El personaje de marras fue analizado hace un par de años, en RCN radio, por Ariel Ávila, quien expresó en su momento que «Alexander Vega está siendo acusado actualmente por supuesta venta de fallos mientras fungía como magistrado del Consejo Electoral». Y, por otra parte, señaló que el registrador Vega estaba permeado un gran cuestionamiento: «inició su carrera política de la mano del ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, ambos presos por temas de corrupción e involucrados con Odebrecht y el escándalo de Fonade. La llegada de Alexander Vega al Consejo Electoral fue liderada por esos dos exsenadores».
Pero Vega no es una rueda suelta. Ante la exigencia de conceder el derecho de la Colombia Humana a tener su personería jurídica, son varios los intentos por desconectarla del Pacto Histórico, leguleyadas urgidas para colocar zancadilla al previsible resultado en el 2022.
Puede que quiera el registrador que voten las personas muertas, las sancionadas por la ley, e incluso quienes están en el extranjero y, por alguna razón, no están habilitados para sufragar. Esos, imagino, son sus cuatro millones de más que los censados por el DANE; electores que, de seguro, serían su cuota para un presunto intento de fraude presidencial y de Congreso.
Lo del registrador Vega, además de ser un acto de soberbia, es un reto a la oposición y un común comportamiento de funcionarios y «servidores públicos», tan similar como el enredo de los setenta mil millones de pesos de la exministra de las TIC Karen Abudinen, los sobornos de Odebrecht, la ‘ñeñe-política’, los presuntos sobrecostos en mercados para la época de pandemia, la intromisión en las elecciones gringas que ha dado como resultado que Biden no reciba a Duque, entre otros.
La pregunta o reflexión que finalmente queda de este episodio del apocado registrador es: ¿Sirve a nuestro Estado social de derecho este manto de duda en relación a la transparencia de la Registraduría? ¿o da pie a considerar que se pretende un resultado irregular en las elecciones (como el del presunto robo en las elecciones presidenciales de 1970)?
