En la historia, cuando las izquierdas han alcanzado el gobierno, desestiman la corrupción como un problema. Parte de la explicación es porque se concentran en transformar el sistema como un todo y desprecian los mecanismos de funcionamiento de las instituciones, del Estado, de la economía. Esto es claro en las últimas reformas que presentó el Gobierno y que se fundamentan en el paradigma de que todo lo público es mejor, y que basta querer hacerlo y garantizar los recursos para que funcione bien.
Pero en el mundo esta idea es más bien relativa. Hay tantos casos de modelos públicos exitosos –como en Europa del norte– como desastrosos –en el caso de la India–. Lo que hace que muchos países en desarrollo hayan fracasado estrepitosamente en el paradigma de lo público es justamente lo que se desprecia como problema: la corrupción.
Así, la política más virtuosa para la superación de la pobreza puede terminar trayendo más pobreza. Las transferencias monetarias directas pueden promover mejores condiciones materiales de vida para las personas más rezagadas de la sociedad o pueden también crear un sistema perverso de incentivos que deriven en clientelismo y en detrimento mismo de la democracia, creando incluso más pobreza. Así mismo, la salida fácil de dejar todo en manos privadas tiene el mismo problema al crear élites y oligopolios con dinero público que concentran la ganancia, pero no distribuyen un peso. Por eso, el cómo se hacen las cosas es tan importante como el qué.
Es fundamental entender el mecanismo de la corrupción, cómo y de dónde proviene, para saber cuáles son las decisiones que debemos tomar en las elecciones regionales que se aproximan. En Colombia las leyes anticorrupción son punitivas o prohibitivas, lo que no ha ayudado a evitar que los corruptos manejen el dinero público, sino a crear mayores barreras de acceso para el resto de la sociedad. El centro del mecanismo radica en el poder de intermediación de la clase política con la ordenación del gasto. Voy a tratar de explicar cómo funciona.
Por una parte, entre los actores del sistema está el Estado central que tiene el control de la mayor parte de los recursos, los intermediarios políticos (usualmente congresistas) y una serie de contratistas o privados que ejercen de “prestamistas” o financiadores de campañas. La función primaria de los senadores o representantes es ubicar personas de su confianza en distintas instituciones y gestionar recursos de inversión para financiar sus propias campañas y las de sus aliados regionales. Así, se garantiza una cadena de confianza en la intermediación. Se vuelven súper poderosos porque ningún mandatario local puede gobernar sin ellos. Pero sus servicios son demasiado costosos.
Entre más alejado sea el municipio, entre más vulnerable su población, el congresista tiene más poder sobre los mandatarios regionales y esta menos posibilidad de orientar el presupuesto a las necesidades de su territorio y no a pagar las deudas de campaña. Una vez la persona es electa en la alcaldía debe garantizar la devolución de su dinero, que por supuesto no es tan alta en la reposición de votos. Al final, el contratista no hace otra cosa que mover dinero público. Saca una comisión de su relación política, ejecuta o no el objeto del contrato, se queda con una porción importante que invierte nuevamente en campañas para que le sea retribuido con ganancias. En este caso, toda la financiación de campañas es estatal.
Por eso, la corrupción no puede ser desestimada para un gobierno que quiere poner lo público en el centro de las reformas sociales. En la ejecución de la política pública el Musa Besaile petrista hará lo mismo que el Musa Besaile uribista y es garantizar su propia financiación por encima de las necesidades del territorio. Estas élites tienen la capacidad de adaptar sus formas a cualquier sistema, de montar EPS como Solsalud –fachada del condenado Luis Alberto Gil– o de torcer la contratación pública a su favor a cambio de gobernabilidad.
Da igual cuál sea la norma. Al final, cualquier institución creada terminará siendo objeto de sofisticados pliegos tipos y prestando un servicio de pésima calidad. Los derechos de la gente es lo que menos le importa al mecanismo. Piénsenlo.
