Si el concepto de “democracia” se definiera como la promoción exacerbada de votaciones y elecciones, Colombia, desde lejos, sería el país más democrático del tercer planeta del sistema solar. Y es que en nuestro acervo político las elecciones y votaciones pululan por doquier. Hagamos memoria, en el 2016, los colombianos tuvimos el deber de votar por el plebiscito cuyo objetivo según el Gobierno Santos era el lograr la paz, que vale la pena recordar, decisión popular inobservada y saboteada por el Gobierno y Congreso de la época.
En el 2017, la consulta pírrica y para otros innecesaria del antes glorioso partido liberal para escoger candidato presidencial a una persona sumamente inteligente pero sin carácter como lo demostró posteriormente De la Calle en su candidatura presidencial y solamente el año anterior, me refiero al 2018, en el primer trimestre elegimos nuestra honorablísima rama legislativa (senadores y representantes a la cámara), seguidamente, en el segundo trimestre, votamos en primera y segunda vuelta para elegir a nuestro presidente y vicepresidente. Y aún hay más, en el mes de agosto del año pasado, si lo recuerdan, votamos la consulta “anticorrupción”, y con los resultados le anunciamos a viva voz al mundo que nos gusta la corrupción, ¡qué vergüenza! Menudo trabajo de la Registraduría Nacional, y le resultaría merecidas unas vacaciones si este 2019 no tuviésemos nuevamente elecciones y votaciones para elegir ahora a nivel regional a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y administradores de juntas de acción comunal entre otros.
Muchas conclusiones y opiniones podríamos expresar de lo anterior, en lo que me concierne, pienso que es excelente que hayan elecciones y votaciones recurrentes, prefiero eso, claro está, a no tener libertad de elegir y votar como en otros países sucede. Pero vayamos más allá de lo obvio. Nuestro país está diseñado para que la política sea un negocio y en consecuencia para que los políticos sean un gremio de negociantes. Ahora bien, una de sus actividades comerciales y mercantiles son las elecciones y votaciones, que más que pilares de la democracia, se han convertido en jugosas inversiones de capitales.
Para nadie es un secreto las cantidades de dinero que veremos desembolsadas en estas elecciones, los votos comprados y negociados, las campañas publicitarias extravagantes y cuantiosas, los mal llamados líderes sociales subastándose al mayor postor. Pero eso no es lo más grave. El principal temor de que la política sea un negocio es la participación de dineros privados (la mayoría de los casos de no legitima procedencia) en la financiación de campañas electorales, con el único fin que una vez su candidato tome posesión como Alcalde o Gobernador, con su anuencia, robarse y sustraer el erario público como ya en varias ocasiones lo hemos visto. Esto mis queridos lectores es la semilla de la corrupción en la política.
Siempre he pensado que estas elecciones regionales son las de mayor relevancia, pues son los Alcaldes y Gobernadores quienes al fin al cabo terminan por ejecutar en sus regiones lo que a nivel nacional se define bajo el centralismo bogotano que aún impera. Son ellos los que observan bajo la regla de la “inmediatez” las necesidades de sus Municipios y Departamentos, el padecimiento de sus pueblos y por lo tanto son ellos los llamados a darles una solución real y efectiva. En ese sentido, espero no resulte entrometido para invitarlos a hacer una reflexión personal de lo que aspiramos y anhelamos política y administrativamente para nuestro Cesar y Valledupar. Urge elegir personas probas, no inexpertas, con carácter, no simplonas ni aduladoras, expertas en el manejo del recurso público y no derrochadoras, con mentalidad de estadistas, pero sobre todo serias y honestas, que tengan el puro convencimiento que los recursos públicos son sagrados y del pueblo. Claro que si los hay, estudiemos sus hojas de vida, sus estudios, su experiencia laboral y su don de gente. A lo mejor, de pronto como en el libro del génesis hallemos siquiera un Lot entre Sodoma y Gomorra.
Andrés Felipe Maestre Labrada
Abogado especialista en Derecho Laboral
