Hoy después de mucho tiempo Colombia se reviste de resistencia sindical, estudiantil, campesina, étnica, cívica y ciudadana. Los cesarenses nos vimos magníficamente representados en la movilización multitudinaria que se realizó el día 21 de noviembre de 2019, convocada para darle inicio a lo que bien pronto se transmutó en el Paro Cívico Nacional más largo y significativo que ha habido en los últimos años, evidenciándose con ello la consolidación de diversos sujetos, sectores y organizaciones sociales que convergen en sus luchas por una Colombia más justa, menos desigual.
Por lo menos en Valledupar, distintas organizaciones sociales se han tomado las calles con mucha creatividad y de manera pacífica, juntando sus voces al unísono para darle más fuerzas a las exigencias históricas que amplios sectores de la población le hacen al Estado y al actual gobierno colombiano, que actúa a favor de las políticas neoliberales, en contra de los intereses colectivos de las mayorías ciudadanas y en contravía de la equidad, de la implementación efectiva del Acuerdos de Paz, de los liderazgos sociales, de los recursos naturales, de las alternativas al desarrollo construidas por las comunidades y de la pervivencia segura en los territorios rurales y ancestrales.
El Paro del 21N está imbricado con el Paro Cívico de 1977, pese a que éste último hoy en día no es tan recordado por la opinión pública del país. El historiador Mauricio Archila devela en un ensayo sobre este acontecimiento las razones por las cuales todo el pueblo colombiano decide paralizar el país el 14 de septiembre de ese año, en los campos y ciudades, en símbolo de protesta frente a las políticas demagogas de la administración de Alfonso López Michelsen (1974-1978), quien llega al poder con un aura de cambio social por su antigua formación en el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), desde donde discernía que la alternación del poder del Frente Nacional era absolutista por lo que el juego democrático requería de nuevos partidos más allá del bipartidismo liberal conservador.
Pero López Michelsen, al poco tiempo dejó entrever los verdaderos propósitos de su “Mandato Claro” y empezó a implementar en su programa de gobierno, políticas que desfavorecían los intereses populares. Por ejemplo, el alto costo de vida como consecuencia del alza de la inflación, la flexibilidad laboral propiciada por el Estado, la estigmatización de la protesta, el estado de sitio, entre otros múltiples motivos llevaron a las calles a profesores, estudiantes, campesinos, indígenas, sindicalistas y pobladores urbanos, destacándose la masiva participación de las mujeres, para hacer exacción de los derechos de un país que lleva a cuesta desde su génesis las secuelas ocasionadas por el autoritarismo, la dominación, la expoliación, la inequidad.
Cabe anotar que esta jornada de protesta nacional tuvo sus significativas expresiones locales y territoriales en Valledupar y el Cesar que hacen parte del acumulado de las movilizaciones sociales en la región.
Lo que está pasando actualmente es un hecho de una enorme trascendencia que quedará plasmado en el relato de la historia del país y se convertirá en un referente de lucha ciudadana, de la misma manera como es recordado el Gran Paro Cívico del Nororiente de 1987, como la única expresión de lucha civil que había acogido el sentir de prácticamente todos los sectores populares cesarenses, en solidaridad con los campesinos de ésta macrorregión del país.
Fueron varios los antecedentes históricos que configuraron un inconformismo progresivo en la sociedad que se fue decantando. Dentro de ese cúmulo de circunstancias se puede mencionar la bonanza algodonera, la cual precisamente llegaba a su fin alrededor de 1975, circunstancia que posibilitó crecientemente la concentración del poder económico y político en pocas familias a causa de las desventajas financieras que el Estado les brindó a los campesinos para la competencia en el mercado con terratenientes y agroindustriales. Posteriormente, se exteriorizaron embestidas por parte de los latifundistas en contra de los campesinos sin tierra y de los pobladores rurales.
Estas acciones de violencia siempre fueron amparadas por las autoridades locales, quienes hipócritamente mostraban empatía con los campesinos en sus territorios; pero en instancias nacionales cobijaban las ideas de los empresarios y hacendados, situación que contribuyó a generar las condiciones para la irrupción en el territorio de las insurgencias, así como a la emergencia de expresiones locales de organizaciones políticas de izquierda tales como la Unión Patriótica y A Luchar.
Luego de la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) bajo el gobierno de Alberto Lleras Restrepo (1966-1970), muchos campesinos empiezan su militancia buscando consolidar la reforma agraria propuesta; la misma que fue dilatada en el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) con la firma del nefando Pacto de Chicoral, el cual cambio la lógica que venía emergiendo de las bases campesinas sobre el desarrollo rural, puesto que se le dio prioridad al crecimiento empresarial y a la gran propiedad sobre la redistribución de la tierra y el apoyo a los pequeños productores del campo.
Como consecuencia de muchas razones sólidas, fueron alrededor de 5 días de concentración en 36 municipios de cinco departamentos, siendo un punto estratégico el de la Plaza Alfonso López en Valledupar, donde nuevamente los campesinos, estudiantes, organizaciones populares y sindicales se unieron por la demanda del derecho a la vida, asistencia técnica al campo, mejores oportunidades para todos y la protección de la población civil en zonas de conflicto afectadas principalmente por las estrategias de terror y tierra arrasada que imponían las estructura paramilitares.
Pero esa movilización pacífica y popular desató una ola de violencia y asesinatos selectivos en contra de los líderes sociales que empezaron a dar cuenta taxativa de la virulencia, autoritarismo y aniquilación del movimiento social y ciudadano por parte de las élites que llegan al poder a ejercer su dominio y a “sancionar” las políticas del Estado.
Por casos concretos como los mencionados, organizaciones sociales y académicas, se han encargado de reconstruir la memoria histórica del país en relación con el conflicto armado; tarea que tiene que ser apoyada por el Estado colombiano que debería reconocer la necesidad que tiene un país de hacer una memoria que posibilite la construcción colectiva de una narrativa de paz fundamentada en la invalidación y transformación de los hechos violentos reproducidos en el pasado.
Por lo tanto, es de suma importancia que se escriban las emergencias de los reclamos y luchas que se han vivido en el país como referentes a vindicaciones del presente, ya que gracias a lo poco que está escrito, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que las exigencias pacificas del pueblo han sido las mismas y las respuestas de los gobiernos, invariablemente siempre han sido violentas e intrascendentes.
Por eso, sin importar las transgresiones por parte del gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022), debemos ser implacables en las movilizaciones, porque a pesar de las brumas, estas acciones de resistencia brindan la posibilidad de transformación en un país tan profunda y lacerantemente desigual como Colombia, además, permiten reorganizar las necesidades que van surgiendo de cara a las negociaciones con el presidente y su gabinete, trazando una ruta conforme a los traspiés y alcances de los pactos antecesores y a los cambios en las dinámicas socioeconómicas del país.
De este modo, el compromiso social es que cada individuo aporte al debate nacional desde sus posibilidades, a fin de sumar fuerzas y lograr una articulación colectiva del pueblo como exigencia de nuestros derechos.
Sigamos en pie de lucha: rememoremos y honremos el legado de quienes fueron silenciados, pero nunca olvidados. Recordemos que la actual movilización transita por una senda de resistencia cargada de memoria y dignidad.
* Felicia Bracho Oñate, es una mujer afrodescendiente de la comunidad de Guacoche, Cesar, socióloga, investigadora intercultural y defensora de derechos humanos.
