¿EL RETORNO SINIESTRO DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA? Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares

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Guillermo Botero Gil fue designado por el presidente Iván Duque para ser el jefe de una de las carteras ministeriales más poderosas, el Ministerio de Defensa.

Botero Gil, quien ha sido cercano al máximo jefe del partido de Gobierno Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, hoy enfrenta lo que se podría llamar “La mala Hora del Ministro Botero”, sin embargo, su polémica es de vieja data.

Por sus antecedentes, por su anuncio y nueve meses después, por su gestión. Además, porque los temas a los que se ha referido tocan temas de alta sensibilidad, temas sobre violación de Derechos Humanos, de los cuales la sociedad civil no quiere retroceder.

¿Dónde está la Garantía de No Repetición?

El último de ellos tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, como la prensa escogió dar nombre para hablar del asesinato de más 10.000 jóvenes que fueron disfrazados de guerrilleros y posteriormente asesinados.

El asesinato de Dimar Torres ha abierto el triste capítulo ante la opinión pública sobre las ejecuciones extrajudiciales, de hecho, tal como lo había informado la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, el martes 23 de abril, todos los hechos señalaban a miembros del Ejército como autores del crimen de Dimar Torres.

Así como también de las acusaciones hechas por la comunidad de Campo Alegre sobre la manipulación de la escena y la intención de ocultamiento del cuerpo del exguerrillero de las FARC.

Un ministro que ‘tira línea’ desde los micrófonos

Botero Gil, desde su llegada al ministerio de Defensa, no ha escondido sus posiciones. A través de declaraciones a los medios de comunicación o utilizando el espacio que le ha brindado el presidente Duque, en lo que se han convertido en las alocuciones del ministro.

Lo de Botero Gil ha sido una estrategia de desprestigio contra la protesta social, una evasiva constante en la responsabilidad del gobierno sobre el asesinato selectivo de líderes, lideresas y excombatientes en Colombia.

De hecho, el ministro de Defensa ha señalado, sin ningún tipo de reparo, que hay grupos armados infiltrados en las protestas; ha dado versiones en micrófonos de manera oficial, aunque, con ese mismo ahínco, después no aparecen las pruebas de sus aseveraciones.

Una de las más recordadas tiene que ver con la que aseguró que la protesta era objeto de dineros turbios “Los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social. Cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana, detrás de eso siempre están mafias de verdad, mafias supranacionales de diferentes países que lavan el dinero con habilidad y vuelve al país por diferentes vías”.

Ese suceso sirve de ejemplo para mostrar cómo desde el ministerio se han expresado versiones sin ningún tipo de sustento y que, esperando a que se disuelvan con la dinámica agenda mediática que ha tenido la Colombia de Iván Duque, se pierdan en la impunidad.

Botero contra las cuerdas

Sin embargo, el caso sobre el asesinato de Dimas Torres parece que no le salió a Botero Gil, quien sigue entregando versiones y declaraciones encontradas que lo tiene contra las cuerdas y a las puertas de un debate de moción de censura anunciado por la oposición y que hace eco a una sociedad civil que en redes sociales claman por la renuncia de Botero.

Así, y a pesar de la insistencia de Botero de que el asesinato había sido producto de un forcejeo o que “en un lugar donde es una inmensidad de coca, uno podría pensar cualquier cosa alrededor de ese negocio, pero estoy haciendo una especulación y no me comprometo con esa versión”.

Justamente, Botero Gil en una entrevista con Caracol Radio, no le pareció irresponsable asegurar que la muerte de Dimar Torres era producto de un forcejeo y que para eso necesitó, únicamente, de la versión del cabo Jaime Gómez.

Botero Gil es certero al decir que se debían esperar los resultados de ‘balística’ que hizo la Fiscalía General de la Nación y que fueron leídas por el Fiscal Néstor Humberto Martínez.

Sin embargo, nuevamente sin tener información muy clara se presentó la siguiente escena:

Pregunta/respuesta La periodista de Caracol Radio le preguntó al ministro: ¿Se tienen indicios de las motivaciones que habría tenido el cabo para asesinar a este hombre desmovilizado? También alrededor de la especulación que se habla de una castración, ¿eso sí ocurrió? ¿Participaron más personas en ese crimen?

Botero: “Muy buena pregunta verdaderamente, yo pienso que sí, efectivamente fue un homicidio como lo explicó el fiscal NHM (…) Si hubo un homicidio, tuvo que haber alguna motivación a menos que haya sido un acto de esos de intemperancia o alguna cosa, vaya uno a saber porque”. Asimismo, negó la castración y dijo que desde la Fiscalía se adelanta investigaciones para conocer si hubo participaciones de más efectivos.

El informe que prueba el asesinato

El asesinato de Dimar Torres le juntó al gobierno nacional un capítulo que buscaba mantener sin tanto ruido. Precisamente sucesos por los que deberían dar declaraciones al respecto el presidente Iván Duque, el Ministro Botero, el general del Ejército Nicacio Martínez Espinel y general Villegas Muñoz.

Villegas Muñoz fue el general que, antes de la rueda de prensa ofrecida por Martínez Neira y Botero Gil, reveló desde Catatumbo que “No mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad. Lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por lo tanto lo lamento en el alma”.

Además aseguró que “Si ese muchacho, ese suboficial, y los otros muchachos estaban al margen de la ley, créanme que como comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano pondré todo lo necesario para que la Fiscalía demuestre lo que hizo y por qué lo hizo. Que diga la verdad y que pague por lo que hizo”, e indicó que el asesinato de Dimar fue una ejecución extrajudicial.

Casi sin salida, y bajo la razón de que ese mismo domingo a Martínez Neira le llegaron los resultados de balística, el fiscal y el ministro de Defensa corroboraron que efectivamente a Dimar Torres lo asesinó el ejército.

“Esta persona no participó…o puedo estar equivocado”

Después de que la opinión publica conoció las declaraciones de Villegas Muñoz, que, dicho sea de paso, fueron bien recibidas, al gobierno nacional le volvió a llegar el informe que hizo Human Rights Watch (HRW) en el mes de febrero en las que revelaron los vínculos de la cúpula militar, que fue nombrada por el ministro Botero y el presidente Duque, con las ejecuciones extrajudiciales.

Dentro de los nombres se encuentran el comandante del ejército, Martínez Espinel y el general Villegas Muñoz. Frente a los señalamientos que enlodan a Villegas Muñoz, el ministro Botero, en la misma entrevista con Caracol Radio, apeló a su memoria para decir que Villegas Muñoz no estaría involucrado en un caso de ejecución extrajudicial que lo salpica, tal como lo doy a conocer HRW.

En este sentido, pese a que Botero lo negó, Villegas quien hoy es el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, rango designado para cumplir el Plan de Guerra’ de Duque; le corre la vigencia de una investigación por la ejecución de Omer Alcides Villada, un agricultor con discapacidad mental.

Villegas comandaba el batallón Pedro Nel Ospina, quienes habrían perpetrado el asesinato de Alcides, para después hacerlo pasar como combatiente de las FARC – EP, muerto en combate. Según HRW, Villegas certificó el pago de 1 millón y medio a un informante, quien a la postre permitiría la supuesta ‘baja’ de Alcides.

El rancho ardiendo

Nueve meses han transcurrido desde que Botero asumió su puesto en el comando de la Fuerzas Armadas y en la instalación que ha hecho sobre la ‘Seguridad Democrática’ a la que afanosamente acudió Duque.

Hoy, en el territorio colombiano se siguen presentando desplazamientos forzados, asesinatos selectivos a líderes y lideresas y, como en el caso de Dimar Torres el asesinato de un excombatiente de las FARC, que no sólo hace parte de los 91 asesinatos de excombatientes y 26 familiares de éstos, sino del tenebroso capitulo que atraviesa Colombia, el retorno de las prácticas de ‘Seguridad Democrática’.

 


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