El senador electo Antonio «Toño» Correa está en aprieto. Es muy probable que no alcance a calentar la silla que tiene asignada en el senado desde julio. Todo por una «mermelada» (cupo indicativo) de $5.000 millones. La Sala de Indagación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo acaba de llamar a indagatoria. Existen claros indicios y material probatorio de haber recibido una comisión del 12% por obras de infraestructura deportiva que se ejecutaron a medias en El Peñón (Bolívar) y Santa Cruz de Lorica, Córdoba.
De igual manera, tres canchas sintéticas en Tierralta y La Doctrina, corregimientos de Santa Cruz de Lorica (Córdoba), por 1.566.979 millones de pesos.
No obstante, lo que hizo «Toño» Correa lo hace —presuntamente— la mayoría de los parlamentarios de la Costa Caribe. Para ellos, es algo normal. VoxPopuli Digital abrirá una línea de investigación para saber dónde están las obras construidas con los cupos indicativos de los parlamentarios de Bolívar. Al término del cual presentaremos las evidencias a los investigadores de la Corte Suprema de Justicia. Esperamos que las comunidades nos colaboren en esta tarea.
Antecedentes
Cuando los hechos sucedieron, 2017, «Toño» Correa era senador por el movimiento Opción Ciudadana. Para la siguiente legislatura no fue reelegido. Pero en las elecciones del pasado 13 de marzo del 2022 se presentó. Está entre los senadores electos del partido de la U. Ocupó el último lugar del escaño. Ahora está en tibiri-tabara. Probablemente le espera una celda en el pabellón Ere de La Picota.
El senador Antonio Correa Jiménez nació el 14 de junio de 1975. En su hoja de vida se dice que nació en Cartagena. Pero Wikipedia señala que nació en el municipio de Canalete, departamento de Córdoba. Es médico cirujano de la Universidad de Metropolitana de Barranquilla. Tiene una especialidad en Gerencia Pública con CECAR de Sincelejo. Su primer cargo público lo ocupó en Magangué durante la alcaldía de Jorge Luis Alfonso López.
De los personajes involucrados en este caso del senador Correa, ya fue condenado el alcalde de El Peñón, Arling Arias García y 5 funcionarios y contratistas. Ellos son:
Carlos Celestino Martelo, contratista. Condenado a 65 meses de prisión por interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y concierto para delinquir.
Edwin Fabián Moreno, exfuncionario de Coldeportes. Condenado a 60 meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
Carlos Hernán Rivero, exfuncionario de Coldeportes. Condenado a 78 meses de prisión por interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.
Vanesa Margarita Deyoung. Recibió una condena de 5 años y 3 meses por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y concierto para delinquir.
Mariela Margarita Trujillo, exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Antonio José Correa, a quien se le concedió principio de oportunidad parcial. Fue sentenciada por concierto para delinquir a 28 meses de prisión. Está libre. Esto fue tomado del boletín de la Fiscalía.
«Toño» Correa en aprieto por saborear la mermelada
Los cupos indicativos son asignaciones presupuestarias recibidas por los parlamentarios por parte del ministerio de Hacienda para dirigirla a dónde ellos lo consideren. Reemplazaron los antiguos auxilios parlamentarios. Esta figura fue creada en el gobierno de Andrés Pastrana en 2000. Según el expresidente Santos se concibió con el fin de reformar la Ley de Regalías y la Constitución. Según la justificación política del expresidente, era garantizar el principio de equidad para que la inversión social dada por las regalías se pudiese invertir en regiones y subregiones en una forma equitativa.
Sin embargo, los parlamentarios usaron esos cupos indicativos como si fueran de su propiedad. Los venden al mejor postor. Uno de los parlamentarios que más cupos indicativos pudo comprar a sus colegas fue el «Ñoño» Elías de Córdoba. No solo se enriquecen a costa del empobrecimiento de esas regiones y subregiones sino que el dinero lo usan para volverse a reelegir.
Además, en el proceso contra el exsenador Musa Besaile, la Corte Suprema de Justicia tiene bien documentado el hecho de que ese exparlamentario condenado por corrupción, llegó a tener más de $100.000 millones por año en cupos indicativos. Los congresistas que vendían sus cupos recibían una comisión que llegaba hasta el 10%.
Según uno de los testimonios sistematizados por los investigadores de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de congresistas recibieron mermeladas de diferentes entidades del gobierno central que reparten el presupuesto de las regalías.
«Toño» Correa en aprieto ¿y sin salida?
De acuerdo con el diario El Tiempo que pudo tener acceso a la ponencia de 85 páginas del magistrado Francisco Farfán, magistrado de la Sala de Instrucción, le abrió la investigación penal. Los delitos que le imputan son concusión e interés indebido en la celebración de contratos. Estos cargos los sustenta con material probatorio que demuestran que Correa realizó acciones para obtener provecho económico, para sí y para terceros, en abuso de su cargo como senador. Hubo un direccionamiento de recursos a manos privadas.
Para explicar lo anterior debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué «Toño» Correa está en aprieto? En 2016 Coldeportes le asignó un cupo indicativo de $5.000 millones para infraestructura deportiva y recreativa. Direccionó con el alcalde de El Peñón, Arling Arias García, la suma de $3.491 millones.
Para cometer la tramoya, Coldeportes celebró con El Peñón (Bolívar) en 2017 el convenio 001405 para la construcción de una cancha de fútbol en el barrio La Concepción. Abrieron la licitación y, por supuesto, se la ganó el consorcio señalado por Correa. En consecuencia, se le adjudicó al Consorcio El Peñón. Este estaba integrado por el Grupo Empresarial Dicon SAS, Investment y Bussines Global SAS; VD & B Ingeniería, y José Miguel Cuéllar.
¿Cómo se hizo la tramoya?
La licitación para la adjudicación del contrato, como es lógico, la arreglan. Los mismos futuros contratistas elaboran el pliego de condiciones de la licitación y colocaron los interventores escogidos de la misma forma. Según el expediente, esto mismo se hizo con la cancha de El Peñón. Recordemos que Dicon SAS fue una de las empresas que permitió a Dionisio Vélez, alcalde de Cartagena en 2014, dilapidar la suma de $79 mil millones de pesos para intervenir 171 calles. Ese dinero hizo parte del préstamo de $250 mil millones que le aprobó el concejo de la época.
En el caso de El Peñón, el senador habría recibido en 2017 tres sumas de dinero. Una, de $180 millones entregada por Deyongh, Juan Guillermo Gómez y Julio Torres. La segunda de $35 millones de parte de Richard John Benítez, esposo de Deyongh. Ella recibió ese dinero de Carlos Celestino. La tercera entrega de $100 millones que habría hecho directamente Deyongh. El dinero lo recibiría el senador en varios restaurantes afuera de Cartagena de Indias.
La construcción de la cancha de El Peñón tuvo muchos tropiezos. Los constructores no cumplieron con los plazos. Todo indica, que el dinero presupuestado no se invirtió totalmente en la obra. Entregaron una obra totalmente distinta a lo diseñado.
En Lorica hicieron lo mismo
De igual manera, los otros $1.566 millones fueron adjudicados mediante un convenio entre Coldeportes y la alcaldesa de Santa Cruz de Lorica, Nancy Sofía Jattin. Allí debieron construir tres canchas sintéticas en Morales, Tierralta y La Doctrina, corregimientos de Lorica. Los contratistas beneficiados fueron consorcio MDT 2018 de María Inés Pineda Contreras, conformado por la Constructora PC & PG SAS y Amado Miguel Ortiz.
En esta oportunidad, la comisión la entregó el amante de la alcaldesa de Lorica, Óscar Camacho. Este le entregó $80 millones a Mariela Trujillo, de la UTL de Antonio Correa. A su vez, Trujillo le entregó a «Toño» Correa $35 millones. En tanto que los otros $45 fue consignado a cuentas de un líder político de Magangué, amigo del senador.
Todo esto está debidamente documentado. La testigo principal es Mariela Trujillo, quien fuera de las entrañas de UTL de Correa. Dice ella que actuó conforme a lo exigido por el senador. Le ordenó realizar contactos con Coldeportes. Para esto se prestó el arquitecto Gustavo Álvaro Velandia, quien estaba encargado de constatar la viabilidad técnica y financiera del proyecto de El Peñón.
Finalmente, ¿cuál será la suerte de «Toño» Correa? la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deberá escuchar a Correa en diligencia que le debe ser notificada próximamente. Una vez lo escuche, evaluará los resultados de la misma y tomará la decisión del caso. Ya sea que dictamine medida de aseguramiento en cárcel o que prosiga en el caso en calidad de indiciado. ¿Calentará la silla del senado desde julio? Es una incertidumbre.
