Una comisión liderada por el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, inició un recorrido por el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba para escuchar a las comunidades de la región y atender sus problemáticas relacionadas con graves vulneraciones a los derechos humanos como son el desplazamiento y la violencia.
La misión humanitaria partió este jueves 21 de febrero de Montería y abarcará los municipios San José de Uré y Montelíbano (en Córdoba), así como Caucasia, Tarazá, Cáceres y El Bagre (en Antioquia).
El recorrido incluirá reuniones con líderes de la comunidad, con organizaciones sociales y comunitarias, con autoridades indígenas, con autoridades de la fuerza pública y con autoridades locales y departamentales, entre otros.
San José de Uré, Córdoba.
En la mañana de este jueves, la misión liderada por el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, llegó hasta el municipio de San José de Uré en el departamento de Córdoba, donde 243 familias han sido desplazadas por el accionar de los grupos armados ilegales que se disputan la minería ilegal y el control de los cultivos ilícitos de la hoja de coca en la región.
Carlos Negret expresó su preocupación porque dicha situación había sido advertida por la Entidad mediante las alertas tempranas 071 y 023. Por esta razón se reunió con líderes de la comunidad y defensores de derechos humanos en el salón comunal del barrio Pueblo Nuevo para escuchar las necesidades más apremiantes de los pobladores.
San José de Uré hace parte del corredor geográfico del Alto San Jorge. Allí se constató la preocupante situación de violencia que está sufriendo el municipio por cuenta de la disputa entre el Clan del Golfo y Los Caparrapos. Según cifras que aún están por establecer, el año pasado se habrían registrado 24 homicidios. “Aquí en San José de Uré están asesinando a las personas, debido a la minería ilegal y al control de la hoja de coca”, dijo el Defensor Negret.
Después de escuchar a la comunidad, el Defensor Carlos Negret y su equipo contrastó la información con las autoridades locales.
Además de las medidas de seguridad para la población, se requiere inversión social y en infraestructura. En el año 2017 se partió un puente vehicular que comunicaba al municipio con el corregimiento de Versalles. Hoy las comunidades siguen pidiendo su reconstrucción.
“Vamos a seguir trabajando para que las alertas tempranas sean atendidas, porque una alerta atendida es una muerte evitada, y una alerta atendida es un puente ejecutado que todavía en San José de Uré no lo vemos”, aseguró Negret.
En ese sentido hizo un llamado al Procurador General de la Nación para que se abran procesos disciplinarios a los servidores públicos que no atiendan las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo.
Montelíbano
En horas de la tarde, la comisión se desplazó por vía terrestre hacia el municipio cordobés de Montelíbano, localizado en el extremo suroriental del departamento. Allí, al igual que en San José de Uré, se mantiene la zozobra debido a la disputa territorial entre los grupos armados ilegales por el control de la minería y la producción de coca, que ha generado desplazamiento forzado y amenazas contra la vida e integridad de los líderes sociales.
El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, escuchó a líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, autoridades étnicas y representantes de víctimas en la Diócesis del municipio.
“Seguiremos haciendo nuestro trabajo en las regiones, en el terreno, y diciéndole al Gobierno nacional que sigamos trabajando coordinadamente para que en Colombia no asesinen a ni un líder social más, pero además que se mejoren las condiciones de infraestructura, educación, salud, vivienda, entre otras”, expresó el Defensor.
“El trabajo de nosotros debe ser coordinado con las autoridades, si somos más rigurosos con las alertas tempranas de la @DefensoriaCol, evitaremos que mueran más líderes sociales”: Defensor del Pueblo, desde Montelíbano, Córdoba.
Posteriormente se reunió con alcaldes locales, autoridades militares, eclesiásticas, y representantes de la sociedad, quienes le manifestaron su preocupación por la escasez de docentes en las zonas rurales de los municipios Montelíbano, Puerto Libertador, Ayapel y La Apartada.
“Haremos los respectivos requerimientos al Gobierno nacional y departamental para que se garantice el derecho a la educación en esta zona”, dijo el Defensor.
Con respecto a las elecciones de autoridades locales que se llevarán a cabo este año, Negret Mosquera manifestó que la Entidad ya se encuentra elaborando una alerta temprana para asuntos electorales, porque “si el Estado no trabaja de manera coordinada, quienes van a elegir a los alcaldes en el departamento serán los grupos armados ilegales”.
Caucasia, Tarazá y El Bagre
En el segundo día del recorrido humanitario por la subregión del Bajo Cauca antioqueño, la comisión liderada por el Defensor Carlos Negret llegó hasta el municipio de Caucasia, en el nororiente del departamento de Antioquia. Allí se reunió con los alcaldes de los seis municipios que componen la subregión y con autoridades de la Gobernación de Antioquia para analizar la situación de derechos humanos de la zona.
“El trabajo de la Defensoría es en terreno, por eso estamos aquí, para exigirle al Gobierno nacional protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos de esta zona”, expresó el Defensor durante el encuentro sostenido en la Alcaldía Municipal.
El sábado, el Defensor del Pueblo estuvo en el municipio de Tarazá (Antioquia), donde se reunió con la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC), la Coordinadora de Cultivadores coca, amapola y marihuana (COCCAM) y líderes comunales promotores del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). En la tarde se trasladó hacia Cáceres para escuchar a las autoridades indígenas, víctimas y líderes locales. Este domingo, la misión finalizará su recorrido en El Bagre, Antioquia.
