Creyendo que había regresado el ejército nacional, que una semana antes habían realizado una meticulosa operación de registro a las personas y las viviendas de la vereda El Toco, esa noche del veintidós de abril de 1997, los campesinos no se alarmaron cuando vieron llegar a un nutrido grupo de hombres armados, portando insignias, armas y prendas privativas de las fuerzas militares.
Como ocho días antes, el contingente acampó y pernoctó en la Casa Comunal. Al rayar el día veintitrés, los habitantes del caserío, notaron con pavor que sus visitantes en realidad eran los paramilitares, de cuya existencia conocían, pero los percibían como algo lejano a ellos.
En medio de gritos, golpes y amenazas, los agresores reunieron a los habitantes del caserío, en la cancha. Un paramilitar leyó en voz alta la lista de las personas que buscaban, todos eran líderes de la comunidad. Después de asesinar a Darío Parada, secretario de la Junta de Acción Comunal, y al hijo del presidente, Daniel Cogollo, a quien confundieron con su padre, por llevar el mismo nombre, los paramilitares, ordenaron a la comunidad abandonar sus tierras, luego saquearon e incendiaron las humildes viviendas y hurtaron el ganado de los campesinos. Casi un mes después, el 18 de mayo, el mismo grupo paramilitar regresó al corregimiento Los Brasiles.
Ese día asesinaron a ocho personas, cinco de ellos parceleros de la vereda El Toco. El 7 de agosto de 2000, algunos funcionarios públicos, invitaron a los parceleros de El Toco, a una supuesta reunión con el INCODER y la Cruz Roja Internacional, para corregir los títulos de adjudicación.
Cuando estaban reunidos, apareció un grupo de paramilitares fuertemente armados, sometieron a los asistentes y asesinaron a tres parceleros de El Toco, que ingenuamente, acudieron a la cita.
Este fue un claro caso de perfidia1, prohibida por el artículo 37 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra y tipificado en el artículo 143 del Código Penal Colombiano.
A partir de allí comenzó el más horrendo calvario de un colectivo campesino que no se ha cansado de reclamar la restitución de su territorio y su derecho a retornar en condiciones de dignidad, pero se ha encontrado con una institucionalidad sorda, insensible y muchas veces cómplice, que se ha prestado para fracturar la comunidad y favorecer los designios de criminales de los despojadores.
Para no ir muy lejos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en su informe La maldita tierra Guerrilla, señaló que “en un informe de abril de 2015 la Procuraduría 1 Código Penal Colombiano, artículo 143. Perfidia. Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, 1949.
Artículo 37. General resaltó que entre 2003 y 2010 en el Incoder Cesar no solo hubo negligencia, sino también indicios de que “la entidad se hubiese creado como una asociación para delinquir al servicio de intereses mafiosos”.
Sobre el caso particular de Cesar, el ente de vigilancia encontró que funcionarios de ese instituto favorecieron el despojo a través de “declaratorias de caducidad administrativa y desconociendo el contexto de violencia paramilitar para favorecer los intereses de este grupo ilegal 2”.
La situación de la comunidad El Toco, sigue siendo similar o peor que hace casi cinco lustros, la mayoría de los parceleros aún están en condición de desplazamiento forzado, la comunidad sigue dispersa y fracturada, sus líderes siguen siendo perseguidos y los crímenes de que fue víctima siguen la más oprobiosa impunidad.
Resulta ofensivo comprobar que a las viudas y mujeres cabeza de familia de esta comunidad, la Unidad de Restitución de Tierras, les negó su derecho a la restitución; el terreno donde estaban las viviendas incendiadas luego de la incursión paramilitar, se adjudicó al municipio de San Diego, como si se tratara de un reclamante más, mientras que las víctimas deambulan sin un techo en el que resguardarse; y, muchos opositores, funcionarios públicos o familiares de estos, ostentan el título de propietarios de un territorio que pertenece a un colectivo campesino.
Mientras que la Unidad de Atención a Víctimas, reconoció el carácter de sujeto colectivo a la comunidad El Toco, la Unidad de Restitución de Tierras, nunca la reconoció como tal y hoy pretende entregar el territorio a personas ajenas a él.
Han transcurrido veinticuatro años, pero para la comunidad El Toco, el tiempo se congeló, su dolor sigue intacto y lejano parece el día en que se pueda conocer la verdad de lo ocurrido, obtener justicia y la reparación que merecen.
Como lo señaló su representante legal, Miguel Antonio Ricardo Serna: “A pesar de que los paramilitares y hasta la institucionalidad, se empeñaron en destruir nuestro proyecto de vida colectivo, seguimos sintiéndonos una comunidad. Nuestra única aspiración es ser y sentirnos, algún día, la comunidad alegre y solidaria que alguna vez fuimos”.
Pocas veces en la historia de Colombia, un grupo humano ha sido víctima de tanto odio y tanta infamia.
¡Una sociedad con vergüenza, lo impediría!
