Redacción: laregional.net-
La Defensoría del Pueblo de emitió una alerta temprana para San Andrés, Providencia y Santa Catalina ante la evidencia de amenaza de grupos armados en el Archipiélago y su disputa por las economías ilegales.
«El riesgo advertido son las vulneraciones de derechos humanos individuales y colectivos de la población», explicó la entidad.
En su reciente visita a San Andrés, el defensor del pueblo nacional, Carlos Camargo, hizo una radiografía de la situación actual que vive el departamento a causa, en gran medida, del fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado en las islas y su disputa por el territorio, advirtiendo sobre algunas de las consecuencias más preocupantes: «homicidios selectivos, tráfico ilegal de migrantes, reclutamiento e instrumentalización de menores de edad, desapariciones y desplazamientos forzados, extorsiones y amenazas, entre otras».
Camargo señaló que estas estructuras se encuentran al servicio de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC- Clan del Golfo) y Los Rastrojos; además, están tercerizando grupos locales, como la banda de los Pusey o la Fortaleza, que mantienen su injerencia en el Archipiélago.
«Estos grupos armados se enfrentan por el manejo de economías ilegales, lo que ha generado un incremento exacerbado de los homicidios; nos preocupa que la niñez, los adolescentes y los jóvenes sean los principales afectados, y no solo sean utilizados para las labores de transporte de droga, también para el sicariato, el cobro extorsivo, las amenazas y los hurtos».
Otras amenazas
El defensor de pueblo también destacó que una de las mayores preocupaciones está relacionada con la nueva ruta de migrantes venezolanos que llegan a San Andrés con rumbo hacia Centroamérica y los Estados Unidos, «dado el riesgo que existe de ser víctimas de trata de personas, entre otros delitos, por cuenta de las organizaciones criminales».
Así mismo, Camargo indicó que el trabajo de monitoreo de la Defensoría del Pueblo detectó «agresiones contra líderes sociales que realizan actividades de veeduría ciudadana y denuncia pública por corrupción, que amenaza el trabajo comunitario».
Además, la comunidad también denunció algunas condiciones de vulnerabilidad en las islas como: desigualdad social por alto costo de la vida; escasas oportunidades laborales (turismo y comercio); explotación sexual; afectaciones económicas por medidas de contención del Covid 19; afectaciones: Huracán Iota; asentamientos precarios y hacinamiento; débil y limitada infraestructura sanitaria; baja oferta educativa; condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en la que crecen niños, niñas y adolescentes; conflictividad social y étnica.
Consideraciones finales
Finalmente, el defensor del pueblo comentó que realizaron 26 recomendaciones a las distintas autoridades civiles y fuerza pública, entre estas: fortalecimiento institucional, comunitario y organizativo; disuadir, controlar y mitigar el contexto de amenaza; programas y acciones para superar la vulnerabilidad; atención humanitaria; prevención y protección de las comunidades; y acompañamiento del Ministerio Público a la gestión.
De esta manera, se espera que se garanticen los derechos humanos de la comunidad, especialmente de la población menor de las islas.
