Los pescadores de Costilla y San Bernardo no tienen acceso al espejo de agua, al parecer, un empresario con su ejército de hombres armados se los impide.
Por: Unidad Investigativa La Regional
Captación ilegal de agua para riegos de cultivos de palma de aceite y para la cría de búfalo, así como el robo indiscriminado de los playones comunales de la ciénaga de Sahaya, son dos de los factores que han motivado a más de 600 familias de los corregimientos de Costilla y San Bernardo, jurisdicción de Pelaya, al sur del Cesar, a que desde el año 2010, inicien una batalla en defensa de lo que les corresponde.
La denuncia de la comunidad hace referencia de manera enfática, al encerramiento abusivo e ilegal, de dos de los tres puertos que tiene la ciénaga de Sahaya, ordenado supuestamente por Felipe Acosta, propietario de la hacienda Tapias. Este hecho impide que los pescadores tengan acceso a la profundidad de las aguas para poder realizar sus labores cotidianas.
Como parte de la acusación también se tiene, el encerramiento con alambre de los potreros comunales que deja el río Magdalena en temporada de verano, terreno utilizado por los residentes de la zona, para la siembra de cultivos de yuca, maíz, frijoles, melón, patilla y legumbres.
De acuerdo con los residentes de los corregimientos de Costilla y San Bernardo, en una reunión en la que solicitaron el acompañamiento del Personero Municipal de Pelaya y sirvieron como garantes la MAPP-OEA y el Colectivo de Paz en representación de la sociedad civil, se expuso que, la situación tiende a empeorar porque el propietario de la hacienda Tapias cerca los playones comunales para el aprovechamiento de criar y levantar búfalos, que ha provocado el desmejoramiento y destrucción de la tarulla donde se esconden los huevos de especies como moncholo, coroncoro, comelón y galápagas.
Las 600 familias que se benefician de los playones comunales y de la ciénaga de Sahaya, pero que se sienten afectadas, en su momento iniciaron acciones legales contra Felipe Acosta, ante el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, que ordenó mediante la Resolución 536 de 2012, “iniciar el Procedimiento Administrativo tendiente a deslindar y delimitar los terrenos que conforman los playones comunales de la ciénaga de Sahaya ubicados en el corregimiento de Costilla y San Bernardo, jurisdicción del municipio de Pelaya”.
Los moradores expresaron su preocupación, porque hasta la fecha, la Agencia Agraria de Desarrollo Rural, que es la nueva institución encargada de vigilar este tipo de hecho, no se ha pronunciado y mucho menos ha continuado el proceso dejado por el Inconder, solo se han limitado a visitar el lugar, pero la orden de deslindar nunca se efectuó, por ello solicitan al Estado una solución inmediata sobre el tema de los playones comunales de la ciénaga de Sahaya.
Agregaron que, el propietario de hacienda Tapias, construyó unos canales con bomba de 4 y 6 pulgadas, lo que permite la captación de cientos de litros de agua por segundos, que es llevada hasta el sistema de riego para los cultivos de palma africana.
Ante estas denuncias, la Unidad Investigativa de La Regional se desplazó hasta la zona a dialogar con los afectados, quienes manifestaron que, en el mes de octubre del año 2014, se presentaron las primeras amenazas contra algunos habitantes de la región que reclamaban su derecho a sembrar sus cultivos en los playones comunales.
“Ese día, Felipe Acosta, llegó acompañado de 15 uniformados de la Policía y unos 30 hombre vestidos de civil y armados; y nos manifestó que esos terrenos eran de él y que, por lo tanto, todos deberían salir de inmediato de su propiedad. Además, en esa misma fecha, nos quemaron los ranchos y fueron arrasados los cultivos”, indicaron los afectados.
Aunque estas personas denunciaron el hecho ante la autoridad respectiva, hasta el momento no han tenido un pronunciamiento oficial, como tampoco tienen conocimiento de que se haya abierto investigación alguna contra los uniformados de la Policía y mucho menos contra el propietario de la hacienda Tapias por estos hechos de violación a los derechos humanos, amenazas y desplazamiento forzado.
La preocupación de los reclamantes aumentó, cuando se enteraron que el propietario de la hacienda dice tener amigos en el gobierno nacional y departamental. “Al parecer sí los tiene porque en seis años de litigio por los playones comunales y la ciénaga de Sahaya, ni el Ministerio del Medio Ambiente, Corpocesar y la Gobernación del Cesar, se han pronunciado sobre este tema”.
