El Gobierno del presidente Gustavo Petro inició el salto en el modelo de contratación pública para dar fuerza a las organizaciones populares. Convencido de que los dineros del Estado han profundizado la desigualdad en Colombia al concentrarse en empresas con músculo económico, el mandatario ha abierto el camino a la contratación directa con agrupaciones comunitarias para la ejecución de obras o compra de bienes hasta por 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, unos 7.800 millones de pesos (cerca de dos millones de dólares). Ya van 1.035 convenios firmados para adecuar vías veredales, en la cuota inicial de una puesta más grande.
Las intervenciones no se limitan a esas carreteras, las más pequeñas y locales. Van desde la construcción de vivienda rural o de proyectos de acceso a energía o internet, hasta el suministro de comida para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en escuelas o colegios públicos, entre otras inversiones que resuelvan algunas de las muchas necesidades existentes en los territorios. “El mismo dinero público concentra la economía nacional beneficiando a muy pocos, cuando el Estado puede ser un democratizador si contrata con los pequeños”, sentenció el jefe de Estado en un encuentro con tenderos en Valledupar (Cesar), en abril. Ocho meses después, y tras la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en mayo, su apuesta ha cogido impulso. “Es uno de los corazones del cambio”, enfatiza David Racero, representante a la Cámara del gobiernista del Pacto Histórico.
El PND incluyó las asociaciones público populares como mecanismo para que las entidades públicas contraten a juntas de acción comunal, comunidades étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mujeres y víctimas, por medio de selección abreviada, una modalidad que contempla la ley para procesos de menor cuantía.
Esta figura ya se traduce en alianzas como las que ha pactado el Instituto Nacional de Vías (Invías) con organizaciones comunitarias para el mejoramiento de rutas terciarias o rurales en 700 de los más de 1.100 municipios del país, y en 30 de los 32 departamentos. Luis Fernando Sepúlveda, gerente del programa Caminos Comunitarios de esa entidad, resalta los 1.035 convenios solidarios firmados este año. “Es la primera vez que se hacen convenios con organizaciones de acción comunal para infraestructura. Son comunidades que conocen la solución que necesitan para poder sacar sus cultivos y mejorar el transporte”, precisa el funcionario.
En cada proyecto, las comunidades hacen un aporte de un millón de pesos (250 dólares) en herramientas como picas, palas o azadones y asumen como ejecutoras de las obras. Es una estrategia que le pega directamente al corazón de las comunidades en zonas apartadas, pues 7 de cada 10 kilómetros de vías en el país son terciarias y solo el 10% se encuentra en buen estado.
Aunque el mecanismo se está estrenando con una política fuerte a nivel nacional, es usual que sean las propias comunidades las que realicen trabajos de este tipo con recursos propios, muchas veces ante la ausencia del Estado, o con el apoyo de entidades territoriales. Por ejemplo, en la vereda La Escuela, del municipio de Tibacuy (Cundinamarca), ubicado a tres horas en carro al sur de Bogotá, la comunidad mejoró una vía de acceso por donde antes era imposible transitar. La Gobernación de Cundinamarca aportó recursos para el pago de obreros, alquiler de maquinaria y compra de materiales, mientras los pobladores hicieron rifas para obtener dinero adicional y aportaron mano de obra.
Ricardo Urrego, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, dice que ahora transitan más tranquilos. “Son obras que realmente necesitamos porque hay gente de la tercera edad que sufre mucho por el barro, o que se tropieza con las piedras. Además, facilita el acceso de los vehículos para sacar lo que sembramos”, dice el líder de la zona que produce café, frutas y aguacate.
El subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Juan Miguel Gallego, explica que este mecanismo permite ampliar las conocidas alianzas público privadas, donde una empresa con solidez pone el capital para construir vías más amplias como las departamentales y se recupera la inversión con el cobro concesionado de peajes. “Es como llevar un concepto de concesión, pero no por peaje sino para resolver una necesidad de inversión del Estado de manera conjunta con unas comunidades, reconociendo que hay un tejido social y económico en territorios que necesita confianza y que hay que fortalecer”, señala. Para ampliar las asociaciones público populares a otros sectores del Estado, el DNP trabaja en la reglamentación que fijará condiciones más claras. Según el Plan Nacional de Desarrollo, el aporte que realice la entidad pública en cada proyecto no podrá ser superior al 50% del valor de la inversión.
