El anhelado alcantarillado de Bayunca es el sueño de 30 mil personas que desean hacer del cuerpo como Dios manda. Quieren salir de las viejas y putrefactas letrinas y disfrutar una buena sentada en su retrete con su alcantarillado moderno. Ya están casados de seguir haciendo sus necesidades en medio de ríos de aguas servidas que bañan las calles con sus millones de microbios. Dionisio Vélez prorrogó el contrato con Aguas de Cartagena, jamás pensó en los bayunqueros sino en el dulce que los españoles les enseñaron en su viaje por Barcelona.
El mejor momento para cumplirle a Bayunca, paradójicamente, fue después de la muerte de Campo Elías Terán. Dionisio Vélez prorrogó el contrato con Aguas de Cartagena, pero jamás pensó en los bayunqueros sino en el dulce que los españoles les enseñaron en su viaje por Barcelona. Debió negociar la construcción del alcantarillado, tomando en cuenta que la nación iba a colocar el 70% del costo total de la obra.
Las respuestas populistas y mentirosas que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat le entregó a los bayunqueros después de la protesta, son típicas de una persona que carece de escrúpulos para mentir. En la zona costera del norte de Cartagena conocen perfectamente la mitomanía del alcalde Dau. Su manido discurso de los «malandrines» ya no se lo cree nadie. La misma comunidad le quitó el megáfono cuando comenzó con ese discurso. Y le dijo:
«Nosotros sabemos quiénes son los malandrines. Lo que queremos en Bayunca y Pontezuela es solución. Usted tiene la solución.»
Habitantes de Bayunca.
¿Quién le cree al alcalde de Cartagena? Un año y medio con sus mentiras repetitivas ha hecho caer en la cuenta a la mayoría de la ciudad de que está siendo gobernada, evidentemente, por un mitómano. Así lo constatan algunos profesionales de la psiquiatría consultado por este periodista. Miente una y mil veces. Miente por defecto. Pero miente, incluso, cuando dice la verdad.
El anhelado alcantarillado
Un poco de historia no queda mal. En 1993, la Corte Constitucional mediante la Sentencia No. T-366/93 consideró que la salubridad pública, además de ser un derecho colectivo, es un derecho fundamental. Esa fue la sentencia que resultó de una acción de tutela entablada por el abogado Miguel Yacamán Yidis contra el Distrito de Cartagena. En aquella época el alcantarillado de Bocagrande estaba rezagado por la cantidad de edificaciones existentes. Las aguas servidas se regresaban e inundaban las residencias y sus calles. Además, no se podía construir una edificación nueva o reformar la existente, porque no había alcantarillado.
A raíz de esa situación, la Corte construyó una tesis en el sentido de que todo problema de salubridad deriva en una violación del derecho fundamental a la salud. Pero también, de contera, a la vida, en el sentido de vida digna.
Si hay una vulneración grave e inminente de la salubridad pública, puede suponerse que la parte que tenga un interés legítimo en restablecer un derecho que, si bien es cierto es colectivo, también la afecta como singularidad, única e irrepetible. Tal como lo ha manifestado esta Corporación para el caso de la protección de derechos colectivos como el medio ambiente o el espacio público, los mecanismos de amparo de esos derechos establecidos en la Carta Política, no son óbice para que, en el caso de encontrarse la vulneración de un derecho constitucional fundamental de una persona en particular, pueda acudirse a los instrumentos jurídicos correspondientes, como es el caso de la acción de tutela.
T-366-93 Corte Constitucional.
Lo anterior quiere decir que si hay una afectación a un derecho fundamental, el juez no debe dudar en protegerlo cuando el Estado, en su descuido y negligencia, no asume el compromiso sagrado de garantizar las condiciones para una vida digna y que no esté en peligro de contraer enfermedades que deterioran sus condiciones materiales.
Una acción popular sin desacato
El 19 de septiembre de 2011 un juez de la república le amparó el derecho colectivo a la salubridad pública de la comunidad de Bayunca y Pontezuela y ordenó a la alcaldesa Judith Pinedo (la Mariamulata) instalar el alcantarillado. Terminó Mariamulata su período y no pasó nada. El Distrito, en cabeza de Campo Elías Terán Dix, apeló dicha decisión. Pero en 2012 el juez superior falló a favor de la comunidad la acción popular. Desde entonces, el pueblo bayunquero viene luchando por sus derechos para que se materialice la orden judicial. Se cayó y murió Terán Dix y Bayunca siguió igual.
Luego llegó el alcalde Dionisio Vélez (2013-2015) y su secretario General Carlos Coronado Yance (suspendidos por la Procuraduría) prorrogaron el contrato con Aguas de Cartagena. Estela Marrugo y los accionantes privilegiaron las relaciones con los mandatarios y descuidaron la acción popular. Debieron impetrar el incidente de desacato para obligar al mandatario apropiar los dineros correspondientes. En un año después de confirmarse en segunda instancia la acción popular y si no habían hecho la apropiación presupuestal, el mismo juez lo hubiese declarado en desacato. Pero no lo hicieron.
Pero jamás pensaron en los bayunqueros, como sí pensaron en Bocagrande cuando el abogado Yacaman lideró una tutela. Se le obligó al Distrito invertir en el alcantarillado. De ese hecho surgió el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado por más de 100 millones de dólares de la época, dinero que administró Aguas de Cartagena. Incluso, cuando el actual alcalde William Dau era veedor del emisario submarino, por arte de magia resultó ser accionista de esa entidad en 2004.
¡Atención! Lo curioso es que los veedores de esas obras millonarias que afectaron a las poblaciones negras de Bocacanoa, Arroyo de las Canoas y otras, «resultaron beneficiados». Dau, quien había litigado contra el Banco Mundial a nombre de las comunidades negras, inventó la película de amenazas de muerte y se marchó a Nueva York recibiendo un puestazo en BlackStone. Allí se pensionó y saltó a Cartagena como «su salvador». Una carretilla que nunca le creímos, debido a las evidencias que teníamos de su dudoso comportamiento como veedor.
Manolo y el anhelado alcantarillado
En 2017 Manuel Vicente Manolo Duque, cuando fue alcalde, convocó al concejo de Cartagena en el mismo Bayunca y presentó el proyecto radicado ante el Ministerio de Vivienda.
Ya la ministra me dio el visto bueno y aquí está el proyecto viable para obtener los recursos para esta importante obra.
Manuel Vicente Duque, alcalde de Cartagena, 2017.
En esos momentos cuando Manolo Duque le dijo esas palabras a los bayunqueros, creció la esperanza de su tan anhelado alcantarillado. Pero vino la caída de Manolo por las sucesivas suspensiones y de su posterior renuncia. Así se diluyó esa esperanza.
En junio de 2018, cuando fue suspendido Manolo, la alcaldesa encargada Yolanda Wong Baldiris radicó el proyecto ante el Ministerio de Vivienda y se comprometió conseguir la contrapartida del 30% del valor total del proyecto. Esto significaba aproximadamente $21 mil millones. Cómo se dijo, la obra total tenía un costo de $70 mil millones en esa época. Como se recordará, 2018 fue un año muy inestable en la administración distrital. Ningún gobernante fue capaz de apropiar los recursos. Y tampoco los accionantes solicitaron el desacato al juez, cuya orden los mandatarios se la pasaron por la faja.
De hecho, en 2019, el alcalde encargado Pedrito Pereira le informó en la comisión de empalme la existencia de ese proyecto debidamente inscrito en el Ministerio de Vivienda y Agua Potable. Pero si este gobierno no ha sido capaz de ejecutar los proyectos que Pedrito Pereira le dejó con financiación, mucho menos lo va a hacer si tiene que gestionar recursos. Ejemplos sobran: Transcaribe, Corvivienda, Edurbe, IPCC, IDER, Valorización, y pare de contar. Este gobierno ha sido una mosca, vomita lo que se va a comer. En el programa Casa Digna están a punto de perder un dinero del gobierno, porque han sido incapaces de ejecutar los proyectos en Corvivienda.
Una década perdida
La comunidad del corregimiento de Bayunca (Cartagena de Indias) completó una década con una acción popular dictaminada por un juez administrativo que ordenó la instalación de su alcantarillado. La acción popular fue presentada, en nombre de la comunidad, por la Junta de Acción Comunal en cabeza de su presidenta de la época, Estela Marrugo.
Desde que el juez le dio la orden a la Mariamulata en septiembre de 2011, han pasado 9 años y 10 meses. Y solo se cuenta con el proyecto inscrito durante la administración de Manolo Duque. Lo hizo, la alcaldesa encargada Yolanda Wong. Es lo único. A destacar de esa década perdida.
Todo ello corrobora que, por un lado, existen gobernantes inútiles. Por el otro, una dirigencia cívica permisiva, que permite la falta de respeto de sus gobernantes. No saben que el poder les pertenece. Es hora de que la ciudadanía reclama lo que es suyo, el poder de elegir y revocar a sus gobernantes ineptos y corruptos.
