Chocó soporta una de las peores crisis humanitaria que le hace plantear a todos los estamentos sociales y a los nuevos empoderamientos políticos un Pacto por un Nuevo Chocó para buscar un Rumbo Cierto. Son tres crisis que padece este olvidado departamento del pacifico colombiano. Crisis Alimentaria y Ambiental. Crisis Política y de Moralidad Pública. Crisis de Seguridad y de Institucionalidad. Los recursos destinados para resolver la crisis humanitaria nunca llegan a la gente. Ese dinero se queda en la burocracia nacional con la complicidad de agentes estatales locales.
Esas tres crisis son productos de tres sistemas.
Un sistema de desarrollo económico extractivista aislado del desarrollo nacional. Un Sistema político corrupto centralista y excluyente. Un sistema social discriminatorio. Estos tres sistemas se entrecruzan y producen una humanidad chocoana sometida por tres problemas: empobrecimiento, alienación y una desesperanza aprendida. Parecería que no hubiese solución a corto, mediano y largo plazo.
Gran Veeduría Internacional para el Chocó
El presidente de la Gran Veeduría Internacional para la Nación Colombia, Armando Palacios Perea, le dijo a VoxPopuli Digital que desde los estamentos sociales se está proponiendo un Pacto de Transparencia desde el 2015. Participan en este proyecto la Contraloría General de la República (CGR), Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de República. 002 del 6 de enero de 2021. Alertas tempranos 2018, 2019 y 2020, Carlos Negrete, Defensor del Pueblo.
La iniciativa se llama Justo Rumbo Cierto que tiene un pacto colectivo de transparencia para el restablecimiento de la autonomía administrativa del Chocó. Esto conlleva también al restablecimiento del orden público. Se propone 20 ejes temáticos, entre ellos, solicitud para la construcción del Canal Atrato—Truandó.
Ese proyecto de los 20 ejes temáticos implicaría resolver un problema grave: el fracaso de los organismos de control para frenar la galopante corrupción de los organismos locales, departamentales y nacionales. En estos momentos, dice Palacios Perea, existen diferentes instituciones nacionales que no tienen su sede en Chocó. Esto es inaceptable.
Plan de Seguridad Emergente
La Gran Veeduría solicitó a los organismos internacionales de derechos humanos una intervención urgente frente a esta crisis humanitaria agravada por el problema del conflicto armado. Hay desplazamiento masivo. Más de 360 muertos durante este año. Secuestros. Casa de pique. Narcotráfico.
Las medidas extraordinarias para atender la seguridad del Chocó son recurrentes en el gobierno central. Pero adolecen de un problema, no son concertadas con la población. Y, por tanto, las fuerzas militares se convierten en un actor más de la guerra. Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos activó en Quibdó, 2016 la Unidad Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que con más de 2.500 hombres de la Séptima División del Ejército, la Fuerza Naval del Pacífico y del Comando Aéreo de Combate N. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), se fijó como meta “la neutralización de los grupos terroristas y bandas criminales que delinquen en Chocó y Parte de Antioquia». Igualmente, efectuó operaciones contra el narcotráfico, el secuestro, la minería ilegal y la extorsión. Pero fracasó ese plan militar. La situación de seguridad se profundizó en el gobierno de Iván Duque.
Por esa razón, Palacios Perea señala que para el problema de crisis de seguridad que se vive actualmente, se propone un plan de choque con enfoque social y de justicia. Se trata de disponer de cuatro batallones dispuestos estratégicamente en todo el territorio. Disponer de 500 policías, cuatro fiscales y cuatro jueces especializados para contrarrestar la operatividad de 16 bandas criminales en todo el territorio del Chocó.
Quibdó en poder de la mafia
En Quibdó operan seis bandas criminales: 3 del ELN, Los Mexicanos, y dos del Clan del Golfo. Por otra parte, debe implementarse una intervención social y una descentralización política y administrativa. Pero debe procesarse a los políticos y funcionarios corruptos que se han apropiado de los recursos de la gente en complicidad con los grupos armados ilegales.
Ese plan debe tener en cuenta especialmente los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte (Antioquia) y en Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Certegui, Condoto, El Cantón de San Pablo, Istimina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan. Quibdó, Río Iro, Río Quito, Tadó, Unión Panamericana, San José del Palmar, Sipí, Novita y la parte oriental de Litoral del San Juan (Chocó).
El problema de fondo
Recientemente el gobierno nacional hizo un acuerdo inicial con líderes del Paro Minero del Chocó que estaban protestando por la forma cómo el gobierno nacional está asumiendo el problema de la minería ilegal. El viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena y los dirigentes del Paro minero acordaron suspender el movimiento e inaugurar unas mesas de concertación sobre los 12 puntos que contempla el pliego de peticiones.
Para la Gran Veeduría Internacional el problema de fondo del Chocó no es sectorial. No es un problema de los mineros, las mujeres, los afros, los indígenas, los campesinos, pescadores, porque es una violación de los derechos fundamentales y políticos de los ciudadanos. No existe seguridad alimentaria. Tampoco seguridad personal. Hay una degradación del medio ambiente. En el Chocó no se cumplen los fines del Estado, la soberanía ciudadana, la autodeterminación de los pueblos indígenas y ancestrales. Esas poblaciones viven en el más completo abandono.
Ese es el problema de fondo del Chocó. No se resuelve con más transferencia y con más batallones. Tampoco con acuerdos parciales. Es un problema de soberanía, es decir, de autonomía. La corrupción nacional y regional se une para usurpar a los chocoanos de su territorio. Los políticos chocoanos son corruptos, porque desde el gobierno central se incentiva esa práctica. Las transferencias se han incrementado, pero la pobreza ha crecido. ¿Dónde se queda ese dinero?
Otra mirada
Tal situación que vive Chocó —que podría dar lugar a una declaración de emancipación— también ha sido estudiada por el Banco de la República (Jairo Bonet, 2007). Señala que son cinco (5) las causas del atraso del Chocó:
- El legado colonial que se refleja en unas instituciones débiles;
- Las condiciones geográficas y climáticas que afectan la productividad de los factores, aumentan sus costos de transporte y aíslan el departamento del resto de país;
- La baja dotación del recurso humano chocoano;
- La estructura económica especializada en un sector, la minería del oro, que tiene muy poca participación en la generación del valor agregado colombiano; y
- La desintegración del departamento de la actividad económica nacional. (DTSER-90.pdf).
Lo cierto es que más que un fenómeno de causalidad es un problema esencialmente de discriminación, segregación y violación múltiple de los derechos fundamentales de una población que históricamente ha sido marginada. Es una población víctima del modelo de desarrollo de un Estado centralista y segregacionista. Adobada de un discurso falaz de ayuda al Chocó. Chocó no necesita ayuda, necesita soberanía, ser dueña de sus recursos naturales, de su gobierno y destino. Los gobernantes corruptos deben ser procesados penal y diciplinariamente. No existe justicia.
La población indígena
En el Chocó están los Pueblos Indígenas Embara Dóbida, Chamí, Katío, Wounnan, Zenu y Tule. Son víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario por el accionar de los actores armados. Es necesario lanzar un SOS por Chocó.
La lideresa indígena del Chocó, Lucy Chamarro, desde la perspectiva de las mujeres indígena dijo:
“Nos motivan todos los procesos que tienen que ver con nuestras mujeres, su forma de vivir, su vulneración, lo que pasa dentro del territorio y la desatención de un Estado que no tiene en cuenta las políticas públicas diferenciales. Son retos que nos van motivando a tener un compromiso con nuestras mujeres”.
Sin duda, la crisis humanitaria del Chocó no se resuelve con pañitos de agua tibia. Necesita soluciones de fondo. Deben ser salidas estructurales. Pero sobre todo, es la misma población que debe asumir el control de su propio destino. Liberarse de la tutela del gobierno central es el principal camino hacia la búsqueda de una salida, un justo Rumbo Cierto con la participación de todos los actores ciudadanos y sociales El SOS por Chocó parte del despertar de la misma gente para buscar su propio destino de desarrollo y prosperidad.
