El gerente encargado de la ESE Alejandro Próspero Reverend, Jairo Romo, hizo este jueves fuertes pronunciamientos y entregó un diagnóstico sobre la situación actual de esa entidad y la presunta organización criminal que se habría tejido para acabar con la salud en el distrito de Santa Marta.
Lo anterior fue manifestado por el funcionario durante una rueda de prensa que se realizó en el auditorio del Plan Ampliado de Inmunización -PAI-, en donde también estuvo el secretario de Salud, Julio Salas Burgos.
“La crisis de la ESE viene siendo más fuerte en los últimos dos años, esto coincide con el ingreso de Omar Suárez a la gerencia de la entidad. Por ejemplo, los gastos de la empresa se dispararon en más del 30 %, es decir, gasta más de lo que vende. Hemos notado como la entidad si tiene recursos para operar de manera eficiente, el problema es que dichos recursos han venido siendo desviados, múltiples irregularidades en el manejo financiero de la E.S.E. Las ambulancias nuevas se están acabando por falta de mantenimiento, los insumos nunca llegan, entre otros”, dijo Romo.
Asimismo, el gerente (e) de la ESE continuó diciendo: “Al comprobarse lo que se está investigando, el actuar de algunos funcionarios dentro de la ESE no tiene nada que envidiarle a una organización criminal, podríamos decir que esta organización buscan desangrar y acabar con la entidad”.
LAS DENUNCIAS:
De acuerdo con Romo, son varias las denuncias hechas por los sindicatos, que ya están siendo investigadas por los órganos de control como: personal fantasma que tenía la bolsa de empleo en la clínica La Castellana, utilización indebida de recursos, la no asistencia a su sitio de trabajo, entre otros.
“Uno de los temas que está en investigación es el del personal fantasma que tenía la bolsa de empleo en la clínica La Castellana, en donde se ha mantenido cerrado el quirófano por más de un año. Sin embargo, las bolsas de empleo estaban suministrando: anestesiólogo, instrumentadora, cirujano, rotador como si esos quirófanos hubieran estado funcionando, esos profesionales sumaba la suma de 100 millones”, dijo el gerente encargado.
El funcionario también reveló: “Otra situación fue a utilización indebida de $3500 millones del Fondo de Cesantías retroactivas, si bien es cierto que los excedente de aportes patronales, la ley autoriza pueden ser utilizados para satisfacer servicios no cubiertos, esos tiene una reglamentaciones y el primer uso que se le debe dar es para garantizar las prestaciones de quienes tienen derecho. Por eso están en ese fondo, pero fueron utilizados para pagar servicios personales directos y fueron a parar presuntamente a las arcas de las bolsas de empleo, hoy ese fondo está desfinanciado”.
