El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, recientemente explicó cómo fueron escogidas las zonas del país para desarrollar diálogos y acercamientos con los grupos armados ilegales y bandas criminales, para llegar a un acuerdo y construir la Paz Total a través de la Ley 2272 de 2022. Estos territorios incluyen los departamentos donde se desarrolla el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.
“Las ocho regiones tienen los siguientes criterios: 1) qué organizaciones de base están construyendo iniciativas de paz; 2) si la zona es de control hegemónico de tendencia de control de un grupo armado; 3) si son zonas en disputa; 4) condiciones de miseria y exclusión; y 5) economías ilícitas. Con base en esos criterios se han conformado esas ocho regiones”, señaló Rueda.
Así están conformadas las regiones de paz:
Zona 1: Putumayo, Nariño, Cauca, Huila y Valle del Cauca.
Zona 2: Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Risaralda, Quindío y Caldas.
Zona 3: Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira.
Zona 4: La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá.
Zona 5: Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Casanare y Vichada.
Zona 6: Vichada, Meta, Guainía, Vaupés y Guaviare.
Zona 7: Meta, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Caquetá.
Zona 8: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Huila y Nariño.
Cada región contará con equipos interdisciplinarios de misión paz y con su comisionado correspondiente, los cuales aún no se han instalado.
En la ley se estableció que los comisionados de paz regionales no tendrían competencia para adelantar diálogos, realizar procesos de paz o firmar acuerdos con grupos armados al margen de la ley. Tampoco para realizar acercamientos, conversaciones o firmar términos de sometimiento a la justicia. Su función estará ligada a promover la participación de la población civil, organizaciones de víctimas, empresarios, comerciantes y asociaciones, a través de Consejos de Paz y Comités de Justicia Transicional
Según la Ley de Paz Total, estas ocho regiones no serán de ubicación temporal ni de despeje de la fuerza pública, tendrán acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, entidad que también acompañará los procesos de atención y seguimiento a las víctimas del conflicto.
Con estas regiones se espera superar las dificultades en el cumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población y terminar “la violencia armada de origen sociopolítico”.
