La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), declaró al coronel (r) del Ejército Nacional, Hernán Mejía Gutiérrez, como el principal responsable en el macro-caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Los hechos se presentaron cuando Hernán Mejía se desempeñaba como comandante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ de Valledupar, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004.
Por tal motivo, será el primer militar en enfrentar un juicio en la JEP, el cual iniciará el 16 de septiembre de 2024 en Valledupar. La magistrada Reinere Jaramillo Chaverra aseguró que la razón de realizar el juicio en esa zona del país, se debe a “que fue en esa territorialidad donde las comunidades indígenas, afros y la población civil vivió las afectaciones, las victimizaciones”.
Antes de llevar a cabo este juicio, la JEP tendrá que reunir más testimonios y pruebas, las cuales fueron solicitadas por la defensa del coronel retirado, así como de la Procuraduría y los representantes de las víctimas. Entre ellas, detalles al Ministerio de Defensa sobre el Plan Patriota y Plan Colombia.
Asimismo, pidieron documentos que soporten las alertas, informes y advertencias de presuntas violaciones a los derechos humanos entre 2002 y 2004. Sobre este caso se han revisado más 1.153 documentos y 82 testimonios solicitados por la UIA, así como 29 testimonios solicitados por la defensa y 19 documentos por el acusado que entraron a analizarse para resolver cuáles eran las pruebas que se iban a admitir e inadmitir. A la lista se suman: 4 testimonios, 1 informe y 2 dictámenes de las víctimas, así como 5 documentos solicitados por el Ministerio Público, incluidos los planes Colombia y Plan Patriota.
En la diligencia organizada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, realizada el martes 16 de julio, Mejía Gutiérrez “no acepto los cargos” formulados en su contra. En caso de ser declarado culpable, el coronel retirado podría pagar 20 años de cárcel, y se convertiría en el primer militar juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango fueron aceptados como testigos, por solicitud del coronel Mejía Gutiérrez, al juicio público. De acuerdo con la defensa de Mejía Gutiérrez, con los testigos se busca corroborar que el coronel (r) estaba cumpliendo órdenes y que sus operaciones militares fueron legítimas.
Solicitud de la Procuraduría a la JEP
La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que le solicitó a la JEP que requiera a los excomandantes del Gaula Militar Casanare, Coronel (r) Wilson Camargo Tamayo y Mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, ampliar su reconocimiento de verdad sobre la ocurrencia de los mal llamados ‘falsos positivos’ en el macro-caso 03, subcaso Casanare.
La petición se hace tras detectar, en las declaraciones de otros militares pertenecientes a dicha unidad, la posible comisión de hechos victimizantes adicionales, que no fueron referidos por los citados comandantes en sus versiones voluntarias. El ministerio público insistió, además, en la necesidad de que la JEP califique jurídicamente tortura y otros tratos inhumanos como crímenes de lesa humanidad.
“Se tienen suficientes evidencias demostrativas, como testimonios sin controvertir y las mismas evidencias científicas, sin refutación alguna, que demuestran la violencia física y psicológica que padecieron las víctimas, las cuales no pueden ser excluidas del análisis demostrativo en estos casos donde estamos frente a conductas de gravedad internacional”, afirmó la Procuraduría en su requerimiento.
La entidad precisó que para sustentar la solicitud se hizo referencia a varios casos, como el de la comunidad de Aguazul, Casanare, víctima de estigmatización y represalias contra quienes fueron testigos de persecuciones o desapariciones de sus vecinos. Según la Procuraduría, a estas personas les hicieron perfiles de inteligencia falsos para sustentar supuestas operaciones que terminaron con sus asesinatos, no sin antes ser torturados.
También se citó el caso de una menor de edad embarazada, que, según testimonios de los comparecientes militares, habría sido presionada, drogada y golpeada, para sacarle información sobre miembros de la comunidad a los que asesinaron y presentaron luego como bajas en combate.
