El futuro exige promover múltiples proyectos de energía solar y eólica, para lo cual habrá que implementar microcréditos que ayuden a los más pobres para tener el equipamiento necesario. También biogás para las familias sobre la base de biodigestores (recipiente o tanque cerrado herméticamente que se carga mediante la descomposición de materia orgánica) que no son tan costosos y ya existe la tecnología que permitirá avanzar en ese sentido.
La alternativa de traer gas de Venezuela, propuesta por el presidente Gustavo Petro, es atractiva en el costo y depende de las relaciones internacionales.
En Venezuela se “bota” el gas derivado del proceso de refinamiento del petróleo. Lo que va al aire es tres veces lo que se consume en Colombia. Por eso se ha propuesto interconectar nuestro país y utilizar ese gas de Venezuela como soporte, para lo cual habría que despolitizar la discusión y construir oleoductos y gasoductos. Es una manera de bajar la incertidumbre y tener mayor seguridad energética.
Pero hay un divorcio evidente. Una parte del país quiere fortalecer distintas tendencias de desarrollo económico como condición indispensable para bajar la pobreza. Sin una economía sana no habrá, jamás, esa posibilidad. El gas natural nos permitiría llegar a matrices energéticas más limpias, al promover más inversiones, con mejores tecnologías en las plantas generadoras.
No obstante, hay asimetrías en los distintos poderes económicos, políticos y sociales, de allí que sus conexiones y desencuentros no deban manejarse a través de la volatilidad de las redes sociales. Las relaciones internacionales obligan a buscar escenarios más sosegados.
Lo mismo ocurre con las discusiones entre el poder Ejecutivo y las Altas Cortes ya que mientras el sistema judicial se pronuncia mediante sentencias, el presidente lo hace a través de las redes sociales desde donde invita a la protesta social.
Pese a esta dicotomía, Colombia es vital. Hay un Gobierno, un Congreso, una ciudadanía y Altas Cortes que están actuando, avanzan y asumen el desafío de fortalecer el desarrollo institucional del país.
En 1991, la Constituyente luchó para equilibrar los poderes políticos. El presidencialismo disminuyó su injerencia al no manejar indefinidamente el Estado de Sitio y los jueces se convirtieron en una balanza rigurosa ante el hiperpresidencialismo.
La pluralidad de poderes públicos y los organismos de control instituidos en la Constitución Nacional determinaron una administración de justicia más autónoma para evitar que sus decisiones puedan estar amenazadas por el autogobierno de las Altas Cortes, los tribunales y la justicia en general.
El equilibro de poderes es un tema antiguo, los filósofos lo han discutido y analizado a lo largo de la historia. Hay que buscar que en el ejercicio del poder, la ecuación del equilibrio de poderes y el respeto a los derechos y libertades puedan ser juzgados, por los jueces, apegados a la norma.
La vida del país fluye a pesar de todas las controversias con un ánimo deliberativo que evita cualquier parálisis. El Consejo de Estado, por ejemplo, constituido por 31 magistrados de diferentes tendencias, es imposible ponerlos de acuerdo para detener la locomotora de este país. Es imposible. El raciocinio es obligatorio para estas personas y por eso es que hay un Gobierno legítimamente elegido que tiene su propio cauce.
