Colombia es un país que estuvo cinco décadas sumergido en el conflicto armado, lo que dejó un doloroso saldo de millones de víctimas en todo su contexto y escenarios. Esa cifra exacta nunca la sabremos, pues sólo se tiene el dato estadístico de aquellos que valientemente pudieron haber denunciado las pérdidas que sufrieron. Esos choques entre fusiles pusieron a correr ríos de sangre, dejando familias incompletas y un océano de lágrimas. Paralelamente a esta situación hemos escuchado durante años en muchos debates los discursos que buscaban generar una esperanza en el pueblo colombiano sobre la tan anhelada Paz.
Pero hoy nos preguntamos, ¿el desmonte total del conflicto logrará la Paz?, cuando tenemos en nuestro ordenamiento jurídico sistemas e instituciones que son tan peligrosas para la vida y la integridad física de los ciudadanos como los mismos fusiles que por 50 años se han enfrentado en Colombia.
Me refiero a las Entidades Promotoras de Salud, las cuales con solo 21 años de existencia han dejado más víctimas que el conflicto armado en nuestro país. Hemos visto morir personas haciendo largas filas esperando la autorización de un tratamiento, examen o entrega de medicamentos. Hemos visto como la integridad física y la salud de una persona se deteriora y en muchos casos con daños irreversibles por la indolencia de estas instituciones, muchas de ellas dominadas hoy por sectores políticos poderosos, que en la práctica su actuación obedece a unas máquinas hechas para los intereses económicos de sus dueños, haciendo un excesivo control del gasto en la atención en salud y dando como resultado el sacrificio de muchas vidas y un bondadoso balance de utilidades para sus accionistas.
El “incursionar” de las EPS ha causado un daño similar o superior al de los fusiles del absurdo conflicto armado del país, pues ha dejado viudas, hijos sin padres, familias sin hermanos, niños en el cementerio, y lo más triste de todo es que son entidades legítima y legalmente constituidas por nuestro ordenamiento jurídico, algo así como si la ley hubiese creado una institución que el hombre tomó para enriquecerse a costa de la vida y salud de la gente.
Las EPS cargan en gran parte la responsabilidad de la iliquidez y quiebra de muchos hospitales y clínicas en Colombia, repercutiendo esto en el servicio final que debe prestar a los ciudadanos. Lo que hay que anotar también, es que estas entidades no cumplen con su obligación de prevenir, lo cual genera mayores gastos en el sistema y complicaciones en la salud de los pacientes.
Si las EPS y su intermediación financiera han dejado más muertos que los fusiles en Colombia, creemos que para lograr la anhelada Paz deben desaparecer. Son entidades peligrosas para el sistema de salud, que gozan de buena cobertura, pero a cambio de una mala atención.
